Caida estrepitosa del salario real

Una información clave para definir el perfil del proyecto económico actual consiste en analizar la evolución más reciente del salario real de los trabajadores registrados. Ello se obtiene de la estimación que realiza el Ministerio de Economía del salario RIPTE, publicada el jueves 11 de abril. El promedio del salario real según las fuentes oficiales cayó con mucha fuerza en el inicio de este año. El dato revela, como lo indica el gráfico que acompañamos, una baja de 19 puntos de porcentual entre noviembre del 2023 y febrero de este año. El lapso de los tres meses transcurridos indica un deterioro del ingreso promedio de los trabajadores en blanco que, confrontado con la información similar desde el año 2004, es el más bajo de toda la serie.

Si observamos la evolución del salario RIPTE, esta consigna un salario promedio de $619.007 que, comparado con el mismo indicador de 12 meses atrás (febrero del 2023) supone una reducción del 24,7%, caída que se concentra, como decimos más arriba, en el lapso noviembre ‘23 – febrero ‘24.

Si retrocedemos nueve décadas para atrás, un estudio reciente del instituto de estadística de la UMET (Universidad Metropolitana) informa que este elevado retroceso está solo por detrás del experimentado en 1976, con una baja de 37 puntos de porcentual en el primer tramo de la dictadura militar, y tiene valores muy cercanos a los experimentados en 1969 y 1989, fruto de las hiperinflaciones que afectaron a la economía nacional en el inicio de ambos años. Pero hay una notoria diferencia con lo acaecido en estos tres años citados  En el primero, fue una decisión de enorme daño al ingreso de los trabajadores en relación de dependencia bajo una estricta dictadura que pudo dictaminar con severa crueldad una perdida singular del poder adquisitivo de los trabajadores registrados bajo el amparo de una eventual y aguda represión si había respuesta de los   millones de damnificados. En las otras dos circunstancias el derrumbe fue fruto de elevaciones desmesuradas de los precios, en situaciones de total descontrol del sistema económico.

Excluido el caso de 1976, que no es el actual en el país, es dable remarcar que el fuerte deterioro del salario real se justifica en los dos casos más recientes arriba citados dado que la destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores sufrió los efectos de una desbandada acentuada del proceso inflacionario.

El caso actual no tiene ningún parecido con los dos anteriores. El incremento de precios de los meses previos al 13 de diciembre del 23, cuando se decretó una devaluación del 118 por ciento a tres días del nuevo gobierno, los aumentos del Índice respectivo oscilaron entre un 11 a un 8 por ciento, para nada parecido con los datos de 1969 y 1989, con desbordes de más de 3000 puntos de porcentual. Ahora no había hiperinflación. Los índices de todo el año 2023 a lo sumo tuvieron un par de meses con valores en torno al 10-11 por ciento y un promedio mensual del 9 por ciento, valores que todavía son más bajos que los de diciembre del 23 y enero, febrero y marzo del 24.

Está claro que la actual estampida de precios, que corroe el salario real en forma sensible según información de la Secretaria de Trabajo, no está precedida por ningún fenómeno hiperinflacionario ni un desajuste singular de la evolución de tales precios de bienes y servicios. Esta caída tan fenomenal es fruto de una decisión consciente y deliberada del gobierno de Milei que perjudicó, con una devaluación innecesaria (pues no había tal atraso cambiario.) y por demás exagerada a los perceptores de ingresos fijos licuando sus salarios y transfiriendo ingresos hacia los grandes exportadores de “commodities” (maíz, soja, trigo, carnes, productos metálicos como tubos sin costura, minerales y alimentos con bajo procesamiento manufacturero).

Está claro que hay ganadores -grandes grupos económicos favorecidos por un tipo de cambio con un desusado incremento y liberación de precios con descomunales subas en el área de servicios por presencia dominante en el mercado- y grandes perdedores -los que viven de su trabajo personal presente o pasado-. De haber datos de la caída de los ingresos del sector informal la misma sería, seguramente, más acentuada que la del salario del sector formal.

En el grafico que se acompaña, que se preparó con datos oficiales en la edición del matutino BAE Negocios el jueves 11 de marzo, se puede reconocer con claridad los periodos donde fueron alternando gobiernos de diferente color político y cómo durante ellos se comportó el salario real formal. Así, se advierte que desde el año 2004, cuando presidia los destinos del país el Dr. Néstor Kirchner, se reconoce una persistente elevación del salario real del trabajo registrado hasta el año 2015, cuando finalizó su mandato la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Fue un lapso prolongado de recuperación de fuentes de trabajo y de fortalecimiento del mercado interno. El gobierno que la sucedió, de neto corte conservador y neoliberal presidido por el Ing. Mauricio Macri arrancó con una fuerte baja del salario real, una leve recuperación en el año 2017 y un brusco descenso en el bienio 2018-2019. Un real fracaso con evidentes perjuicios a las condiciones de vida de los trabajadores formales. En el siguiente periodo constitucional 2019-2023 se verificó una leve caída producto de la pandemia y la sequia que se presento al final del cuatrienio. Pero se estuvo lejos de cualquier crisis hiperinflacionaria, como ya se consignó. El nuevo gobierno presidido por el Lic. Milei arrancó con una feroz devaluación, totalmente innecesaria. Ello supuso una fuerte caída del salario real por el golpe inflacionario que desató esa devaluación. De un índice de 77,6 puntos a fines de noviembre del 2023 el salario real medio bajó al cierre de febrero del 2024 a un valor de 50 puntos, o sea la mitad del pico máximo del 2015, y una caída de más del 30 por ciento en tres meses. Un verdadero despojo del poder adquisitivo de los trabajadores formales que de por sí sólo explica el carácter profundamente regresivo y perverso de la política economica oficial que apunta a licuar salarios y supone elevar sustancialmente la tasa de ganancia de los sectores más concentrados y extranjerizados de la economía.

El Estado y las Grandes Inversiones

El presidente Milei en su viaje a Italia cuando ya había asumido el cargo, formuló declaraciones a la prensa caracterizando la figura del Estado en forma concluyente. En el reportaje televisivo al que hacemos alusión expresó textualmente: “El Estado es una asociación criminal”. Y agregó, para clarificar la idea de su interpretación del rol actual del estado: “Es la mayor organización criminal del mundo. El estado te roba todos los días”.

Estas palabras configuran una definición terminante. Para la concepción política del presidente el Estado aparece demonizado como nunca antes en las palabras de un líder, no solo de nuestro país, sino incluso de cualquier otra nación en épocas contemporáneas.

En primer lugar, él es Jefe de Estado, por lo tanto, es jefe de una asociación criminal. Como auto confiesa, debería la autoridad judicial del país proceder a que se establezca qué delito encuadra en el código penal su confesión de ser jefe de una asociación criminal, la mayor del mundo según su caracterización. El único indicio que tendría algún integrante del poder judicial para indagar sobre si el presidente transgrede alguna norma del código penal, es lo que él mismo afirma que hace el estado todos los días. El Lic. Milei enfatiza que esa institución central de la vida de la Nación roba cotidianamente.

Sorpresivamente, el presidente ha incluido en el proyecto de ley que oportunamente elevó al Congreso Nacional, iniciativas que asignan al Estado funciones significativas para el destino del país. Lo ha hecho en el llamado “Proyecto Ley Ómnibus” en forma concreta: Le asigna al Estado una función central en la promoción del desarrollo económico nacional. Se trata de la propuesta de un Nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que como tal, le autoriza al Estado a disponer un conjunto de medidas tendientes a favorecer dichas inversiones que implican acciones de política económica de gran relevancia e impacto. ¡Qué contradicción tan clara! ¿Cómo es posible que se le proponga otorgar al Estado funciones que no se condicen con que el mismo sea una organización criminal? La contradicción citada es evidente entre los principios generales que el presidente sostiene y las ventajas que pretende que se le otorguen a la institución que le roba a todo el mundo para promover el desarrollo de grandes inversiones, enorme y compleja responsabilidad que no debería asignarse a una institución criminal y ladrona. Y esto lo sabe muy bien el Presidente porque es el autor de las frases descalificatorias referidos al Estado. Por algún lado, falta a la verdad. O el Estado es una institución virtuosa que es apta para encargarse de promover grandes inversiones o es un ente criminal. ¿Cuál será la concepción real del Estado o cual la falsa, para el Lic. Milei?

Es realmente sorprendente que se nos coloque en esta disyuntiva por las imprecisiones muy graves del máximo responsable de los destinos del país.

En la concepción original, el estado es despreciable y hay que destruirlo. En la concepción inserta en el proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados, el criterio es “el Estado auxilia” con decisiones clásicas de un poder presente a partir de reducciones en los impuestos, libertad para remitir ganancias al exterior, subsidios a la compra de bienes de capital importados, etc. Aquí el Estado no solo es un poder constitucional muy activo, sino que, si se convierte el proyecto en ley, le permite al gobierno de Javier Milei la opción de otorgar fuertes beneficios a inversores de gran dimensión, a la vez que se los niega a los dueños de empresas pequeñas y medianas y de capital nacional. Es una clara discriminación para alentar voluminosas inversiones sin averiguar el origen de los recursos y su legitimidad. Tan cierto es eso que la Unión Industrial Argentina, en una tímida pero importante reacción, criticó, tal cual lo hicieron asociaciones de pequeños empresarios, la notoria discriminación que perjudica por parte del Estado a las actividades productivas realizadas con recursos locales y de tamaño acorde con la decisión empresarial, preferentemente dirigidas a emprendimientos pequeños y medianos. Aquí el Estado no es criminal, sino que juega el papel de gran propiciador de voluminosos proyectos de inversión que desplazan y sustituyen los locales, dándole fuertes apoyos para que incrementen su tasa de ganancia, sin ningún requisito compensador, como sería la obligación de contratar aportes en bienes y servicios a empresarios locales necesarios para la actividad proyectada. O sea, el estado sería un Robin Hood al revés.

Pero hay más. El GAFI, celoso centro internacional que vigila operaciones de narcotráfico, realizadas con recursos dudosos, incluyendo lavado de dinero, ha formulado reparos a la ausencia de cualquier control sobre el origen de las inversiones que se piensan alentar desde un Estado que dejó de ser criminal.

En algunas provincias norteñas, los gobiernos locales alientan esta iniciativa, con la esperanza de recibir pagos por regalías o impuestos locales cuando se efectivicen. Pero en el articulado del proyecto se establecen criterios restrictivos de tales supuestos beneficios al prohibirse el cobro de impuestos de origen provincial a quienes opten por efectuar radicaciones significativas de recursos en programas de extracción mineros. La ilusión del Estado Nacional benefactor (que ahora deja de ser una asociación criminal) se convierte en una mera ilusión.

La notoria contradicción entre un estado gestor de nuevas empresas de monumental dimensión y que incluye las que se radiquen para adquirir empresas existentes, y la otra que es profundamente descalificatoria del Estado salta a la vista sin ninguna dificultad, y se acomoda al espacio abierto por el gobierno de ultraderecha a los grandes negocios. Extraer recursos naturales necesarios en los desarrollos acelerados de nueva gama de bienes producidos en el marco de las iniciativas de las grandes potencias industriales de Occidente es virtuoso, según la visión de la ley. La destrucción del Estado de bienestar que es la política implantada desde el 10 de diciembre de 2023 supone despidos, baja del salario real y cierre de actividades como las que integran la Universidad pública en todo el país, con sus más de 2 millones y medio de estudiantes. Pero cuando se trata de favorecer al gran capital internacional se ponen en marcha acciones de fomento y de otorgamiento de abultados subsidios que difieren, totalmente, del despiadado Ajuste en marcha.

En síntesis. El proyecto oficial de país es el de menor o nula presencia para señalar apoyos imprescindibles al desarrollo integral y equitativo favorecedor de las grandes mayorías y frente a un programa de aliento y amparo a la gran inversión extranjera que no deja beneficios en el país.