Un lustro después de su puesta en marcha, las SAS se convirtieron en uno de los vehículos predilectos de la criminalidad económica. La proliferación de abusos canalizados a través de ese tipo de empresas no puede ser abordada mediante los parches que aplican los organismos de control desde el cambio de gestión en 2020. Solo una reforma estructural permitirá pasar de una política de mitigación de daños a un esquema donde no se promuevan las maniobras abusivas y, como postulaba el proyecto de ley original, se "apoye la actividad emprendedora y su expansión internacional".

Las modificaciones legislativas a introducir en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor no deben desnaturalizar una figura jurídica que simplifica virtuosamente procesos administrativos, evidenciando la capacidad estatal para hacerlo. La normativa vigente debe incorporar un conjunto de controles básicos que fueron intencionalmente omitidos para terminar con la atracción que generan las SAS entre la criminalidad económica.

Los cambios no deben demorarse. Los datos relevados por la AFIP evidencian que, en menos de cinco años, las SAS no sólo proliferaron sino que se transformaron en la figura más utilizada para emitir facturas truchas. La administración tributaria reportó que la magnitud de este delito, unas de las maniobras de evasión más extendidas en Argentina, se incrementó en forma significativa durante los años previos a la pandemia como consecuencia de las SAS. De acuerdo a los datos publicados por el organismo, las SAS explicaron el 33% de las empresas generadoras de facturas apócrifas en 2018 y alcanzaron al 70% en 2019.

A la información presentada por la AFIP en su Plan Estratégico 2021-2025 se suman la significativa cantidad de reportes de operaciones sospechosas canalizadas a través de SAS que recibe la Unidad de Información Financiera (UIF) y la proliferación de causas donde se investiga el rol de esas empresas en maniobras de lavado de dinero y narcotráfico. Los abusos con las SAS no se limitan a la evasión impositiva, sino que la laxitud en los controles las convirtió en un atractivo instrumento para evadir responsabilidades patrimoniales y penales en rubros como el aduanero.

La magnitud de las irregularidades y delitos canalizados a través de las SAS dieron lugar, a partir del cambio de gobierno, a una serie de medidas paliativas por parte de organismos de control como la Inspección General de Justicia (IGJ) y la UIF.

La IGJ incorporó un conjunto de obligaciones a cumplir al momento de la constitución y durante el funcionamiento de las SAS, como la presentación de balances, precisión del objeto social y acreditación del domicilio social, entre otros. Si bien las resoluciones representaron un avance, están limitadas a las SAS constituidas en el marco de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, las crecientes irregularidades reportadas a lo largo de los últimos años desde las entidades bancarias y financieras, llevaron a que la UIF considere formalmente que esas empresas representan un mayor riesgo para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por eso, requirió recientemente al sector que preste especial atención y refuerce las acciones de debida diligencia al vincularse con una SAS.

Las medidas tomadas hasta el momento se volvieron ineludibles pero son insuficientes. Los parches no resuelven el problema de fondo. Las SAS requieren una reforma legislativa que permita llevar a cabo un control inteligente sobre los actos de constitución y durante todo el ciclo de vida de las empresas. Las modificaciones en la legislación no afectarán a los emprendedores genuinos.

Una reforma integral de las SAS debe sustituir la multiplicidad de objetivos permitida en la actualidad al momento de inscribirse por un esquema donde las SAS informen con precisión para qué fueron constituidas. En esa misma, línea sería consistente que exista una relación entre el capital social inicial y el objeto propuesto por las empresas. Asimismo, una herramienta relevante para garantizar los controles sería disponer de mecanismos que permitan validar la identidad de las personas que crean las SAS, y así limitar los abusos con prestanombres.

Los distintos cambios que debe contemplar la reforma para establecer un control de legalidad que, por lo menos, dificulte las maniobras delictivas deben incluir además la obligación de la presentación digital simplificada de estados contables. El Estado debe ejercer, a nivel nacional y provincial, controles y recabar información adecuada, completa y certera a los fines evitar su uso indebido y el posible perjuicio a terceros. Como parte de los cambios se requiere poner en funcionamiento el registro de emprendedores y emprendedoras de forma que pueda comenzar a materializarse la promesa de acceso a financiamiento orientado a los objetivos de desarrollo productivo de las distintas regiones del país.

^{Cronista - 9 de febrero de 2023}