La realidad nos dice que, entre diciembre de 2023 y marzo de este año, el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil ha caído un 20,6% y el de las jubilaciones mínimas un 34,4%, ubicándose por debajo de la línea de pobreza. En tanto toda la actividad económica se hunde como consecuencia de la mega devaluación de la moneda nacional, el ajuste fiscal, la eliminación del circulante y otras medidas vigentes. La recesión hace caer la recaudación fiscal un 16% en términos reales. Y nuestra economía entra en depresión.

Es que, con la ilegal vigencia del DNU 70/2023, el Gobierno de Javier Milei está desmantelando nuestro debilitado sistema de precios internos, cuya liberalización sólo favorece el incremento exponencial de las ganancias de los grandes conglomerados empresarios, yendo a un esquema mundial de precios definido por éstos.

Esas grandes corporaciones – más allá de su domiciliación, sea en el país o en el extranjero – tienen una operatoria transnacional y se apropian de nuestro excedente económico - que debiera ser encausado a la inversión productiva- para transferirlo fuera del país, muchas veces eludiendo o evadiendo impuestos, e ingresando en el circuito de la especulación financiera de los grandes fondos de inversión.

En estos días agobia el aumento exorbitante de las tarifas de servicios públicos, como la electricidad y el gas. Se suma a la desmesura de la mayoría de los precios, incluso de los alimentos, medicamentos e insumos difundidos, que no se corresponden con sus costos reales de producción. Así se compromete la vida de millones de argentinos, el entramado socio productivo de nuestro país y su integración nacional.

Con esta realidad, es más que obvio la necesidad de reconstituir nuestro sistema de precios en pos del desarrollo industrial, principal fuente de generación de empleo. Comenzando por desacoplar los precios locales de los productos de exportación de los internacionales y, asimismo:

1. Es crucial la intervención del Estado en la regulación del precio de la energía ya que constituye un precio estratégico determinante para la producción de bienes y servicios que hoy impulsan la inflación, estableciendo tarifas asequibles y diferenciadas para las pymes, cooperativas y emprendimientos sociales de todos los sectores productivos regionales;

2. en relación a la energía eléctrica, se debe dejar sin efecto la Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía la cual incrementa en un 124% el precio mayorista de la energía eléctrica, afectando en mayor medida a las industrias y comercios que han sufrido incrementos de tarifas según consumo entre el 420% y 600%;

3. en relación al gas, es necesario volver atrás en la Resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía que lleva el precio PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a 4,4USD/MMBTU
 para el período invernal. Este ajuste injustificado, al tipo de cambio actual, implica un incremento de más del 300% sobre el precio medio del metro cúbico;

4. en general, la determinación de las tarifas de éstos y otros servicios públicos deben basarse únicamente en sus costos reales de producción y distribución en el país, no por ajustes automáticos por tipo de cambio o indexación por precios internacionales definidos por los conglomerados internacionales como hoy se está imponiendo;

5. al mismo tiempo son necesarias tarifas sociales puesto que acceder a su suministro constituye un derecho humano esencial para la vida de las familias trabajadoras, priorizando los hogares de bajos ingresos;

6. en este mismo sentido debe rechazarse el reciente DNU 302/2024 que deroga el control de los precios de los servicios de telecomunicaciones, como ser la telefonía celular e internet, esenciales para la vida personal y empresaria.

El mismo criterio de desconexión de los precios internos de los internacionales, como siempre señalamos, se debe seguir en relación a los alimentos. La producción argentina cubre las necesidades de varias veces los 46 millones de personas que integran nuestra población; no puede ser que no se garantice a nuestra sociedad precios al alcance de todos.

Lo mismo debe observarse para todos los insumos difundidos de producción nacional, a la par que se propicia la sustitución de los de origen extranjero.

De la inviabilidad de sus desordenadas y nocivas desregulaciones impuestas por el ilegal DNU 70/2023, habla el propio Gobierno. Por ejemplo, cuando su Ministro de Economía, Luis Caputo, señaló “subas desmedidas de precios” al reunirse con los principales supermercados en marzo, y luego que - a las empresas de medicina prepaga - “se les recontra fue la mano” con sus brutales aumentos.

Ahora, con la resolución 2024-1 de su Secretaría de Comercio e Industria ordena a las grandes prepagas de salud retrotraer precios a diciembre de 2023. Lo decide tras un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia imputando una situación de cartelización, acordada en la Cámara empresaria del sector (UAS). Sin embargo, procede con perversión al determinar readecuarlos según el IPC mensual detonado por la mega-devaluación de ese mismo mes.

Pero nada hace en relación a otros sectores oligopólicos y/o cartelizados a los que liberó en perjuicio de la inmensa mayoría de las familias y las empresas, como ser alimentos (lácteos, aceite, harinas y derivados, gaseosas, cervezas, azúcar), medicamentos, energía (petróleo, gas, y energía eléctrica) insumos difundidos (cemento, siderurgia, petroquímicos), insumos para el agro, sistema financiero privado, telecomunicaciones y electrónica.

El anárquico ajuste que se nos impone no es inevitable. Nuestro país es uno de los principales productores de alimentos, recursos energéticos y minerales, a la par que existen en su territorio grandes reservorios de agua dulce. Esas ventajas comparativas, con valor agregado, deben sustentar el desarrollo de una economía manufacturera, centrada sobre sí misma, que incluya a toda nuestra población y no orientada únicamente haciala exportación sin trabajo argentino agregado para satisfacer la voracidad de potencias y corporaciones extranjeras.

Necesitamos exportar, sí. Pero también producir ese valor agregado que es lo que va a aportar trabajo de calidad, e incrementar el valor de las exportaciones. Es decir, simultáneamente, con planificación integral – lo que no se hace desde 1974 – con políticas específicas en base a las ventajas comparativas de nuestros recursos. Y generando ventajas dinámicas a través de la industrialización, pero nada de esto será fructífero en la actualidad si no se toman medidas para limitar la fuga de capitales al exterior, que forma parte del modus operandi de los sectores dominantes durante estos últimos 50 años.

El actual Gobierno hace todo lo contrario, promueve las exportaciones del sector primario y desprotege a la industria, ello profundizará la caída del mercado interno. Todo lo contrario, también, a lo que hacen Israel y Estados Unidos, países a los que decidió atar su suerte, mientras hostiga a otros que demandan nuestras exportaciones.

El Presidente Javier Milei plantea la necesidad de reducir el déficit público. Podría hacerlo reduciendo las exenciones tributarias a segmentos injustamente privilegiados, y combatiendo con todo el peso de la ley la evasión y elusión tributaria. Sin embargo, toma la decisión política de que el ajuste recaiga sobre los ingresos de los trabajadores, activos o jubilados. Su objetivo es modificar la relación capital/trabajo, reduciendo la participación del salario en la riqueza nacional, con el fin de responder a los requerimientos de la Asociación Empresaria Argentina que, en ello, coincide con el cogobierno del Fondo Monetario Internacional.
Argentina creció y distribuyó ingresos cuando apuntaló su mercado interno, sustituyendo importaciones y promovió exportaciones con alto valor agregado. Con esa experiencia nadie puede dudar acerca de la importancia del salario elevado como ordenador y motor de la actividad económica.

En un mundo multipolar -con los centros hegemónicos reorganizando sus áreas de dominio- tener una economía donde los bienes son caros incluso en relación a los internacionales, y los salarios “baratos” en relación a los salarios del resto del mundo, no tendrá por resultado exportaciones con valor argentino agregado, ni mercado interno, ni desarrollo industrial propio. Es decir, no podrá ser más que una factoría colonial exportadora de sus recursos naturales, que siempre han sido el objetivo de los países centrales y de las grandes corporaciones transnacionales, hoy en particular de los grandes fondos de inversión especulativos.

Son las decisiones, acciones y resultados de la gestión del actual Gobierno, los que indican que ha decidido ser funcional a esos objetivos ajenos al interés nacional, de las y los argentinos que están pagando caro esta orientación.

No podemos seguir así. Tenemos que elegir entre consolidar la Nación, o ser factoría.

Por ello insistimos, la Cámara de Diputados debe confirmar el rechazo del Senado al DNU 70/23. En cuanto a éste, la Corte Suprema no puede rehuir la cuestión de fondo ante no menos de 45 millones de afectados por su aplicación. Ni desconocer que el Poder Ejecutivo no puede -bajo pena de nulidad absoluta e insanable- emitir disposiciones de carácter legislativo si, como es el caso, emite un decreto que no cumple con los requisitos de habilitación constitucional para su dictado.

Por lo mismo, el Congreso -que está en condiciones de funcionar sin grandes recesos- debe rechazar todo proyecto que promueva el Poder Ejecutivo insistiendo en una inconstitucional, innecesaria y -a la luz de los hechos- peligrosa delegación de facultades legislativas, lo que ocurre con su nuevo proyecto de ley bases.

Al mismo tiempo, es necesario diseñar la salida de esta encrucijada con un nuevo pacto social-federal, basado en un plan nacional común a todos los sectores regionales del trabajo y la producción, para revertir esta destructiva “terapia de choque”, superar la dinámica del caos que nos está imponiendo y responder a las necesidades impostergables de nuestro Pueblo.

Es hora de ver el mundo desde las y los argentinos, por y para los argentinos.

^{19 de abril de 2024}

^{FORO ECONOMÍA Y TRABAJO}

^{Ricardo Aronskind, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, , Cecilia Garriga, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli,
Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva}

^{Coordinación: Eduardo Berrozpe}

^{FORO ECONOMÍA Y TRABAJO Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de las organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, as í como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa econ ó mico con eje en el trabajo, la producción la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales foroeyt@gmail.com 11 49367981}