La informalidad en las unidades productivas es una problemática global que afecta, según la Organización Internacional del Trabajo, al 80,9% de las empresas a nivel mundial y el 76,3% en América Latina. Organismos como el Banco Mundial y la OCDE atribuyen esta informalidad a la complejidad de los procedimientos establecidos por los Estados y proponen reducir requisitos y controles para fomentar su crecimiento.

Con la promesa de promover la actividad emprendedora y facilitar la creación de empresas, el gobierno de Cambiemos impulsó las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). La ley aprobada en 2017 contempló la constitución de esas firmas en 24 horas, escasos requisitos y beneficios fiscales.

Nuevamente, bajo el paraguas de un objetivo loable como es el fomento del emprendedurismo, se impuso en el mismo texto la sanción de otros temas como la creación de una nueva forma societaria, las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), en una propuesta que busca flexibilizar al máximo la constitución de empresas y disminuir los controles y la carga tributaria sobre las mismas. Esto lleva inexorablemente a correr muchos riesgos entre los cuales se destaca la posibilidad de que las SAS lleguen a ser utilizadas como “fachada” para la ejecución de actividades ilícitas y para la elusión de los aportes de la seguridad social de los trabajadores, como ha sucedido en muchos de los países en los que se ha implementado este tipo de sociedades.