1. Superávit fiscal, ¿Quién lo paga en la realidad?

Una cuestión  me preocupa hace rato como profesional de la economía, ciencia nada exacta, por supuesto, referente a dos cuestiones que se discuten mucho en el escenario político y económico nacional y que fundamenta en datos emanados de fuente oficial

. En primer lugar me voy a referir al tema del saldo de las cuentas fiscales, es decir a discutir si hay déficit o hay superávit en las cuentas fiscales. El Gobierno Nacional sigue postulando férreamente la política del déficit fiscal cero y aspira a obtener si fuera posible  superávit fiscal a contar de las diferencias entre ingresos y egresos del fisco nacional, y para ello muestra información detallada de cómo se compone el ingreso mes a mes y cuáles son las partidas que implican egresos en los mismos periodos mensuales. En primer lugar, lo que hace el Gobierno Nacional, a diferencia de cálculos previos, es no tomar en cuenta los valores devengados, es decir, los valores que deberían ser ingresados o cancelados por el fisco nacional en términos de impuestos,  gastos, y niveles de inversión respectivamente. Toma solo el movimiento de caja, lo cual hace que algunos egresos que deberían pagarse, no se abonan, se acumulan como deuda, escondiendo entonces un déficit encubierto. El principal análisis proviene de un artículo periodístico que toma como referencia diversos estudios de consultores privados o centros de estudio universitarios. En primer lugar, al no incluirse algunas erogaciones claves que se acumulan para ser abonadas a futuro, se oculta un déficit real que aparecería con cifras elevadas. Luego, se omiten datos sobre intereses de la deuda pública, que también se desplazan para adelante. Finalmente, las partidas que efectivamente se han reducido en magnitud explican la superación del   déficit, pero tales reducciones disminuyen gastos e inversiones del Estado que son muy difíciles de mantener en el tiempo. Detallo ahora los contenidos específicos de cada una de estas 3 causas.

En primer lugar, el Ministerio de Economía no pagó la deuda con las empresas energéticas por 600.000 millones de pesos acumulada desde diciembre pasado y enero de este año. Entrego bonos públicos con vencimiento al 2038, bonos que, según los cálculos de consultores privados suponen un aumento muy importante de lo que se debía haber pagado según lo devengado tal que, en el primer trimestre, alcanzan al doble del superávit fiscal anunciado. Las constructoras de Obras Públicas ,por ejemplo, tienen deudas impagas a  su  favor que el Gobierno dice que son un poco más de 100.000 millones de pesos  La Cámara de la Construcción, o sea, los empresarios , afirman que son 450.000 millones. De con firmarse esta última estimación se sumaría un valor importante al egreso postergado – lo que es muy probable-destruyendo la tesis de la desaparición del déficit fiscal. El segundo punto es un trámite contable que hace el Gobierno de los intereses de bonos de la deuda pública interna de tal modo que no los toma en cuenta cuándo vencen, sino que los traslada para más adelante dejando de lado el compromiso devengado que sólo aparecerá en el momento en que efectivamente se abonen tales intereses. Hay una consultora, “P por Q”, que estima en su monitor fiscal que, si se incluyeran los intereses de las LECAP en el resultado financiero a partir de junio de este año, solo ese dato implicaría afrontar déficit fiscal.  El tercer ítem, el de los gastos o inversiones que no se pueden sostener en el tiempo en su política contractiva, muestra a través del análisis del Instituto  de Pensamiento y Política Públicas que el gasto primario tuvo una reducción del 27% en términos reales por  sobre el dato del año anterior En su composición esta baja de las erogaciones estatales  tuvo en la paralización de la obra pública su componente esencial Supuso  una caída del 68% de las transferencias a los ejecutores de obras que no se hicieron de acuerdo a lo  programado. Además, otro ítem importante fue el conjunto de las transferencias corrientes a las provincias, que bajaron un 70% con relación a los pagos del gobierno nacional a jurisdicciones provinciales sobre lo efectuado el año anterior, excluida la coparticipación que se hace efectiva en forma automática.

 Si vamos a la cuestión de las prestaciones sociales, un hecho real es el del menor haber jubilatorio, Hay diferencias entre algunos estudios contables o consultoras de institutos universitarios sobre realmente en cuánto resultó la disminución del gasto público nacional por la política de recorte de las jubilaciones, pero en  su conjunto estiman una caída del egreso fiscal nacional en torno al 20 % en términos  reales tomando como referencia el cálculo referido a las variaciones entre el setiembre de este año con igual mes del 2023

Es de hacer n otra que en el tercer factor que explica el achique del gasto total del Estado nacional se genera un singular daño social pues se ha provocado una expulsión del capo del trabajo de más de 100.000   trabajadores de la construcción, han cesado en su actividad por la paralización de la obra pública nacional

La cuestión del Ajuste a los sectores pasivos de la sociedad argentina merecen una con sideración especial Las perspectivas a futuro de este agrupamiento por demás numeroso( más de 6 millones de habitantes)  que deben ser sostenidos por el Estado obligadamente es altamente preocupante En el proyecto de presupuesto nacional para el año 2025 enviado por el Ejecutivo al Congreso se omite todo compromiso de recomposición de lo perdido en el año 2024, como arriba hemos consignado, criterio que se sostiene sin cambios para el año próximo Solo se acepta el método actual de tomar el índice de Precios al Consumidor y ajustar los aumentos mensuales para compensar la respectiva elevación de los precios acorde con lo que determina el INDEC Pero el monto de la remuneración para jubilados y pensionados, para los que cobran la asignación mínima, se completará- de aprobarse el proyecto oficial- todos los meses con un  bono de 70.000 pesos por mes. Pero este componente del pago no se va a actualizar Permanecerá fijo todo el año 2025 como se lo hizo  en el año 2024  Según un acreditado instituto de estudios, el CEPA, si se hubiera actualizado el citado bono al ritmo de lo  sucedido con el cálculo de las jubilaciones mínimas dada la inflación de este año, su actual valor seria de $ 135.140, casi el doble de lo que figura actualmente en el recibo de cada jubilado que cobra el haber mínimo Para el año 2025 - de mantenerse como se  prometió por el actual director del ANSES- el mismo método empleado en el 2024(bono fijo ) el ingreso real de los jubilados con la mínima ira cayendo a medida que el  monto del bono se deprecie por el salto inflacionario. El cálculo oficial consigna una predicción inflacionaria del 18 % Las estimaciones privadas preanuncian un probable incremento de precios para todo 2025 del doble de dicho porcentual Ese será, al final del 2025, el recorte real del bono

Además, acorde con el citado Instituto el cambio en la estimación de los aumentos mensuales de los haberes jubilatorios por la nueva legislación en comparación a la anterior indica que, en diciembre del 2024, con la fórmula de Milei, la jubilación mínima sin bono, se ubicará en $ 259,599 en tanto si se hubiera continuado con la fórmula anterior a diciembre del 2023, se ubicaría en $ 314.303. un 21 % más elevada.

O sea, los sectores de los trabajadores pasivos han estado financiando una parte sustancial del supuesto superávit fiscal que hoy se celebra por parte del gobierno.

2. Peripecias actuales del ingreso real de los trabajadores y sus perspectivas futuras

Expresiones enfáticas de las máximas autoridades gubernamentales del país coinciden en dar una imagen muy favorable de la evolución económica y social nacional. El presidente Milei no deja de remarcar que se ha reanudado el crecimiento económico y que han mejorado en forma evidente las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes del país. Si se analiza en detalle los indicadores más representativos del comportamiento estructural de la actual evolución socioeconómica, la realidad de los números desmienten las afirmaciones arriba comentadas. Veamos por qué. El principal argumento que definen quienes enfáticamente postulan una realidad virtuosa, descansa en dos afirmaciones puntuales que supuestamente son concluyentes al afirmar que existen signos positivos generalizados en la situación que define la calidad de vida de la población. Ellos serían el índice del costo de vida de los últimos meses, y el resultado del balance fiscal de los ingresos y egresos nacional durante el transcurso del año 2024.

Desde el punto de vista conceptual que la inflación haya vuelto a los índices de gran parte de la primera década de este siglo y de algunos años de la segunda década – escasos por supuesto – constituye un primer indicio de un probable mejoramiento de la calidad de vida de la población si el gasto mensual muy moderado  estuviera acompañado por un ingreso mensual que lo excede, es decir, si los que trabajan disfrutan de una situación social muy favorable porque tienen ingresos más elevados que los gastos que deben afrontar para su subsistencia cotidiana. Veamos cómo ha evolucionado en este aspecto la realidad contemporánea. Para el primer análisis nada mejor que remitirse al ingreso efectivo de los millones de habitantes que viven de su trabajo personal en sus muy diferentes facetas de la actividad productiva presente o pasada. Así, en términos muy globales, quienes perciben ingresos por su trabajo personal alcanzan una cifra estimada de 21 millones de habitantes, un 40% de la población total del país, que canaliza sus ingresos para afrontar la subsistencia diaria de los perceptores y sus respectivas familias. De las estadísticas nacionales sobre empleo se deduce que aproximadamente poco más de 6 millones de personas perciben sueldos y salarios de resultas del trabajo en relación de dependencia regidos por convenciones colectivas de trabajo en el sector privado de la economía. Un volumen muy similar al antedicho está constituido por los habitantes que desempeñan tareas informales, es decir, o que trabajan sin estar registrados, o que lo hacen por cuenta propia, o que realizan tareas por fuera de las negociaciones colectivas entre sindicatos y empresas por cuanto no se encuentran comprendidos en ningún sistema de los que regula la ley 14250. Un tercer núcleo de trabajadores tiene su lugar de desempeño en dependencias del Estado, ya sea a nivel nacional, provincial, o local. Aquí la cantidad de habitantes se estima ronda la cifra de un nivel algo superior a los 2 millones de personas. Por último, debe consignarse la existencia de una cifra aproximada a las 7 millones de personas que están incorporadas a los sistemas jubilatorios de distinto origen, así como los que reciben pensiones basadas en aportes estatales directos.

Recientes estimaciones sobre la evolución de ingresos y salarios de los trabajadores arriba consignados, a partir de información proporcionada por las respectivas estructuras estatales en donde desarrollan su actividad indican que en agosto de este año y en relación al dato correspondiente al mes de noviembre del 2023, el último del gobierno anterior, todos los habitantes que integran las categorías del mundo del trabajo que hemos descripto, han sufrido pérdidas de desigual intensidad en sus ingresos si se toman los promedios respectivos.  El sector privado formal y registrado perdió en promedio el 2,1% de su poder adquisitivo ,según estudios de consultores económicos reconocidos Pero no todos los analistas coinciden Algunos, en contraposición a lo arriba expresado, elevan esa pérdida a más del 6 por ciento Pero nadie disiente con  que la disminución consignada ha tenido lugar Los que trabajan bajo jurisdicción estatal vieron descender su salario real en un 16,5%, y los que constituyen el sector informal de la economía perdieron en términos reales, o sea descontado el impacto inflacionario, aproximadamente el 20% de su ingreso. En el área de quienes accedieron a una pensión o jubilación, el resultado negativo es muy heterogéneo, pero según la información oficial, en la composición del gasto público total que se redujo de noviembre del 2023 a agosto de este año el sector de retirados de la actividad laboral contribuyó en forma evidente a la disminución del gasto público en el período citado.

Si nos remitimos a la relación entre el salario real de agosto y los meses previos de mejor desempeño este indicador social tuvo caídas más elevadas. El salario real privado se encuentra un 7,8% por debajo del máximo de la gestión de Alberto Fernández, un 15,7% del máximo de la presidencia de Mauricio Macri (agosto del 2017), y un 20,1% del récord de Cristina Fernández en septiembre del 2015. Resulta totalmente claro entonces que para los mayoritarios integrantes de la población argentina que hoy trabaja, la situación que ellos afrontan es definitivamente peor que la que disfrutaban antes del período constitucional a fines del año pasado. Ello se debe, según la mayoría de los analistas, en que el ancla salarial es uno de los pilares de la estrategia desinflacionaria del gobierno actual.

Otros análisis realizados por centros de estudio o consultorías económicas  coinciden con esta conclusión a la que hemos precedentemente arribado. En un reciente trabajo preparado por el licenciado Julián Blejmar y publicado en el periódico BAE Negocios se consignan en base a datos oficiales informes de grupos de estudio correspondientes a cuánto perdió cada trabajador en promedio en la última década. El centro CIFRA dio a conocer datos de cuánto es la pérdida que correspondió a cada gobierno de tal modo que desde noviembre del 2015 a mediados de este año se acumuló una caída del salario real del 32%, con una baja del 20% durante la gestión de Macri, otra del 5% en la de Fernández, y una última de casi el 10% en los 6 meses de Milei. Un gráfico que acompaña este análisis preparado en función de un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, revela la evolución del salario perdido por los trabajadores a partir del año 2015 luego del fuerte incremento que obtuvieron en el lapso 2002 y el citado 2015. Ahí se advierte cómo en solo 6 meses de este año se produjo el mayor ritmo de caída de la pérdida del salario del conjunto de los trabajadores.

En síntesis, es falso que la situación haya marcado una mejora evidente en lo que realmente vale, el poder adquisitivo de quienes trabajan o disfrutan de un haber jubilatorio. El ritmo inflacionario se ha moderado en los últimos meses, pero una de las principales causas de tal comportamiento es la fuerte contracción del gasto público que ha dañado el ingreso no solo de los que dependen de las remuneraciones o jubilaciones pagadas por el Estado, sino que han generado una singular caída de la capacidad de consumo de la población, lo que generó, sin duda, un proceso de deterioro de la demanda con la consiguiente moderación en el aumento de los precios. La estrategia de controlar la devaluación del peso luego del shock del 13 de diciembre pasado, que supuso un ritmo de tal devaluación de solo el 2% mensual, fue el principal factor, junto al ya citado de la caída del consumo, en deprimir el ritmo de incremento que venía sufriendo la evolución inflacionaria en los últimos años.

¿Qué perspectivas se avizoran a futuro? Difícil resulta formular una predicción cuando la estrategia estatal no incorpora una recomposición salarial que compense la fuerte caída previamente comentada desde diciembre del 2023. En el proyecto de presupuesto a nivel nacional, no se consigna ninguna norma que implique recuperar lo perdido. Para el empleo público, en lo que supone la presencia de una política de remuneraciones que está marcada por el Estado Nacional, no hay ningún indicio de que se busque una recuperación del ritmo del salario real Por el contrario, en las resoluciones oficiales para el último cuatrimestre del año, se persiste en ofrecer salarios de menor cuantía que el deprimido nivel inflacionario mes a mes. Al mismo tiempo tampoco hay ninguna cláusula presupuestaria que permita devolverle a los jubilados y pensionados lo que les sustrajo hasta ahora la gestión del actual gobierno. Como ya puntualizamos, el proyecto de presupuesto propone una variación del haber de los trabajadores pasivos similar al cálculo que ha hecho el gobierno de la inflación para el año que viene (el 18% sobre el dato del año 2024) lo que es muy inferior a las estimaciones de los organismos internacionales y las consultoras privadas locales que calculan el salto inflacionario en exactamente el doble de lo que predice el proyecto gubernamental. O sea que de los 21 millones de habitantes que perciben ingresos por su trabajo actual o por lo que supuso su anterior vida laboral activa, casi la mitad ya está definitivamente condenada a seguir perdiendo ingreso real en el 2025, pues provincias y municipios no dispondrán de recursos suficientes como para ofrecer cualquier tipo de recuperación de ingresos. Habrá que ver qué sucede en el sector privado, pero por el momento las perspectivas no parecen alentadoras para los trabajadores respectivos. Dada la recesión y la caída del empleo, hasta ahora las organizaciones sindicales solo aspiran a enfrentar las estimaciones inflacionarias futuras, pero nada esperan de lo que perdieron en estos meses del 2024. Por supuesto esta predicción no toma para nada en cuenta un posible ajuste del tipo de cambio que tarde o temprano tendrá que afrontar el gobierno a partir del inicio del año que viene.

Graficamos a continuación el volumen total de los que se estima se ha perdido de masa salarial año a año en el tramo 2015 en adelante, con la mayor reducción en solo seis meses del actual gobierno, según lo estimado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas de la Universidad Nacional de Rosario y transcripto en la edición del 1 de noviembre de BAE Negocios en su página 3.

3. La historia inflacionaria reciente en nuestro país

El gobierno nacional hace referencia de modo permanente a los éxitos que acumula la baja del indicador del movimiento de precios al consumidor que publica mensualmente el INDEC. Con una caída del PBI del presente año hasta septiembre del 3,3% con respecto al mismo período del año anterior y con una reducción del consumo que sigue siendo no inferior al 20% en el cotejo de dicho mes con el del año pasado, las noticias favorables a la gestión económica actual se concentran fundamentalmente en exhibir un IPC en torno al 3% según los datos de los últimos 3 meses. Ese valor porcentual de aumento de precios resulta difícil de mantener en su deslizamiento hacia abajo acorde lo pronostican los centros de estudio y consultoras económicas que informan de modo recurrente al Banco Central acerca de sus previsiones sobre la inflación a futuro. En ese aspecto deseamos puntualizar que  el “éxito” que exhibe el Gobierno en materia de precios, constituyen datos que no son novedosos si se acude a la información que incluimos en un cuadro al que se puede acceder con el siguiente enlace: https://estudiodelamo.com/inflacion-argentina-anual-mensual/. Si analizamos las cifras del cuadro referido podemos observar tasas de inflación anuales mucho más reducidas en el lapso 2011-2015, cuando gobernó por segundo período consecutivo la Dra. Cristina Fernández. En ese quinquenio se aprecian datos del IPC anuales del 20% de incremento, con excepción del 2014 que superó el 28% por un desfasaje circunstancial entre enero y febrero. Son numerosos los meses en que el nivel inflacionario ronda en torno al 1%, y en el año 2015 por ejemplo no llegan en sus primeros tres meses a superar dicho monto unitario. La política económica de Macri llevó el IPC a cerrar su ciclo cuatrianual quintuplicando el valor del inicio de la segunda gestión de la Dra. Fernández. Después, cuando asume Alberto Fernández  surge en marzo del 2020 la crisis de la pandemia, y el índice pega un salto singular por las distorsiones que se originan en el proceso económico afectado por el COVID y la sequia del 2023, y por las consecuencias del  acuerdo de renegociación del descomunal préstamo con el FMI del 2018, que exigió adoptar un rimo devaluatorio de  nuestra  moneda, que impulsó la inflación Pero todo el buen comportamiento de la evolución de los precios de la era de Cristina Fernández se dio en el contexto del crecimiento económico persistente, y no estuvo originado, como el actual proceso de reducción del IPC, en una aguda recesión autoimpuesta. El gobierno actual entonces miente sobre la exitosa situación que califica la reducción de la inflación este año en su ciclo más reciente. Téngase en cuenta que en el año 2024 la economía va a sufrir un retroceso de cerca del 4% que en realidad fue del 5,7% si se extrae el impacto negativo de la sequía en la producción agropecuaria el año pasado. Nada que celebrar entonces. Y el dato más reciente en torno al 3% de aumento de los precios que se estima para noviembre solo ha sido conseguido a costa de un fuerte descenso del salario real, del empleo, del consumo, y de los sectores de producción de bienes en las áreas de la industria y la construcción que van a sufrir descensos no vistos desde la crisis mundial del 2008.