1. ME (NOS) ESTAN ROBANDO

Deseo hacer una denuncia pública en voz fuerte y alta. Para que me oigan desde todas partes y compartan conmigo el estado de angustia profunda que me invade.

Me están robando impunemente. En realidad, nos están robando porque la situación conmigo se repite para millones de habitantes del país a los que se les sustrae dinero que cobra como remuneración de su trabajo presente o pasado sin que se detenga el robo y se sancione a los responsables.

¿En qué consiste el robo? Me explico. Desde que entré en la adultez estuve recibiendo ingresos monetarios por mis sucesivos trabajos. En cada caso por mi parte y por parte de mi empleador se fueron acumulando aportes destinados al sistema de previsión social. De este modo, la legislación respectiva dispuso la construcción de un sistema de reparto de los fondos previsionales acumulados en el tiempo por todos los aportantes que posibilitaran que, al momento de retirarnos de la vida activa, cada uno de las y los que habitan el país tuvieran un ingreso digno equivalente a una jubilación que permitiese afrontar nuestro mantenimiento en la vejez.

En mi caso, tuve ocasión de efectuar los respectivos aportes a partir de las retribuciones que recibi, en gran parte de mi vida laboral activa, de parte del Estado Nacional, mi principal empleador. En 1957 cobre mi primer sueldo como profesor de una escuela secundaria en Rosario y recorrí toda una trayectoria como docente en la enseñanza media y universitaria, primero, y como investigador en temas económicos, después. Entré al CONICET en 1984, por concurso de antecedentes, y hasta mi jubilación, diecisiete años después, mi fuente de la remuneración mensual fue exclusivamente el Estado nacional. En el año 2001 el CONICET me informó que debía obligatoriamente iniciar los trámites de mi jubilación, que obtuve ese mismo año. Más allá de la situación cambiante que transitó la sociedad argentina luego de la recuperación democrática en 1983, mis ingresos como jubilado desde el año 2001 me alcanzaron para afrontar sin sobresaltos mi subsistencia y la de mi esposa e hijos, contando siempre con algún excedente para ahorrar a futuro.

Este proceso, que transcurrió hasta el año pasado sin cambios fundamentales, en diciembre del 2023 se modificó bruscamente. Desde ese mes, los ingresos no me alcanzaron para sostener mi hogar, ahora sólo compuesto por mi esposa y el que suscribe estas líneas. Nuestros 3 hijos ya hacía rato se habían independizado.

¿Por qué indico que el inicio de mi angustiante situación actual se sitúa en diciembre de 2023? Es que el nuevo gobierno nacional decretó el 13 de ese mes una muy elevada y a todas luces innecesaria depreciación de nuestra moneda de más del 130 por ciento de un día para el otro. Ello desató un singular impulso inflacionario. Entre diciembre hasta fin de enero el nivel del costo de vida aumentó un 51,3%, según datos del INDEC. Entretanto, no se verificó ningún reajuste extraordinario de mis ingresos como jubilado en ese mismo lapso. Mi poder adquisitivo cayó sensiblemente. Por primera vez desde que me jubilé, en el mes de marzo del 2001, los ingresos jubilatorios de mi esposa y míos fueron menores a nuestros gastos subsistenciales y tuve que acudir a mis ahorros para poder sobrevivir. Transcurrido la mitad de febrero el panorama se ha agravado. El salto inflacionario, provocado por la inconsulta decisión gubernamental de devaluar nuestra moneda en un monto muy elevado, prosiguió y se estima que para fines de este mes sumará un 70% de diciembre pasado a febrero inclusive. La caída de poder adquisitivo de los jubilados sería así el 33% en el trimestre diciembre 2023-febrero 2024. De aportes extraordinarios o recomposición de ingresos, ni noticias. Ese 33% hay quedarlos como perdidos irremediablemente, nunca lo recuperaremos y en el gobierno nadie se hace cargo de esa pérdida.

ES DECIR, SE HA COMETIDO A LA VISTA DE TODAS Y TODOS, DE MODO TOTALMENTE IMPUNE UN VERDADERO ROBO.

¿Quién es el responsable de este robo? Pura y exclusivamente el gobierno nacional que ha promovido una inflación fenomenal y ha descartado toda medida compensatoria para enfrentar esta dura realidad. Esta muy claro e irrefutable, HE (HEMOS) SIDO OBJETO TODAS Y TODOS LOS ADULTOS MAYORES DE NUESTRO PAÍS DE UN VERDADERO DESPOJO SIN QUE EL PODER EJECUTVO NACIONAL HAYA REACCIONADO COMO LA REALIDAD SE LO EXIGÍA. El gobierno anterior, al 75% de los jubilados que cobraban asignaciones hasta dos haberes mínimos, le compensaba con un bono extraordinario el desfasaje que afrontaban en el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades. O sea, no existía el 43% de pérdida del valor adquisitivo, sino que el monto del citado abono siempre permitía mantener intacto el poder adquisitivo de los haberes totales recibidos. Ahora, en cambio omitió toda medida que cubriese esa enorme pérdida de ingreso en precios constantes.

Ahora me explico por qué el Presidente de la República en un reportaje televisivo muy reciente en su viaje a Roma, Italia expresó textualmente: “El Estado es una asociación criminal”. Y agregó, para clarificar la idea de su interpretación del rol actual del Estado: “Es la mayor organización criminal del mundo. El Estado te roba todos los días.”

Es preciso recordar que en Argentina el Jefe del Estado es su Presidente. El Lic. Milei remató la entrevista, según lo consigna el diario Clarín el día 12 de este mes con esta expresión concluyente: “El método del Estado es precisamente el robo”. Exactamente lo mismo que afirmo arriba. Seguramente el Lic. Milei tendría en su cabeza el robo espectacular inferido a los millones de jubilados por el Estado que él preside.

Esta confirmación oficial padece de una insalvable contradicción. Si para el Sr. Milei la política estatal se apropia ilícitamente de los recursos de los ciudadanas y ciudadanos de edad avanzada que habitan en el país, él, como Jefe del Estado argentino, por qué no se hace cargo del robo que denuncia, en donde el ejemplo que arriba consignado es por demás destacable. No he sabido de ninguna denuncia judicial por parte del presidente de la República referida a esta apropiación ilegal de nuestros dineros. Por qué no actúa ya y denuncia esta sustracción ilícita que es un evidente robo.

Es hora que detengamos -y cuanto antes mejor- por una cuestión elemental de justicia social y de respeto a las leyes, la sustracción ilegal y criminal, como la denomina el Presidente, de dinero que nos corresponde a los siete millones de jubilados y pensionados, hombres y mujeres, que habitamos este país.

¿No es hora que algún juez o fiscal tome cartas en este gravísimo asunto (si no lo hace el señor Presidente) abriendo un expediente judicial para interrumpir cuanto antes el robo y exigir al Estado una urgente reparación de los ingentes fondos que nos han sustraído en fechas muy recientes y dicten las condignas penalidades a los que son artífices conscientes del robo?

Para más datos. El presidente del IARAF (Fundación Mediterránea), Sr. Nadin Argarañaz, acaba de informar según lo consigna BAE Negocios del 22 de febrero (página 3) “… que los jubilados de la mínima deberían recibir un bono de $ 236.000 por mes hasta mayo si el gobierno pretende que no pierdan poder adquisitivo frente a los niveles de los primeros cinco meses del año 2023”. Este dato es esencial para dimensionar el robo que aquí se denuncia. Multipliquemos $236.000 por los jubilados que cobran la mínima (alrededor de la mitad de pasivos que controla ANSES, o sea 3 millones y medio de personas). El monto susceptible de ser considerado un robo llegaría a 700.000 millones de pesos a los que hay que descontar alrededor de una tercera parte que es el monto del bono actual. O sea, se les sustrae por estos días un monto mensual de alrededor de 450.000 millones de pesos sólo al segmento de receptores de las jubilaciones más bajas. En dólares serían una cantidad de alrededor de 550 millones de esa moneda cada 30 días por los cinco meses del inicio de este año. Es el 1,3 porciento del crédito del FMI que se le otorgó a Macri para que los grandes inversores financieros se lleven sus recursos a las respectivas casas centrales del exterior ante la falencia cambiaria que despuntaba a inicios del 2018. Poca cosa.

2. UNA NUEVA REALIDAD SOCIAL QUE ES CONCLUYENTE

El gráfico que consignamos fue confeccionado en base a informes producidos por el INDEC y por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argenmtina (EDSA). Y ha estado circulando profusamente en las redes sociales por estos días.

^{Fuente: Universidad Católica Argentina.Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2024}

El gráfico precedente da cuenta de una aproximación confiable acerca de la evolución de la trama social en la Argentina contemporánea, a poco de asumir la nueva conducción  del pais el lic. Javier Milei, acompañada esta referencia con la información correspondiente a los mismos indicadores relevados por los dos organismos que proporcionan datos sobre similar temática desde el año 2004.

Tanto las estadísticas del INDEC como de EDSA resultan inobjetables. Ellas ofrecen, en todo su recorrido, una singular carácterística: la similitud de las tendencias sobre la población que se estima está tanto por debajo de la linea de pobreza como de la linea de indigencia. O sea habitantes residentes en la Argentina que en el primer caso no alcanzan a recibir ingresos que cubran la Canasta Básica de Gastos para satisfacer la totalidad de sus necesidades imprescindibles para el consumo de bienes y servicios a fin de aspirar a un nivel de vida satisfactorio -y que por lo tanto se la considera “pobre”- y de población cuyos ingresos mensuales son insuficientes para hacer frente a las erogaciones necesarias para adquirir una Canasta Básica de alimentos para cubir sus necesidades de supervivencia -que se los considera “indigentes”-.

Las series anuales que muestran el comportamiento de ambos indicadores insertas en el gráfico de más arriba arranca exhibiendo el fuerte impacto regresivo de la aguda crisis económica y social de los años 2001-2002. El gobierno instalado luego de las elecciones del año 2003 puso en marcha un conjunto de políticas públicas conducentes a reducir, en el menor lapso posible, los graves problemas sociales resultantes de dicha crisis.

Según se advierte de la lectura del gráfico la evolución de la pobreza e indigencia por ingresos,que arranca en el año citado de 2004,fue mostrando valores en permanente reducción desde entonces, en una y otra fuente de medición, lo que supuso alcanzar nùmeros menores  a la mitad del porcentaje inicial de pobreza en el año 2013 para quienes padecian la condiciòn de  pobres y para el año 2011 quienes se consideraban indigentes.

Así, se experimentó una baja de aquellos habitantes considerados como “pobres” en el escenario inicial con casi el 55% a índices en torno al 25% del total poblacional del país En cuanto a los indigentes el descenso del monto de los afectados fue tambien espectacular. Según el EDSA se llegó a solamente un par de décimas por arriba del 4 por ciento en dicho año 2011 lo que supuso que en siete años quienes sufrian de carencia de recursos para alimentarse dignamente bajaron a sólo una tercera parte del valor de partida -en el año 2004- según el EDSA y a una cuarta parte del citado valor con relación a siete años antes según el INDEC.

Luego, en los años siguientes, tales porcentuales se estabilizaron primero y luego tuvieron una leve alza. En el 2015 al cierre del segundo mandato de Cristina Fernández, la pobreza se ubicó en aproximadamene un 30% del total de la poblaciòn del país. La indigencia tambien exhibió alzas pero de menor significación.

La crisis de marzo de 2018 fue el detonante principal de la suba acelerada de ambos indicadores, con la debacle cambiaria y económica de Macri y la vuelta del FMI con el crédito mas grande de su historia.

Desde entonces, entre instancias internas complejas y fenómenos externos de impacto  regresivo (Pandemia, guerra ruso-ucraniana y sequia) el cierre del 2023 nos llevo a datos del 45% en pobreza y 10% en indigencia. Un real retroceso.

Con el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre del 2023 se abrió un nuevo e inesperado escenario. En solamente dos meses (diciembre del 2023 y enero del 2024) el agravamiento de la situacion social es impresionante. El EDSA calculó recientemente un incremento del 45 al 57% de personas sobre el total nacional. Ello engloba a más de 3 millones de nuevos pobres en un solo bimestre. Un verdadero desplome social provocado  exclusivamente por una hiperdevaluacion innecesaria parra favorecer a grupos económicos concentrados exportadores y para licuar el salario de los trabajadores. Otra fuente informativa muy reciente producida por el Departmento de Economia de la Universidad Torcuato di Tella, es digna de ser citada. Los datos provienen de una encuesta permanente sobre Pobreza que realiza dicho Departamento a cargo del prof. Martin Lozada y fue publicada por el periódico Tiempo Argentino el 18 de febrero de este año en su página 3. En dicho informe se apunta que en el tercer trimestre de 2023 la pobreza habia llegado al 38,5 % de la poblaciòn y que según sus estudios en el semestre de agosto 2023 a enero 2024 el promedio respectivo se habria elevado al 43,7%. Esa suba da cuenta que en enero de 2024 el citado indicador social habria crecido al 46,8%. De ese informe, entonces, se infiere que entre noviembre de 2023 y enero de 2024 la pobreza se incrementó en 3,8 millones de nuevos afectados que no se encontraban en esa situacion en octubre del año pasado.

Por último, el citado periodico en el articulo que comentamos consigna que según el Instituto de Pensamiento y Polìticas Públicas conducido por el economista Claudio Lozano, que maneja estadisticas propias, mientras que en octubre del 2023 la pobreza  afectaba a un 39,5% de la poblaciòn nacional en enero de este año llegaría al 55,8% del total de habitantes de la Argentina. En el plazo de esos tres meses habrían caido, entonces, bajo la linea de la pobreza nada menos que 7,6 millones de personas.

Los tres estudios no coinciden en numeros absolutos pero indican similar tendencia temporal. Estamos frente a un verdadero desastre social con el nuevo gobierno, originado en las politicas que ha implementado.

La indigencia según la UCA en enero de este año bordeó el 15%. Ello supuso un aumento muy acentuado de aquellos a quienes no les alcanza con sus ingresos para conseguir una alimentación adecuada. Ese incremento es de nada menos que de un 50% entre el promedio del 2023 y el mes de enero del 2024 inclusive. Esta última evidencia hos habla de una situación social altamente crítica a la que hay que atender con suma urgencia.

3. PERSPECTIVAS EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO

Es harto difícil determinar el rumbo futuro de la situación económica y social en estos momentos de marcada incertidumbre, marchas y contramarchas, políticas públicas que favorecen a los más enriquecidos y agreden a la mayoría de la población de bajos y medianos ingresos y serios conflictos entre el gobierno nacional y el conjunto de los que son responsables de las provincias y los municipios. Hay por parte del gobierno del Lic. Milei una estrategia basada en la severa contracción del gasto estatal en aras de alcanzar, una vez más, el ilusorio objetivo del déficit fiscal cero, con el argumento negado por las experiencias anteriores de que ese es el único camino para derrotar a la inflación. Se motoriza así una política claramente destructiva de lo existente sin proponer nada constructivo a cambio.

Sin duda, el experimento fuertemente regresivo, animado por un extremismo depredador de ultraderecha es muy poco alentador hacia el futuro. Con una excusa falsa, arriba expuesta, se ha instalado en la cúpula del poder político una estrategia solo orientada a la destrucción de la arquitectura económica y social que está vigente, y que tiene sobrada capacidad para sostener un modelo de crecimiento con equidad social si así lo orienta un gobierno con una visión de mucha mayor equidad a futuro del desarrollo nacional. El extremismo demoledor actual, de seguir avanzando, supone una caída singular de la actividad económica y un retroceso similar del bienestar de los sectores populares. El contraste entre lo que se podía esperar de una estrategia que apuntara a la construcción de un futuro promisorio, corrigiendo y reparando los desajustes que indudablemente existían, pero que no eran insolubles, y lo que está hoy aconteciendo y se espera que prosiga profundizándose de no haber un cambio de rumbo es evidente. La mejor evidencie de esta estrategia lo da lo que sucedió con las predicciones del Fondo Monetario Internacional antes y después del cambio de gobierno. El informe del FMI de octubre del año pasado predecía un aumento del 2,8% del PBI para el año 2024 con respecto al 2023, y una inflación del 70%. Después del cambio de gobierno en enero, un nuevo informe del FMI modificó totalmente la estimación anterior. Previó un descenso del PBI del 2,8% y una tasa de inflación en torno al 140%. Esto deja totalmente en claro que no había derrumbe espectacular de la economía e hiperinflación al cierre del 2023. No había tal hiperinflación en las puertas del 2024 ni desastre económico. La inflación del primer trimestre de vida del nuevo gobierno se estimuló a propósito, y fue totalmente contraria a las predicciones del Fondo antes del cambio de gobierno. Estamos cerca de cerrar el primer trimestre del nuevo desgobierno y ya se estima una hiperinflación en estos 3 meses de más del 70%, sin haber ajustado gran parte de los salarios y los haberes jubilatorios para hacer frente a esta estampida de precios. Todo por culpa de la inútil e innecesaria hiperdevaluación del 13 de diciembre pasado.

Desde el gobierno no hay una sola iniciativa constructiva, ni una sola. No hay propuestas de nuevas rutas, edificios escolares, jardines de infantes, universidades, líneas de transporte ferroviario, polideportivos, etc. Solo se promete destrucción. Es un caso único en la historia Argentina. Hay un entusiasmo ilimitado por derrumbar, prohibir y disolver. No tienen ni una remota idea de construir algo para bienestar colectivo. Ni una miserable plaza o parque. Ni un centro de salud. Ni que hablar de un hospital o una actividad cultural o recreativa. El Presidente repite que no hay plata. Y el Ajuste lo pagan los salarios de los trabajadores activos y los haberes muy reducidos de los 7 millones de jubilados y pensionados. ¿Qué hacer entonces? Conseguir la plata de quien la tiene bien guardada. De quienes poseen grandes ingresos como los sojeros, los productores de minerales, los fabricantes de tubos sin costura, los que exportan alimentos, los que tienen dólares en el exterior sin declarar, los que especulan en el mercado financiero, etc.

Por ende, solo está presente la promesa oficial de una fuerte recesión, que estudiosos del proceso económico y social estiman no bajará de una caída del 7%, un derrumbe del empleo, y un retroceso agudo de la construcción, sobre todo de la obra pública hoy bruscamente interrumpida por primera vez en la historia moderna y contemporánea del país. No está previsto ninguna inversión estatal para mejorar el nivel de la infraestructura física en el territorio nacional. Sólo sigue adelante la construcción de las extensiones del gasoducto Néstor Kirchner obra fundamental que inició y desarrolló el gobierno anterior y que posibilitará el autoabastecimiento energético y la ulterior exportación de gas. Se promete que para fin de año las cosas van a mejorar, ¿Y entre tanto? ¿Cómo se sostiene la vida cotidiana de decenas de millones de personas? ¿A quiénes van a beneficiar las eventuales mejoras de la actividad económica? Preguntas aún sin respuestas. El gobierno se felicita de lo que destruye, pero es totalmente incapaz de aportar una sola idea para construir algo nuevo. ¡Qué desastre! Ya el pueblo organizado se va a encargar de reparar este espantoso daño que nos está afectando.

4. EXCELENTE DESEMPEÑO DE LA DINÁMICA OCUPACIONAL

Una última reflexión que desmiente afirmaciones actuales del gobierno nacional.

Un panorama muy alentador refleja el ultimo informe oficial sobre la situación del empleo en nuestro país, y que corresponde a las estadísticas del cierre del tercer trimestre del año 2023. Los datos publicados por el INDEC el día 20 de febrero consignan las cifras de los niveles ocupacionales del país a poco de finalizar el periodo presidencial de Alberto Fernández. Según el informe del citado ente público nacional la desocupación durante el tercer trimestre del año pasado se ubicó en el 5,4% de la Población Económicamente Activa lo que representó nada menos que una baja de 1,3 puntos de porcentual respecto del 6,7% registrado en igual período del 2022. Se trata del nivel más bajo registrado desde el año 2003. También creció levemente el dato de la Población ocupada sobre la población total, pues llegó al 44,7%.

Una acreditada consultora de plaza, comentando estos datos, remarcó que dichos índices habrán de modificarse inexorablemente durante el año 2024. La consultora Sarandí, a través de su director el Lic. Sergio Chouzas explicó al respecto que se va a incrementar sensiblemente el desempleo que constituye “el gran costo que plantea este nuevo modelo económico el de la búsqueda de estabilidad macroeconómica a cambio de resignar niveles de producción y actividad en economía” (BAE Negocios, 22 de febrero de 2024, página 4).

Otras opiniones vertidas `por periodistas del citado matutino afirman que el panorama va a cambiar en el año 2024 recordando las estimaciones del REM del Banco Central, que auguran una tasa de desempleo de la PEA de por lo menos el 7,8% para el cierre del año actual. O sea, un aumento de la desocupación en torno al 50% en sólo un año. Este alto costo social que presenta el proyecto oficial de Ajuste recesivo se va a ver acompañado, además, de una caída singular de los ingresos reales de la población trabajadora tanto en sus planteles activos como pasivos que ya se está perfilando cuando se cierra el primer trimestre del nuevo experimento neoliberal.

La realidad laboral arriba descripta desmiente rotundamente, poniendo de relieve la falsedad de las afirmaciones oficiales, de que el gobierno actual recibió una muy pesada herencia del anterior. Este buen desempeño de la dinámica ocupacional no oculta el hecho de que se produjo un deterioro de los ingresos reales del mundo del trabajo en relación al comportamiento del empleo informal. La elevada tasa de inflación, sobre todo del último año del gobierno de Alberto Fernández, fue un factor fundamental para que el sector laboral no registrado no pudiese tener el respaldo estatal para evitar una caída no despreciable del poder adquisitivo del trabajo no registrado. Aún cuando la economía en su conjunto cayó aproximadamente el 1,6% de su nivel entre el 2023 con respecto al 2022, dicha caída, como ya lo comentamos, se debió fundamentalmente al retroceso de la actividad rural, en particular la vinculada a la producción de cereales y oleaginosas. Este rubro contrastó en su desempeño con la actividad industrial y de la construcción, que tiene mucha mayor incidencia en los niveles de empleo existentes. Es por ello que el sector del trabajo, tanto el formal como el informal, pudo mejorar su nivel de demanda de fuerza de trabajo, tal cual lo consignamos arriba, a niveles no vistos desde la crisis del 2001-2002. El gobierno actual recibió una economía en expansión, pues las siembras de soja y maíz van a permitir repuntar significativamente su producción del 2004-2005 cotejada con la del año anterior. Entonces, ni el nivel de actividad preponderantemente urbana, ni el proceso ocupacional cierran el ciclo constitucional 2019-2023 con datos desalentadores. Por el contrario, la actual política económica de ajuste salvaje va a producir un cambio fundamental en el desempeño económico y social solo imputable a la gestión presente y para nada relacionado con lo recibido del gobierno anterior. En lugar de la híper-devaluación salvaje del 13 de diciembre del 2023, podría haberse articulado una gestión económica con rasgos positivos para este año, con incorporación de por lo menos 20.000 millones de dólares, fruto de la exportación de trigo, maíz y soja que se perdieron por la sequía el año pasado. Era factible esperar un aumento de la inversión de y la producción industrial que le daba armas a un eventual gobierno continuador del anterior que abría la posibilidad de encarar, ya con mucha más holgura económica, una estrategia adecuada de estabilización del poder adquisitivo de la población. Lamentablemente, se está reimplantando con dureza inusitada lo peor de la estrategia neoliberal del 2015, frustrando así una transición que hubiese sido mucho menos costosa en términos de daño social.