“Cuidar la firma”, en la jerga de la administración pública, es evitar que los diferentes políticos que pasan por cargos jerárquicos cuyos secretos muchas veces desconocen guarden las formas, no comentan errores, no se mereen en la maraña burocrática ni pierdan los expedientes. En definitiva, que no metan la pata firmando cualquier cosa cuando al llegar la tarde se enfrentan en su escritorio (o en su computadora, a partir de la digitalización) con un pila de expedientes que necesitan su firma.

En la Secretaría de Agricultura, la tarea estratégica de “cuidar la firma” de los diferentes secretarios que pasaron por ese lugar en los últimos quince o veinte años era realizada por tres abogadas que el pasado 20 de febrero fueron echadas de muy modo sin que el nuevo titular de esa cartera, Fernando Vilella, ensayara la más mínima defensa de su labor. La noticia se las dio incluso un funcionario de otro área, el subsecretario de Gestión Administrativa de l Secretaría de Industria, Joaquín Pérez Trípodi, porque el ex decano de la Fauba ni siquiera se animó a dar la cara, según relató una de las profesionales despedidas a Bichos de Campo. Ellas pidieron que su nombre no se publique en esta nota, para poder intentar seguir su vida laboral en otro lado.

La noticia de los despidos de estas tres abogadas, que a pesar de trabajar dentro del Estado desde un par de décadas no eran planta permanente sino que lo hacían bajo la denominada “Ley Marco”, y por lo tanto no recibirán ninguna indemnización por el despido, ya que directamente se les dio de baja el contrato a partir del 19 de febrero, se produjo unos pocos días después de que se escribiera uno de los capítulos más oprobiosos en la larga historia del Ministerio de Agricultura: la pérdida total de su autonomía administrativa y de manejo del personal a manos de la Secretaría de Industria, desde donde ahora firmarán los cheques, los nuevos contratos y otras decisiones administrativas cotidianas.

Esta claudicación, que podría tener efectos contraproducentes en la gestión cotidiana de recursos y personal en la cartera agropecuaria, por ejemplo ante la aparición de una plaga o las emergencias climáticas, tampoco fue resistida por la gestión de Vilella, quien tiene un pecado de origen: no viene de la política ni pertenecía a las filas del presidente Javier Milei sino que fue contratado para redactar una plataforma agropecuaria de la que el libertario carecía por completo.

Luego de esa “gestión” fue confirmado en el cargo por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, incluso antes del nombramiento de quien ahora resulta ser su jefe, el ministro de Economía Luis Caputo.

Cuando se acomodó en el poder, Caputo designó en Industria y Desarrollo Productivo -un cargo equivalente al del secretario de Agricultura- a Juan Pazo, un hombre de su extrema confianza, y a él le asignó la coordinación de todas las áreas “productivas” de su cartera. Así fue que se llegó a la decisión de disolver la Subsecretaría de Gestión Administrativa que funcionaba en el edificio de Paseo Colón.

Pazo tomó a través de Trípodi el control de las finanzas y el personal de Agricultura, en una decisión que no tiene antecedentes en la historia de esa cartera fundada por Ley 3727 del año 1898, durante la segunda presidencia del General Julio Argentino Roca. Previamente, en 1871, Domingo Faustino Sarmiento había fundado el Departamento Nacional de Agricultura, que dependía del Ministerio del Interior pero también manejaba sus propios recursos. Eran las épocas en que se creía que la Argentina saldría adelante produciendo y no sometiendo a sus productores a las necesidades de caja de las finanzas públicas.

Vilella, al ofrecer justificativos de su evidente docilidad, dijo que este movimiento era parte de un proceso general de la administración pública, que quedará explícito cuando salgan las normas de reorganización del Ministerio de Economía. No explica eso por qué la SGA de Agricultura fue a parar provisoriamente a la Secretaría de Industria y no a la Subsecretaría de Administración del Palacio de Hacienda, como correspondería por lógica.

Por ahora, en Agricultura hay una suerte de “intervención” administrativa por parte de dos contadores enviados por Pazo.

Ya se verá como impactará en la tarea cotidiana de la debilitada Agricultura (que Vilella pretende denominar ahora Secretaría de Bioeconomía) y sobre todo en la velocidad de los expedientes que por allí transitan. “Todo el circuito administrativo de cada expediente empezaba en nosotras y terminaba en nosotras”, explica una de las abogadas expulsadas sin que mediara más que una triste explicación: “Ya no son necesarias”.

Tiene lógica, pero es una lógica de subordinación indigna: casi sin nada para firmar, el secretario de Agricultura de Milei no necesitará quien le “cuide la firma”. El Estado, así, perdió un valiosísimo capital: profesionales formadas que no será fácil recuperar cuando se necesiten. Nadie las cuidó, a nadie parece importarle.

Total luego los libertarios se quejarán de lo mal que funciona el Estado que ellos están desguazando.

El sometimiento de Vilella es tal que, según alguno de sus allegados, ni siquiera se ocupó de revisar una lista de cerca de diez personas que fueron despedidas como perros, sin que mediara ningún análisis sobre las funciones que cumplían, sin cumplir los plazos de los contratos (que vencían en marzo) y sin darle chance de reubicarse en otros sectores de la Secretaría que eventualmente necesitaran personal.

En esa lista, que preocupa a los delegados de ATE en Agricultura, también figuran históricos administrativos del Fondo Especial del Tabaco (FET) y otros vinculados a la administración y control pesquero de Mar del Plata.

^{Fuente: Bichos de Campo - Marzo 2024}