En su mensaje del 6 de agosto por el día patrio, el presidente Luis Arce agitó el campo político y movió la agenda del debate en Bolivia al anunciar que llevaría a consulta ciudadana tres temas controvertidos: la subvención a los hidrocarburos, el número de escaños parlamentarios y la posibilidad de reelección (continua o discontinua) del binomio presidencial. La votación se haría el 1°de diciembre, junto con las ya convocadas elecciones judiciales, y el solo anuncio generó recelo y cuestionamientos.

«Momentos difíciles requieren decisiones firmes», señaló Arce para justificar su anuncio. Es cierto que Bolivia afronta momentos difíciles. La crisis político-institucional, contaminada en extremo por la guerra interna en el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), derivó en un escenario de bloqueo institucional y parálisis administrativa que afecta la gestión de un gobierno cada vez más cuestionado.

Los números rojos y la escasez de divisas evidencian, al mismo tiempo, la compleja e incierta situación económica. Y los momentos difíciles de un gobierno débil pueden conducir a decisiones erráticas. No de otra forma se entiende la intención de convocar un referéndum para que la ciudadanía decida sobre una competencia privativa del Estado central. ¿Tiene sentido preguntarle a la gente si debe mantenerse o no una subvención a la gasolina y al diésel hoy insostenible, que demanda alrededor de 3.000 millones de dólares al año? El boquete presupuestario provocado desde hace años por esta subvención -que el propio Evo Morales intentó reducir sin éxito a fines de 2010- requiere de una política pública urgente antes que de una consulta dilatoria.

Los otros dos temas propuestos implican la reforma parcial de la Constitución de 2009. La Cámara de Diputados boliviana tiene 130 integrantes. Es un número fijo, establecido por la Constitución. Luego de cada censo poblacional, se los distribuye entre los nueve departamentos del país con arreglo a los datos de población y un factor de compensación por menor número de habitantes y menor desarrollo económico. Es una labor técnica, a cargo del órgano electoral, que suele generar tensiones con los departamentos que pierden parlamentarios. Arce quería abrir ese candado a menos de un mes de conocerse los datos del censo realizado en marzo de este año.

En cuanto a la reelección, la propuesta de referéndum estaba dirigida, de manera directa, a bloquear la candidatura del ex-presidente Evo Morales en 2025. La Constitución establece el límite para la reelección continua, pero no prohíbe la reelección discontinua. Por eso el gobierno se propuso cerrar esa posibilidad. 

Pero el triple referéndum se cayó en apenas 24 días. Primero, porque su convocatoria por decreto, como pretendía el gobierno, es inconstitucional, además de inviable. Cualquier reforma parcial de la Constitución solo puede activarse por iniciativa popular, con la firma de 20% del padrón electoral, o por iniciativa legislativa, con una ley aprobada por dos tercios de los asambleístas. Pero el gobierno no tenía tiempo ni mayoría calificada.

El motivo fundamental del naufragio de la consulta fue, de todos modos, las preguntas. La legislación establece que, como requisito previo a la convocatoria, las preguntas deben pasar por una verificación técnica y luego por un control de constitucionalidad. Transcurridas dos semanas desde su anuncio, Arce mandó cuatro preguntas al Tribunal Supremo Electoral. Ninguna cumplía los criterios de claridad, precisión e imparcialidad. Tres fueron devueltas con observaciones y una, la de los escaños, al constituir una reforma constitucional, no podía ser incluida en la iniciativa.

El gobierno debía reformular las preguntas y enviarlas nuevamente al órgano electoral para su verificación técnica. Por algún cálculo o extravío, las mandó directamente al Tribunal Constitucional para el control de constitucionalidad, peor formuladas y hasta con errores absurdos (por ejemplo, decía «forma» donde debía decir «reforma»). Los magistrados, pese a su alianza con el gobierno, declararon «improcedente» la solicitud.

Hasta ahí llegó, al menos por ahora, la aventura plebiscitaria del presidente Arce. La intención de realizar el referéndum el próximo 1° de diciembre, junto con las elecciones judiciales, quedó fuera de plazo. El gobierno tardó más de 72 horas en reconocer que no habrá consulta este año, pero dejó abierta la posibilidad de que sea convocada «en el plazo que permita la ley». En el mejor de los casos, podría convocarse luego de las elecciones judiciales y realizarse en marzo de 2025, apenas un mes antes de la convocatoria a las elecciones generales previstas para agosto. Un sinsentido.

Como mecanismo de la democracia directa, el referéndum expresa el derecho ciudadano a decidir. El problema surge cuando se malogra con lógica plebiscitaria o, como en este caso, se instrumentaliza en función de intereses políticos faccionales. O peor, cuando se burla su carácter vinculante, como hizo el ex-presidente Morales al desconocer el resultado de la consulta de 2016 sobre la reelección. El referéndum es demasiado importante como para dejarlo librado a las razones de presidentes fuertes o de gobiernos débiles.

¿Qué sigue ahora? La consulta interrumpida dejó intactas las tres cuestiones que Arce pretendía llevar a votación popular. El día después, el gobierno, sin espalda para decidir nada sustantivo sobre la subvención a los hidrocarburos, debe gestionar el cada vez más insostenible «bicicleteo» para conseguir divisas que garanticen al menos temporariamente la provisión de gasolina y diésel. En estos días hay escasez parcial, largas filas y protestas de los transportistas. El sector productivo, con centro en la agroindustria de la región de Santa Cruz, anticipa complicaciones para su actividad en uno de los núcleos económicos del país.

La restricción de hidrocarburos va de la mano de la carencia de dólares. El inalterable tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos por dólar (con escasas variaciones en las últimas dos décadas) llegó a duplicarse en el mercado paralelo, gatillado por el difícil acceso a dólares en el sistema financiero y por la especulación subsecuente. Ello deriva en el incremento de precios, en especial de bienes importados. La triada combustibles, dólares e inflación agita la bandera de protesta de diferentes sectores sociales, con elevado potencial de conflictividad en el corto plazo. El gobierno se reunió con los empresarios privados y acordaron una agenda para enfrentar el temporal, pero las amenazas de conflicto social siguen vigentes.

En cuanto a la distribución de escaños en la Cámara de Diputados, la discusión quedó subordinada a la renovada disputa y desconfianza alrededor del Censo Nacional de Población, cuyos resultados preliminares fueron difundidos el pasado 29 de agosto. «Somos 11.312.620 bolivianos y Santa Cruz es el departamento que más creció y más poblado», titula el portal del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos generaron sorpresa y rechazo por distanciarse de las estimaciones poblacionales del propio INE.

Más allá de la importancia de los datos actualizados de población y vivienda para fines de planificación y adopción de políticas públicas, las expectativas sobre los resultados del censo se vinculan con sus efectos distributivos, de recursos económicos y de escaños. Por primera vez, Santa Cruz superó a La Paz y es el departamento más poblado de Bolivia. No obstante, no suma los 4.000.000 habitantes que algunos esperaban, sino poco más de 3.100.000. «Nos robaron un millón», denunció la dirigencia cívica cruceña, articulada en el Comité Pro Santa Cruz, y anticipó movilizaciones contra el «fraude censal».

Con los datos de población por departamento, el tablero de escaños se moverá muy poco. Santa Cruz solo gana un diputado (aspiraba al menos a tres), y suma 29 escaños de los 130, el mismo número de representantes que La Paz. El escaño que gana Santa Cruz posiblemente lo pierda el departamento de Chuquisaca. Los datos ya fueron enviados formalmente por el INE al órgano electoral para que en las siguientes semanas realice la distribución de escaños que regirá en las elecciones de 2025.

¿Y qué pasa con la reelección del binomio presidencial? Esta cuestión, que polarizó a la ciudadanía en el referéndum de 2016 y, en especial, en las fallidas elecciones de 2019 en torno de la repostulación de Evo Morales, continúa en agenda. Pero a la persistente disputa entre masistas y antimasistas que ha dividido a la sociedad boliviana hoy se suma la opaca querella entre evistas y arcistas, que divide al propio oficialismo (al MAS y a las organizaciones sociales que lo componen). El gobierno apuesta por vetar la candidatura de Morales, mientras este advierte con una convulsión social en defensa de su «derecho humano» a postularse «por las buenas o por las malas».

La disputa por la candidatura presidencial amenaza con dinamitar el propio instrumento político que gobernó Bolivia desde 2006, con tres victorias sucesivas de Evo con mayoría absoluta de votos. Sin acuerdo entre el partido, controlado por Morales, y las organizaciones sociales matrices, cooptadas por Arce, el MAS-IPSP no logra convocar un congreso ordinario para renovar su directiva conforme al estatuto orgánico. Este bloqueo por mano propia podría derivar en una segunda amonestación a cargo de la autoridad electoral: el partido estaría a solo una sanción más de perder la personería jurídica y, por tanto, quedar fuera de las elecciones. Sería inverosímil que el mayor partido político de la historia democrática de Bolivia quede fuera de juego por la lucha intestina de sus facciones.

¿Quién tendría que decidir sobre la posible repostulación de Morales? En principio, ya no se definirá en referéndum. Tampoco parece suficiente para cerrarle el paso al ex-presidente una extraña mención a la inconstitucionalidad de la reelección, incluso no consecutiva, del Tribunal Constitucional, en el marco de una sentencia sobre otra cuestión. Es probable que los nuevos magistrados electos en diciembre se pronuncien. En tanto, la determinación quizás corresponda al Tribunal Supremo Electoral, cuando deba verificar el cumplimiento de requisitos de los candidatos presidenciales. Pero estamos lejos de ese momento.

Lo evidente, con miras al nuevo ciclo electoral, es que no habrá elecciones primarias para binomios presidenciales, que el próximo 1° de diciembre se votará en Bolivia en una cuestionada elección de altas autoridades judiciales, y que hay certeza sobre la fecha de las elecciones generales: 17 de agosto de 2025. Pero no se sabe cómo se transitará a esos comicios en medio de la polarización, la implosión masista y la fragmentación opositora (a la fecha hay 16 precandidatos a la Presidencia, la mayoría más cerca de la red social X que de la calle).

Tres palabras definen bien el actual contexto en Bolivia: crisis, polarización e incertidumbre. Nada nuevo en el paisaje regional. Una crisis recargada que combina bloqueo de la política, gobierno dividido, degradación de las instituciones, inestabilidad económica y vientos de conflictividad social; un escenario alejado de la estabilidad política y el crecimiento económico del periodo 2006-2019. La persistente polarización, que llegó para quedarse, es heredera de tensiones irresueltas de la historia larga, atizadas por la fractura de la crisis de 2019. Y un sentimiento de elevada incertidumbre y pesimismo sobre el futuro se ha extendido en la sociedad boliviana. Las percepciones importan. Y los discursos también.

Hasta hace algún tiempo, la oposición denunciaba que el presidente Arce, arropado por los magistrados del Tribunal Constitucional y una provocada crisis en el órgano electoral, buscaría prorrogarse en el cargo, además de allanar un nuevo mandato. Hoy el gobierno denuncia que la derecha opositora y el evismo, que impiden la aprobación de créditos en el Parlamento, están tejiendo una convulsión para forzar la renuncia del presidente y la convocatoria adelantada de elecciones. Evistas y arcistas se acusan mutuamente de «pactar con la derecha».

Entre tales extremos, la pregunta prospectiva es en qué condiciones llegará el país a las elecciones de 2025. En las calles, el interrogante es más simple: ¿llegará?

¿Bolivia está cerca de una crisis de gobernabilidad? ¿Se dirige hacia una crisis de representación política como la que ya viven varios de sus vecinos? ¿O se sitúa en el umbral de una crisis de Estado? Hay que caracterizar la crisis. En el análisis de escenarios de corto plazo no parece haber ninguna luz: el mejor parece que todo siga igual, que la situación no empeore.

Entre los ingenuos del «pese a todo, vamos a salir adelante» y los entusiastas profetas del colapso, abundan miserias y minucias de la política-politiquera. Es el nuevo «tiempo de las cosas pequeñas», del que se lamentaba el político e intelectual Sergio Almaraz en el ocaso de la Revolución Nacional de 1952. A menos de un año del Bicentenario, que se conmemorará el 6 de agosto de 2025, ningún actor relevante está pensando el largo plazo ni trazando visiones de país. En el debate político y en la conversación pública se van borrando las huellas del proceso posconstituyente y sus horizontes refundacionales. Quedan la transición y el ajuste -y las pequeñas peleas políticas-.

Así, el reto tras el frustrado referéndum de Arce continúa siendo ganar tiempo sin naufragar. Al menos hasta la renovación del Poder Ejecutivo, una nueva correlación en el Legislativo y la recomposición del campo político (lejos del MAS-IPSP como partido dominante). Es una especie de cuenta regresiva con escenarios de cortísimo plazo en el que nadie sabe cuál será la naturaleza de la transición ni quiénes serán sus protagonistas.

Si en el MAS la lucha es entre Evo Morales y Luis Arce, en la oposición no emergen por el momento nuevas figuras. Con tristeza para unos, euforia para otros, se divisa una incierta deriva del proyecto plurinacional popular que viene de la histórica Marcha indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990 y se consagró con la victoria de Morales a fines de 2005.

¿Y el ajuste? Es claro que Arce, sin fortaleza decisoria, no adoptará ninguna medida drástica para enfrentar la crisis. Pero la «inevitabilidad» del ajuste circula ya en el sentido común. Aunque sin mucha idea sobre su alcance y naturaleza, posiblemente sea tarea del próximo gobierno. ¿Implicará recurrir al Fondo Monetario Internacional? ¿Incluirá privatizaciones y ajuste tradicional? ¿Es viable algún otro esquema de financiamiento? ¿Será con política de shock o aterrizaje suave? ¿Quiénes pagarán la cuenta? Se trata de preguntas que no se incluirán en ningún referéndum.

^{Fuente: Nueva Sociedad - Septiembre 2024}