Estos antecedentes del premier, además de la dudosa integridad moral y escasas calificaciones de otros miembros del gabinete, generaron la indignación y rechazo de todas las fuerzas políticas, incluido el oficialista Perú Libre, partido por el que Castillo se postuló, y Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, quien ha anunciado su alejamiento del gobierno.

Perú Libre dijo no haber participado de los nombramientos de las carteras ministeriales –que consideran deberían ser de ancha base para permitir el consenso y la estabilidad política– y rechazó “todo intento de vacancia del Presidente, tal como proponen de forma sistemática los grupos autoritarios de la ultraderecha dentro y fuera del Congreso”. Por su parte, Verónika Mendoza señaló que “lamentablemente, al final, perdimos la batalla. Se impusieron el chantaje neoliberal, la presión del conservadurismo, el oportunismo, la informalidad y los intereses corporativos (…) Pero nos vamos con la convicción de que la batalla merecía ser librada, incluso con riesgos y costos para nuestra organización, porque no hacemos política para nuestro prestigio particular, sino por el cambio y con la gente”.

La detonación de la crisis se produjo a raíz de la renuncia de la premier Mirtha Vásquez y del ministro del Interior Avelino Guillén, quienes realizaron graves acusaciones sobre el accionar corrupto del círculo de asesores del presidente que actuaban como una suerte de Gabinete en la sombra. Así lo manifestó también el renunciante secretario de la presidencia, Carlos Jaico.

Los gabinetes de Castillo

Pedro Castillo, quien asumió el poder el 28 de julio pasado, se impuso a Keiko Fujimori por un margen de votos de apenas 0,2% en la segunda vuelta electoral. Su legítima victoria fue resultado de una competencia desigual que se enfrentó a las garras del poder mediático y a una oposición inescrupulosa que organizó campañas para instalar la idea de un inexistente fraude, desmentido por el Jurado Nacional Electoral, observadores locales e internacionales.

Su discurso popular de izquierda estuvo cargado de una impronta conservadora en materia de respeto a los derechos sociales de las minorías LGTB. Pero la participación del partido de Verónika Mendoza en el gobierno –que tuvo a su cargo el ministerio de la Mujer e Inclusión Social– permitió imprimir una visión de enfoque de género en la educación y tolerancia a las minorías.

El primer gabinete presidido por Guido Bellido, militante de Perú Libre, no fue una elección adecuada.. Se requería una figura de amplia convocatoria para enfrentar los coletazos de ahogado de Keiko Fujimori que, junto a los partidos de oposición, se resistían a reconocer al gobierno de Castillo.

En ese primer gabinete, que contó con cuatro miembros del partido de Mendoza, hubo ministros cuestionados, incluido el propio premier Bellido, por supuestas vinculaciones con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político del movimiento terrorista Sendero Luminoso.

Ante esas denuncias, y presionado por la oposición, Castillo reemplazó al gabinete Bellido en octubre y conformó el segundo gabinete presidido por Mirtha Vásquez, abogada ambientalista, presidenta del Congreso durante la gestión del ex Presidente Francisco Sagasti, y miembro del Frente Amplio, un mínimo partido de izquierda, quien le imprimió estabilidad al gabinete ya que salieron algunos de los ministros cuestionados. Pero no fue suficiente.

Castillo no gobernó con transparencia, recibió a empresarios en su domicilio particular, fue denunciado por el otorgamiento de licitaciones estatales en favor de allegados y de cobros para los ascensos policiales. La premier Mirtha Vásquez fue perdiendo autoridad frente a un Presidente que solo tomaba en cuenta a su círculo de asesores, algunos de los cuales estarían involucrados en actos de corrupción, según señaló Vásquez al momento de renunciar.

Lo propio ocurría con el ministro del Interior, Avelino Guillén, el prestigioso fiscal supremo que sustentó la acusación contra el ex Presidente Fujimori y una de las figuras más respetadas del gabinete. Guillén condicionó su permanencia en el cargo al retiro de algunos altos mandos policiales sospechados de realizar los cobros por los ascensos. Su renuncia gatilló la de la premier Vásquez y dio lugar a una crisis.

El 1º de febrero Castillo formó un tercer gabinete presidido por Héctor Valer, el congresista electo por el ultraderechista partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga y confeso miembro del Opus Dei –aunque dicha organización lo ha negado–. Durante la campaña electoral, Valer advertía que no había que votar por Castillo porque el comunismo traía pobreza y miseria. Pero al juramentar su cargo como congresista, en julio, discrepó de los intentos golpistas de su partido y de los de oposición a Castillo y dijo que había que respetar los resultados electorales. Así, fue expulsado de Renovación Popular, se incorporó a un partido de centro, Somos Perú, y más tarde formó una agrupación, Perú Democrático, con disidentes del oficialista Perú Libre.

Las acusaciones de violencia familiar documentadas en la policía por golpear a su fallecida esposa y a su hija, así como a empleados de su vivienda, no son exclusivas del premier. El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, tiene denuncias policiales por violencia sicológica contra su ex pareja y por eso considera que los cargos contra el premier son asuntos privados.

Por su parte, Katy Ugarte, a cargo del Ministerio de la Mujer e Inclusión Social, ha tenido expresiones discriminatorias contra la población LGBT y considera que “Dios creó al hombre y a la mujer, y eso está bien claro”, por lo que diez destacados funcionarios de ese Ministerio han renunciado. En medio de la peor crisis ambiental de la historia, originada por el derrame de petróleo en el mar por parte de Repsol, el Presidente no ha tenido mejor idea que colocar en el Ministerio del Ambiente a un profesor de geografía, sin ninguna experiencia en estas lides. Además, como detalle, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, considera que la izquierda no debería existir.

Presionado por la ciudadanía, gremios empresariales, profesionales y todas las fuerzas políticas, Castillo anunció el viernes, una vez más, la recomposición de su gabinete, el cuarto en sus seis meses de gobierno.

Qué será lo que quiere Pedro

La conformación de su efímero tercer gabinete expresó una corriente política conservadora con respecto a los derechos ciudadanos, ortodoxa en el manejo económico y contraria a las pocas reformas que se hicieron en gobiernos anteriores para mejorar la educación universitaria y el sistema de transporte público.

Algunos analistas consideran que no es casual que Castillo conformara un gabinete rechazado por todas las fuerzas políticas. Mientras Castillo le prestaba su sombrero a Jair Bolsonaro en Brasilia, un prepotente premier amenazaba sibilinamente con la disolución del Congreso, jactándose de ser la “bala de plata” que tendría Pedro Castillo como un as bajo la manga. “Si no nos dan el voto de confianza, cumpliremos lo que dice el Congreso: nos iremos y se reestructurará el gabinete.

habrán perdido la primera bala de plata en el Congreso, para que luego el Presidente utilice la bala de oro y disuelva el Congreso”, señaló. En el Perú, la Constitución establece que, si el Congreso no le da el voto de confianza al gabinete en dos oportunidades, el Presidente puede disolver el Congreso.

Durante el mensaje a la Nación del viernes en la noche, Castillo no hizo ninguna autocrítica y atribuyó su decisión de conformar un nuevo gabinete no a las graves denuncias en contra de Valer y otros ministros, sino al hecho de que el Congreso no había recibido al premier para que expusiera su plan de gobierno al día siguiente, al ser un tema urgente. Una narrativa sin lógica alguna. El reglamento establece un plazo de 30 días para que las diferentes bancadas del Congreso coordinen la presentación del premier para darle el voto de confianza.

La conformación de este cuarto gabinete será determinante si no quiere terminar vacado. Perú tuvo cuatro presidentes en el período anterior. Por el momento, las exigencias ciudadanas y de las fuerzas políticas se centran en la salida del premier y el cambio de gabinete. Si no logra dar un giro radical, las marchas ciudadanas pedirán su salida, si es que antes el Congreso no encuentra algún motivo para vacarlo bajo la ambigua figura de incapacidad moral permanente.

En medio de esta crisis, cabe señalar que el manejo económico es percibido por los agentes económicos y las calificadoras de riesgo como responsable. Se pudo contener la inflación, reducir el déficit fiscal a 2.6% –el más bajo de la región–, canalizar mejor los programas sociales, frenar la fuga de dólares y controlar la pérdida de valor de la moneda.

El FMI ha destacado que el Perú es uno de los países que más han crecido en la región y, el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, ha alabado la gestión económica cuando en enero autorizó un crédito por 500 millones de dólares destinado al sector rural. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha invitado al Perú (al igual que a otros países como la Argentina) a iniciar los trámites para su afiliación.

El proceso de vacunación es un éxito: Perú registra altas tasas en América Latina y en el mundo. Además de una gestión eficiente, es probable que ello se deba a que es, por lejos, el país con mayor número de muertos por la Covid-19 con relación a su población a nivel mundial, producto de la deficiente infraestructura en salud heredada de gobiernos anteriores.

Sin embargo, el buen manejo en estos temas no ha podido contrarrestar la crisis moral y de gobernabilidad impresa por Castillo, sus asesores y varios de los ministros de sus tres gabinetes, envueltos en actos de corrupción, en apenas seis meses de gobierno. Los hechos recientes parecen haber lapidado la promesa de poner fin a la corrupción y al neoliberalismo que caracterizaron a los gobiernos durante las tres últimas décadas. Su gestión solo tiene el respaldo de 28% de la población.

Sin un liderazgo presidencial, asesores corruptos, un Congreso desacreditado que apuesta por intereses particulares y partidos políticos que carecen de representatividad ciudadana, la gobernabilidad y estabilidad política se derrumbarán inexorablemente como un castillo de naipes.

- Ariela Ruiz Caro, asesora de la Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Montevideo; investigadora del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), consultora de la Comisión Económica para América Latina yel Caribe, Naciones Unidas (CEPAL), Santiago de Chile.

^{Nodal - 7 de febrero de 2022}