El pasado 7 de diciembre culminó con éxito el golpe de Estado planificado y ejecutado por los poderes fácticos peruanos (élites criollas) contra el presidente Pedro Castillo. Desde su llegada a la presidencia, mediante el triunfo en los comicios el 6 de junio de 2021, los sectores dominantes han desplegado distintas estrategias con el fin de sacar a Pedro Castillo de la presidencia.

A estas alturas los hechos ya son ampliamente conocidos. Lo que tuvo lugar es un golpe de Estado parlamentario exitoso, orquestado por los grupos de poder criollos con el auspicio de la embajada norteamericana, lo que forzó una medida propia de la impericia política del presidente Castillo. Luego, lo que comenzó a hacerse sentir es la movilización popular, que se ha ido intensificando con el correr de los días.

A la fecha de cierre de este artículo, se ha declarado de manera ilegal el Estado de Emergencia en todo el Perú, brindando las condiciones para aumentar la represión y la violación de los derechos humanos del pueblo movilizado. Ya son veintiuno los asesinados con arma de fuego por parte de las fuerzas policiales, producto de la represión de las distintas protestas que se vienen llevando a cabo a nivel nacional. Represión que tuvo un especial énfasis en Andahuaylas y Arequipa, perpetradas por las fuerzas policiales que se encuentran al mando de la nueva presidenta Dina Boluarte.

A continuación, algunos puntos de análisis respecto a este nuevo episodio, propio de la convergencia de múltiples crisis que transita el Perú desde hace varios años.

Crisis, golpe y conflictividad social

Más allá del plano superficial y fragmentado que imponen los medios de comunicación concentrados, tres categorías son las que resultan fundamentales para comprender la coyuntura que viene atravesando Perú desde la victoria presidencial de Pedro Castillo Terrones. Estas son: crisis, golpe y conflictividad social. Categorías que se encuentran en constante relacionamiento, a partir del movimiento de la lucha de clases en Perú.

Múltiples crisis

El Perú de hoy día vive una convergencia de múltiples crisis: política, económica, social y cultural. Se trata de manifestaciones de la crisis estructural que a nivel global atraviesa el modo de acumulación por despojo del capitalismo tardío, imperialista y neocolonial (Kohan, 2021).

Este escenario de crisis estructural y multidimensional del capitalismo se despliega en un contexto global de transición multipolar. Transición en la cual la hegemonía norteamericana viene siendo desplazada por China, tanto en lo económico como en lo tecnológico (con la excepción de lo militar). En este contexto geopolítico de transición multipolar y crisis del capitalismo, el continente nuestroamericano viene, por un lado, sufriendo la arremetida y ofensiva de una derecha neoconservadora y neofascista, mientras que, por el otro, resiste las distintas estrategias de dominación imperialista desde los proyectos alternativos con mayor perspectiva popular (Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua).

Es importante no perder de vista en qué episodio de la convergencia de crisis que viene atravesando el Perú nos encontramos y encaja en ella el reciente golpe de Estado parlamentario.

Crisis política

Desde el 2017, en el Perú se viene poniendo en evidencia la crisis política propia del modo de acumulación. Crisis que se visibilizó a partir de los escándalos de corrupción difundidos a propósito de las investigaciones judiciales del caso Lava Jato. Este no solo impactó en todos los estamentos del Estado peruano (poderes ejecutivo, legislativo y judicial) sino también en el «Estado ampliado», como los grandes grupos empresariales (Grupo Graña) y mediáticos (El Comercio).

El modelo político impuesto en la Constitución de 1993 no solamente no proporciona alternativas de salida a la crisis, sino que la agrava. Esta constitución se concentra la decisión de lo público en la clase política tradicional y relega a la marginalidad la participación y protagonismo del pueblo.

Esto se ha podido advertir en las disputas de distintas facciones políticas que responden a los intereses de la oligarquía peruana, el capital transnacional y el imperialismo norteamericano. Por ejemplo, en las batallas entre el poder legislativo y el poder ejecutivo durante el 2016-2018: la vacancia y renuncia de presidentes; el cierre del Congreso, etc. En noviembre de 2020, el golpe parlamentario de Manuel Merino fue un punto de inflexión. Inflexión donde el pueblo peruano decide asumir el protagonismo desde las calles, desplazando la dinámica antes concentrada en la política institucional.

En el 2021, la crisis política fue canalizada por la vía electoral, con mayor énfasis en el ballotage entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Por esta razón, el triunfo del maestro rural marcaba la posibilidad de una salida a la crisis desde abajo, mediante la vía constituyente popular.

“El modelo político impuesto en la Constitución de 1993 no solamente no proporciona alternativas de salida a la crisis, sino que la agrava”

Era evidente que el mero triunfo electoral de Castillo no significaría una resolución de la crisis. Por el contrario, esta se seguiría profundizándose. El reciente golpe parlamentario del 7 de diciembre, luego de más de un año y medio de tensión entre los poderes fácticos, es una muestra de ello.

La crisis se profundiza, sobretodo porque los que descaradamente salen a enarbolar banderas “democráticas” son los congresistas, que juegan a favor de los intereses «fujimontesinistas», independientemente de las etiquetas partidarias. Un Congreso que, a fines de noviembre del presente año, mantuvo un indice de desaprobación de más del 85% del pueblo peruano.

Crisis económica y social

El año 2020, debido a la Pandemia del Covid-19, puso de manifiesto otras dos crisis: la económica y la social.

La pandemia dejó en evidencia el fracaso del proyecto neoliberal, blindado por la Constitución. Las protestas de los trabajadores y trabajadoras del sector agroexportador a lo largo de la costa peruana; la millonaria cifra de desempleados; la precaria respuesta del Estado peruano en la lucha contra el Covid-19; y el creciente reclamo de distintos sectores gremiales como el de la salud, dan cuenta de una crisis económica y social. La pandemia puso en evidencia que ni el trabajo, ni la salud, ni la alimentación, ni la educación, son derechos sociales ni económicos, sino meras mercancías.

En ese contexto de por sí complejo, al gobierno de Pedro Castillo le tocó sortear las implicancias de la guerra en Ucrania, teniendo a disposición un entramado legal e institucional limitado, que le dificultó lidiar con las problemáticas vinculadas al precio de los combustibles o a la escasez de fertilizantes en medio de la campaña agrícola.

Crisis cultural

A estos hechos se sumó también una dimensión adicional, la crisis cultural, en torno a la disputa electoral del año 2021.  Pese a que era claro que las elecciones no iban a resolver los problemas estructurales del país, sí podían abrir escenarios para resolver los asuntos más urgentes y dramáticos. En ese contexto de polarización, una de las propuestas de Pedro Castillo y Perú Libre fue la realización de una Asamblea Constituyente Popular, que podía ofrecer soluciones mediante el ejercicio del poder soberano y popular. En contextos de profundos enfrentamientos no hay espacio para los “puntos medios”; prueba de ello es el fracaso de las fórmulas intermedias como las del Partido Morado y la de Juntos por el Perú.

El escenario electoral, fundamentalmente el de la segunda vuelta, configuró una polarización alrededor del clivaje “ricos contra pobres” y “Lima contra las regiones”. Esto reveló la irresolución de la colonialidad, tras 200 años de historia republicana. Colonialidad que se manifiesta, por ejemplo, en el racismo institucional, puesto en tensión cuando el quechua pasa a disputar, en las estructuras de poder, la hegemonía a la lengua colonial.

La «campaña del miedo», que no es reciente ni fue exclusiva de las últimas elecciones, no pudo con una campaña fundada en la alegría, la esperanza y la utopía que movilizó al pueblo peruano. Una movilización que no solo se propuso obtener el voto en favor de Pedro Castillo, sino que se propuso defender su candidatura hasta su proclamación oficial como presidente. Hecho que de por sí abrió nuevas fisuras en la hegemonía cultural, fortaleciendo la batalla ideológica.

Ahora mismo, esta crisis cultural y de valores vuelve a ponerse de manifiesto, como lo demuestran los relatos y contrarelatos sobre las protestas que se dan en el sur y centro andino.

El golpe de Estado

La misión de los grupos de poder y la oligarquía peruana siempre fue desestabilizar y derrocar al gobierno de Pedro Castillo Terrones y Perú Libre. Las clases dominantes del país saben que aquella es estructural, y que no hay alternativas de resolución que puedan contentar a todos. Por eso, insistimos, la polarización responden a una serie de crisis estructurales y no a voluntades particulares.

En ese sentido, no es casual que apuesten por tácticas que ya vimos en golpes de Estado recientes. A pocos días del 6 de junio de 2021, activaron la táctica del lawfare colonial y electoral, para invalidar jurídicamente el voto de millones de peruanas y peruanos del Perú profundo. Paralelamente, fueron organizando a las fuerzas reaccionarias en el Congreso para un eventual golpe parlamentario. Sus distintos brazos empresariales y mediáticos desarrollan, de forma diaria y militante, diferentes acciones de terrorismo económico (subida de precios del aceite) y terrorismo mediático (como imputar la subida del dólar a Pedro Castillo). Ante escenarios adversos tampoco escatiman el uso de otras fórmulas, como sucedió en la operación mediático-militar que provocó la renuncia del Canciller Héctor Béjar.

Los poderes fácticos resultaron políticamente heridos a partir de los comicios presidenciales de 2021. Su principal proyecto político, el fujimorismo, fracasó en su tercer intento por ganar una elección. Sin embargo, ello no significa que perdieran el poder, aunque se replegaron en algunos de sus espacios orgánicos tradicionales como el Opus Dei. Esto se pudo apreciar tempranamente, por ejemplo, en el allanamiento a locales de Perú Libre y a viviendas de sus principales referentes. Tampoco perdieron, en lo más mínimo, el control de los resortes del poder económico.

Su apuesta fue por la construcción de un proyecto político al estilo de las derechas neoconservadoras. Derechas que nacieron como una reacción para desplazar a distintos gobiernos y proyectos nacidos en el marco de la conocida «ola progresista». Uno de sus principales desafíos pasa por lograr una base social popular que articule los otros flancos necesarios para desplegar un golpe de Estado de acuerdo las estrategias de «Guerra híbrida». A pesar de haber tenido éxito en el golpe parlamentario, ejecutado por el Congreso «fujimontesinista» -frente al cual inicialmente se distanciaron los poderes fácticos en el Perú-, y pese a contar con alianzas con las Fuerzas Armadas y la embajada norteamericana, nunca tuvieron la fuerza de movilización en las calles. Por esto, el golpe sólo pudo desarrollarse luego varios meses de experimentación, cuando la crisis llegó a un punto muy hondo.

La conflictividad social

Así como el golpe fue la respuesta de la oligarquía peruana ante la crisis, los sectores populares apostaron por la defensa de sus derechos. Así lo hicieron en las urnas en el año 2021 votando por la fórmula de Pedro Castillo y Perú Libre, y luego en las movilizaciones permanentes que garantizaron su proclamación.

Pedro Castillo y el partido político Perú Libre lograron acceder a la presidencia, más no al poder. Instituciones relevantes para el golpe parlamentario como el Congreso de la República, el Poder Judicial y la Fiscalía, siempre estuvieron al servicio de los intereses de los grupos dominantes. En ese contexto, el gobierno se enfrentó a un sólido andamiaje legal e institucional neoliberal que dificultó de arranque sus principales promesas de campaña, tales como la «segunda reforma agraria» o la asamblea constituyente.

Durante todo el año 2022 se dieron diversas protestas sociales, incluso en los territorios donde Pedro Castillo había ganado con amplitud. Las protestas masivas en Huancayo en abril de 2022 fueron un ejemplo de ello. A pesar de la firmeza de estas protestas, el pueblo nunca perdió de vista la contradicción principal bajo el clivaje «ricos contra pobres». Por ello, estas protestas nunca fueron funcionales al proyecto de golpe de Estado de las oligarquías criollas, que esperaba poder tener o capitalizar una base social movilizada. 

Esa conflictividad social que según algunos iba a ser antagónica a Pedro Castillo, resultó el laboratorio de las luchas que por estas horas demuestran el acumulado y la potencia del pueblo campesino, trabajador e indígena que hace frente a la arremetida de los «dueños del Perú».

“A pesar de la firmeza de estas protestas, el pueblo nunca perdió de vista la contradicción principal bajo el clivaje «ricos contra pobres»”

El mensaje del 7 de diciembre

Repasadas algunas claves de análisis, corresponde ahora plantear algunas interrogantes que aún no han sido respondidas con exactitud. La principal es: ¿por qué Pedro Castillo dio el mensaje del 7 de diciembre, cuando todo parecía indicar que el Congreso no contaba con los votos requeridos para lograr, en la tercera oportunidad, su vacancia? ¿Qué sabía o intuía Castillo, que lo llevó a tomar una decisión que necesitaba de un respaldo no sólo popular sino también institucional? A la fecha, distintos actores siguen ofreciendo diversas conjeturas: desde que Pedro Castillo estaba bajos los efectos de algún estupefaciente, hasta que la a decisión fue producto de un “colapso emocional” a partir de la guerra judicial y mediática en su contra.

Más allá de estas conjeturas, un análisis sesudo debe alinear estos interrogantes en función de una pregunta principal: ¿Quiénes ejecutaron los últimos pasos del golpe parlamentario en marcha? ¿Quiénes trabajaron para generar las condiciones de la vacancia?

Primero hay que señalar que el entonces Ministro de Defensa, Emilio Bobbio Rosas, se reunió con Castillo horas antes de su mensaje presidencial, y que sostuvo el día anterior una reunión con la embajadora norteamericana, según consta en sus propias declaraciones. Esto, sumado  al reglaje militar policial impuesto contra Castillo hace semanas, nos permiten inferir un protagonismo no sólo de militares locales sino de actores extranjeros. No sería nada raro que, a pocos días de la toma de mando de Lula da Silva en Brasil -lo cual inclinará la correlación de fuerzas continental de forma desventajosa para los intereses norteamericanos-, se impulsara desde Washington una acción de estas características.

Quiebre del «empate catastrófico»

El triunfo electoral de Castillo podía calificarse como un «empate catastrófico», concepto acuñado por Antonio Gramsci para el análisis de la lucha de clases, y posteriormente rescatado por Álvaro García Linera, quien describe el fenomeno de la siguiente manera:

“El empate catastrófico es una etapa de la crisis de Estado, (…), un segundo momento estructural que se caracteriza por tres cosas: confrontación de dos proyectos políticos nacionales de país, dos horizontes de país con capacidad de movilización, de atracción y de seducción de fuerzas sociales; confrontación en el ámbito institucional -puede ser en el ámbito parlamentario y también ámbito institucional- de dos bloques sociales conformados con voluntad y ambición de poder, el bloque dominante y el social ascendente; y, en tercer lugar, una parálisis del mando estatal y la irresolución de la parálisis. Este empate puede durar semanas, meses, años; pero llega un momento en que tiene que producirse un desempate, una salida. La salida del empate catastrófico sería la tercera etapa de la crisis del Estado, que la vamos a denominar construcción hegemónica ascendente” (García Linera, 2007).

Esta situación rigió hasta el día 6 de diciembre de 2022, pero el golpe quebró ese empate catastrófico, no sabemos si de forma definitiva. Lo que se produjo entonces es una ofensiva de las fuerzas dominantes y un retroceso en los logros del pueblo peruano. Prueba de ello son las antojadizas medidas que vienen dándose desde los poderes legislativo y judicial. El quiebre del empate catastrófico no implica de modo alguno el fin de la crisis. Sin embargo, sí es importante identificar las tres fuerzas que emergentes que podrían plantear una salida.

En primer lugar se encuentra la fuerza reaccionaria del 1% de la población que domina el Perú desde hace más de 200 años. Hoy en día esa fuerza está representada, sobre todo, por el «fujimontesinismo», que excede con mucho a los partidos fujimoristas, y que es justamente la que dio la estocada final en el parlamento. Esta fuerza tiene en claro la profundidad de la crisis y sabe que la plena realización de sus intereses demanda una una mayor profundización del proyecto neoliberal. Esta fuerza, a pesar de su desgaste electoral, ha demostrado a los poderes fácticos que aún tiene el poder suficiente para destituir presidentes.

En segundo lugar encontramos una fuerza de corte liberal, un “centro” como se le suele llamar, una alternativa con “rostro amable” e “inclusivo”, que no tiene el mas mínimo interés en cambiar las reglas de juego en el plano económico, ni tampoco de salir de los linderos de la democracia representativa. En otros períodos de crisis, esta fórmula supo ser una salida idónea para los grupos dominantes. Sin embargo, su credibilidad popular es casi nula. Tampoco cuenta con el apoyo de la oligarquía peruana más radical. Esta fuerza, aunque dócil, tiene una importante presencia en espacios académicos (como en la Pontificia Universidad Católica), en diversas ONG (muchas de ellas financias por la USAID, la Open Society Foundation, la Fundación Fiedrich Ebert) y en medios de comunicación (como La República).

Finalmente, se aprecia hoy, de forma categórica en las calles del país, que lo que comienza a emerger a modo de desborde es lo que el profesor Héctor Béjar llama una sublevación popular contra el sistema político. Estas acciones de hartazgo de expresan por manera contundente y masiva, muchas veces sin estructuras organizativas, en un país en donde el «fujimontesinismo» acabó con los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales. A partir del 7 de diciembre de 2022, el movimiento popular reforzó su mandato destituyente contra el gobierno de Dina Boluarte, así como en noviembre de 2020 lo hizo ante el gobierno usurpador de Merino.

Entonces, son estas tres fuerzas las que se comienzan a disputar, de manera dinámica, la situación de quiebre del empate catastrófico. Fuerzas que incluso se relacionan entre sí de manera contradictoria, dado que no se encarnan de forma estricta en partidos u organizaciones sociales.

Pedagogía burguesa, pedagogía de la humillación

Como insinuamos antes, afirmar que el gobierno de Pedro Castillo sacó al Perú del andamiaje neoliberal sería falso. Entonces, ¿por qué un golpe de Estado? Porque nuestra oligarquía practica el racismo institucional desde su propio nacimiento hace más de 200 años. Porque aun logrando sostener su tasas de ganancia, no puede permitir que sus prerrogativas y privilegios sean puestos en cuestión. Aún con un sistema político y un marco legal favorable, les resultó ofensivo tener que soportar a un maestro rural oriundo del interior del país, ocupando la silla presidencial, y a otros “nadies” ocupando altos cargos de gobierno. Este racismo fue parte de toda la campaña electoral y de todo su gobierno, evidenciado de manera orquestada y sistemática en todos los medios de comunicación dominantes.

El mensaje es claro: quien como en el ensayo «Lima la horrible» de Sebastián Salazar Bondy no tenga “un buen apellido” y ose ocupar espacios vedados del poder, deberá sufrir la difamación, la persecución y la criminalización. La pedagogía de la humillación es también parte constitutiva de este golpe de Estado. 

La crisis y la sublevación popular constituyente

En estos momentos hay en el Perú importantes manifestaciones, sobretodo en las regiones periféricas a la capital, hecho que no es nuevo, sobre todo si consideramos las luchas históricas contra la minería y la contaminación de los ríos y en defensa de los derechos de los trabajadores. Pero esas protestas presentan hoy algunas particularidades. En primer lugar, porque han trascendido los reclamos puntuales y específicos hacia un interlocutor particular (empresa, ministerio, etcétera). Hoy, estos sectores tienen una plataforma política con consignas políticas muy claras: cierre del Congreso, nuevas elecciones y Asamblea Constituyente. Esto no es tan sorpresivo, al menos si consideramos que un estudio de opinión reciente del Instituto de Estudios Peruanos establece que el Congreso cuenta con un 10 por ciento de aprobación popular, frente al 31 por ciento que ostenta el presidente derrocado.  Este mismo estudio indica que el 87% de la población prefiere la pronta convocatoria a elecciones generales.

Como resultado de la unificación de este programa, las movilizaciones se han ido activando de manera simultánea en diferentes partes del Perú, sobre todo en el siempre combativo sur andino. Hablamos, ni más ni menos, que de 14 regiones en donde se han desplegado bloqueos de carreteras y otras medidas de lucha. Sin bien estas protestas tienen el mismo carácter destituyente y reconstituyente que las de noviembre de 2020, las actuales son más masivas y contundentes, no tienen lugar en la capital sino en el “Perú profundo” y son protagonizadas por sujetos con identidades muy divergentes a las del “sujeto politizado” proyectado desde Lima. Quizás por eso el asesinato de 21 personas, muchas de ellas menores de edad, no haya generado todavía la caída de Boluarte y del Congreso. Aparentemente, las vidas limeñas valen más que las del resto de las peruanas y peruanos.

Este desborde popular ha logrado efectos inmediatos e insólitos, como el contar con la adhesión institucional de gobiernos regionales como los de Puno, Ica y Madre de Dios. Asimismo, la sublevación sobrepasó con mucho a las propias organizaciones sociales, sin perjuicio de la participación activa de importantes estructuras orgánicas como la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), etc. En Lima, los estudiantes de la Universidad Mayor San Marcos tomaron las aulas en solidaridad con las víctimas del gobierno ilegítimo. La protesta social continúa en ascenso en todo el país, a pesar del estado de emergencia decretado a nivel nacional.

En un pueblo rural de la región de Cusco, un grupo de vecinos estaban bloqueando la carretera, y uno de ellos nos dijo con convicción: “Mejor que ya no nos digan que tenemos que votar y elegir presidente y que sea el Congreso quien elija al presidente”. La subestimación de los grupos de poder al pueblo peruano de seguro les pasará factura.

^{ALAI - 16 de diciembre de 2022}