“Hoy la opinión pública no está pidiendo más transparencia, no pide más impuestos. Entonces, más allá de las ONG que trabajamos en estos temas, el discurso en general es ‘qué vivo el que puede ir a un paraíso fiscal’”. La reflexión de Andrés Knobel, abogado (UBA) y consultor de la organización Tax Justice Network (Red de Justicia Fiscal) que brega por un sistema fiscal justo, resume el clima social tras una de las filtraciones más grandes de movimientos de cuentas offshore que dejó expuestos, entre otros, a 35 jefes y ex jefes de Estado y a más de 300 funcionarios públicos: indiferencia absoluta.

Pandora Papers, el nombre que recibió la última investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), analizó casi 12 millones de documentos filtrados. Y exhibió a los dueños reales de más de 29.000 sociedades offshore. En otras palabras, desnudó a aquellos que –gracias a capas de fideicomisos, testaferros y sociedades, al secreto bancario, y a los servicios de abogados y brokers– esconden sus activos del alcance del fisco y también de la ley.

Entre ellos aparecieron tres presidentes en ejercicio (Guillermo Lasso, de Ecuador; Sebastián Piñera, de Chile; y Luis Abinader, de República Dominicana), y un extenso listado de argentinos que ubicaron a nuestro país en el tercer lugar con mayor cantidad de titulares de cuentas en paraísos fiscales entre las 91 naciones involucradas. Los nombres que trascendieron, entre otros, fueron el del hermano menor del exmandatario Mauricio Macri, Mariano Macri, y el de su consejero político, Jaime Durán Barba. También aparecieron operaciones de Zulemita Menem, del exsecretario presidencial de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, de Humberto Grondona, Javier Mascherano, Ángel Di María y del financista Ernesto Clarens.

Sin embargo, la opacidad del sistema, su complejidad y la lejanía que estas operaciones tienen de la cotidianeidad de las personas comunes hacen que la mayoría no comprenda qué implicancias tienen para su vida. Porque, por otro lado, tener cuentas offshore no constituye delito por una suerte de tautología jurídica: es legal porque no es ilegal.

“Como la ley no contempla todos los casos, muchas veces algo es legal porque la ley no lo prohíbe, o porque ni se dio cuenta de que eso ocurre. Otras veces hubo algún lobby para generar una laguna legal o una excepción. Eso lo hace legal, pero no lo hace legítimo –detalla Knobel–. Hoy tener una cuenta o una empresa en un paraíso fiscal no es ilegal, lo ilegal es no declararlas. El problema es que si están constituidas en un paraíso fiscal como Estados Unidos, que ni siquiera tiene un registro de accionistas público, si lo declaran o no es una cuestión de voluntad, porque Argentina no tiene forma de enterarse que existen. Además de la elusión fiscal están los flujos financieros ilícitos: dinero de origen ilegal, que viene del narcotráfico, la trata, el terrorismo. Y por el secreto bancario no hay forma de rastrearlo”.

El drama capitalista

Gracias a un andamiaje de subsidiarias, triangulaciones y artilugios legales, los paraísos fiscales permiten eludir o evadir impuestos y también esconder dinero de actividades ilegales cuyo origen nadie pregunta.

En palabras de la economista ecuatoriana Katiuska King, en un reciente artículo publicado en Realidad Económica, “las empresas transnacionales, para aumentar sus ganancias, aprovechan los beneficios que cada país les ofrece en términos tributarios y los combinan con instrumentos legales, como vehículos con propósito especial, y jurisdicciones, como los denominados paraísos fiscales que proveen opacidad a sus transacciones”.

Según un cálculo realizado por Oxfam, organización internacional que lucha contras las desigualdades sociales y económicas, la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales supone que los países pobres dejen de percibir al menos 100.000 millones de dólares al año en impuestos que financiarían los sistemas de salud, educación, previsión social y un largo etcétera. De acuerdo con la misma ONG, en América Latina, el dinero que se va a los paraísos fiscales se multiplicó por siete desde 2001. El diario El País, por su parte, asegura que en Latinoamérica “cada año se le escapan al fisco unos 40.000 millones de dólares desviados a paraísos fiscales”. 

“El gran drama de la etapa actual del capitalismo global es que el poder económico le imprime a las empresas productivas una lógica financiera. Es decir que esas empresas de la economía real se meten en sectores que les permiten ganar mucha plata a muy corto plazo, y en el caso argentino lo fuerte son los recursos naturales: minería, hidrocarburos, el sector agropecuario –explica Martín Schorr, sociólogo es investigador del CONICET–. Son sectores oligopólicos o monopólicos y ligados a capitales transnacionales muy penetrados también por capitales financieros, que no reinvierten el excedente porque no tienen presiones competitivas que los obliguen a hacerlo. Ese dinero va fluyendo de acá para allá en el marco de estas estrategias de offshorización, y el incentivo que tienen para esa ganancia es mandarla afuera. Así tenemos los problemas de restricción externa, crisis de balanza de pagos, etcétera. Es el capital productivo jugando esta lógica financiera aplicada al activo productivo”.

En este escenario, que sean 2.521 los argentinos que aparecen como beneficiarios finales de las compañías listadas en los Pandora Papers no sorprende a nadie.

“Más allá de nuestra patética participación en el podio, los paraísos fiscales no son un atractivo sólo para los argentinos, lo hacen todos. Pero hay un elemento en nuestro país que es particular: ante la ley argentina toda empresa nacional que tenga su estructura de control en un paraíso fiscal es considerada extranjera. Por ejemplo, Tecpetrol, del Grupo Techint, tiene su estructura de control en Luxemburgo y le valen las generales que le valen al capital extranjero. Esto hace que las empresas no solamente eludan pago de impuestos y fuguen capitales, sino que se puedan amparar en tratados bilaterales de inversión (TBI) para terminar haciéndole juicios al propio Estado argentino por alguna alteración de sus condiciones económicas”, advierte Schorr.

En otras palabras, si el Estado nacional emprende alguna política económica que, al juicio de una empresa con sede en un paraíso fiscal, violente su seguridad jurídica, ésta puede iniciar acciones contra el Estado en el CIADI, tribunal internacional que depende del Banco Mundial (y no suele fallar en favor de los Estados).

Desde comienzos de los 90, Argentina tiene la mayor cantidad de tratados bilaterales firmados a nivel internacional (60), que se renuevan automáticamente cada diez o quince años si el país no los da de baja. En los últimos años varios países de la región –como Bolivia, Ecuador, o Venezuela–, fueron saliendo de los TBI. Australia y Nueva Zelandia también lo están haciendo. Pero Argentina no. Para aprovechar la capacidad de presión al Estado que eso implica, todas las empresas grandes de capital nacional tienen sus casas matrices radicadas en paraísos fiscales.

¿Qué hacer?

Bermudas, Islas Caimán, Países Bajos, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curazao, Hong Kong, Chipre, Las Bahamas, Jersey, Barbados, Mauricio e Islas Vírgenes Británicas y hasta el propio Estados Unidos –que según Tax Justice Netword es el segundo país del mundo con más opacidad fiscal– son considerados paraísos fiscales.

En 2016, más de 300 economistas de 30 países distintos elevaron una carta a los líderes mundiales advirtiéndoles que los paraísos fiscales “carecen de un propósito económico útil” y pidiéndoles que ayuden a terminar con la opacidad financiera que estos favorecen. Pero el fenómeno siguió viento en popa.

Y es que bajo la creencia de que otorgar flexibilidad impositiva y discreción bancaria alienta las inversiones, los gobiernos del mundo han ido reduciendo la tributación a las empresas, y “equilibran sus cuentas reduciendo el gasto público o subiendo impuestos como el IVA, que afectan de forma desproporcionada a las personas pobres”, desarrollan desde Oxfam.

“Lo que permitieron los Panamá Papers, Paradise Papers y ahora los Pandora Papers es preguntarse: ¿por qué se van afuera a constituir empresas o fideicomisos? Se volvió tan común el uso de paraísos fiscales que no sólo es legal sino que dicen abiertamente ‘no soy el único que lo hace’ –analiza Knobel–. Gracias a estas operaciones, el rico logra pagar menos impuestos pero eso significa que alguien va a tener que pagarlos. Si las multinacionales lograron eludirla, la presión fiscal va a caer sobre vos, trabajador, que con suerte sos asalariado y estás en blanco. Va a caer sobre vos, el que no se avivó o no puede hacerlo porque gana menos de lo que cuesta generar una offshore. Pero cuesta mucho que la sociedad entienda esto, la tome como prioridad, y sienta que puede cambiar”, opina Knobel.

Entonces, ¿existe algo qué puedan hacer los Estados ante el poderío y la capacidad de lobby del capital trasnacional?

“Por un lado hay indicadores sobre impuestos y opacidad que establecen si un país es o no un paraíso fiscal. Pero por otro lado están las normas antiabuso que un Estado establece para protegerse. Si un país no hace nada para protegerse, también tiene un poco de responsabilidad –asegura el especialista–. Dinamarca, Reino Unido o Ecuador, por ejemplo, tienen mucha transparencia. Los países pueden hacer algo. Por ejemplo, exigirles a los ciudadanos que declaren cualquier activo o participación que tengan en el extranjero. Si están en un paraíso fiscal, se les puede prohibir tener esos activos, o se les puede desconocer cualquier transacción que hagan a esa empresa. Ni hablar de prohibir a una empresa que gane cualquier contratación pública estar en un paraíso fiscal o tener en un paraíso fiscal su estructura de control”.

Los motivos para no generar medidas que eviten los abusos y evasiones del capital, a nivel Estado, tienen mucho que ver con la fórmula mágica generadora de empleo: “atraer inversiones”. Muy asociada al neoliberalismo pero ante la que se han inclinado gobiernos de todo el arco político.

Sin embargo, para Schorr, esto ha traído más perjuicios que ganancias. “Como están las cosas, Argentina está muy condicionada incluso para pensar regulaciones atractivas para el desarrollo económico nacional. Cualquier medida de política económica que vaya en contra de los intereses del capital trasnacionalizado, porque es nacional y extranjero al mismo tiempo, puede terminar en un juicio en el CIADI que generalmente no se paga, pero sí se negocia. Y cuando el Estado negocia allí termina en una definición contraria a los intereses nacionales”.

Más información: “Argentina es un país subdesarrollado por operatorias como Panamá Papers”

Y agrega: “La historia de la Argentina en el marco de los tratados bilaterales no generó más inversiones extranjeras, lo que sí generó fue la necesidad de sentarte a negociar con el capital que mayormente significó recortes de soberanía nacional. Pero para sancionar o dar de baja un TBI, el Poder Ejecutivo tiene que elevar la discusión al Poder Legislativo. Esto marca que para cambiar esto está comprometida el conjunto de la clase política”.

Canal Abierto / 21-10-2021