“Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro” Javier Milei

Ni bien asumió el Gobierno de Javier Milei declaró la emergencia del sector energético mediante el DNU 55/2023 en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte, distribución de gas natural y de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. Su regresiva política energética tiene como principal objetivo beneficiar a los grupos económicos energéticos que operan en el país en detrimento del acceso y seguridad energética de las familias trabajadoras y los sectores productivos, en los que descarga todo el peso del ajuste fiscal.

En su marco y el del inconstitucional DNU 70/2023, con el decreto 465/24, en mayo de 2024, determinó la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, que entre sus objetivos propone trasladar a los usuarios los supuestos costos reales de la energía y establece un Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados (“Período de Transición”), que se extenderá desde el 1º de junio hasta el 30 de noviembre de 2024. Ahora con un nuevo decreto, 1023/24, acaba de prorrogar, hasta julio de 2025, la emergencia en el sector energético establecida por el mencionado DNU 55/2023.

Desde febrero el gobierno de Milei habilitó incrementos tarifarios que se ubican en el orden del 300% al 400% en promedio conforme al aumento de los cargos fijos y variables, viéndose reflejado su impacto en las facturas de servicio eléctrico y gas que abonan los consumidores finales. 

Al mes de septiembre, las tarifas residenciales de energía eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subieron en promedio), 472% para los usuarios de ingresos bajos (N2), 379% para los de ingresos medios (N3) y 223% interanual en agosto para los usuarios de ingresos altos (N1) (Economía y Energía, 2024). Para las industrias y los comercios, los aumentos de energía eléctrica fueron entre 405% y 495% mayores a un año atrás, lo que implica una suba de entre 37,8% y 67,5% ^[1].

Como contracara, algunas de las firmas de gran relevancia en la cadena de generación, distribución y transporte vieron aumentar, comparando el primer semestre de 2024, en relación a igual período de 2023, significativamente su rentabilidad neta, como ser Pampa Energía, 352%; Transportadora de Gas del Sur S.A.,695,6%, Central Puerto 779,2%, Transener 212,2%, Metrogas 99,3%, Edenor 772,2%, Edesur 94,2% (Ver Anexo 1).

La consecuencia directa fue un aumento exorbitante de las tarifas de servicios públicos (electricidad, gas natural, entre otros) que tuvieron como antesala ineficaces audiencias públicas, en un contexto donde se carece de los datos fiables que el Estado debería brindar sobre los costos de producción y distribución de la energía.

Los niveles de rentabilidad de las empresas energéticas mencionadas no se condicen con el bajo nivel de riesgo que enfrentan. Además, ese menor riesgo empresario asociado a la condición de monopolios naturales o legales, se ve reforzado por la existencia de una multiplicidad de reaseguros normativos y  un desempeño regulatorio que, en general, garantiza la preservación de una ecuación económico-financiera y tasas internas de retorno que en diversos períodos (los años ’90 posteriores a la privatización, los cuatro años macristas y el gobierno actual) implicaron transferencias de ingresos desde los usuarios hacia los accionistas de las prestadoras. 

Además, las normas regulatorias tratan de relacionar las ganancias con la eficiencia y eficacia operativa de las empresas y con una prestación satisfactoria de los servicios. En el caso eléctrico, hay indicadores y episodios graves que ponen en duda esta referencia: los apagones de los años 2019 y 2023 que afectaron a zonas amplias del país; reiterados y prolongados cortes de servicios en el suministro eléctrico y mala atención a los reclamos de los usuarios. 

Frente a los recientes anuncios sobre nuevos "cortes de suministro" por el cuello de botella en la generación de energía, es por demás evidente que la rentabilidad del sector no es un incentivo para realizar los aumentos de capacidad de producción. 

Esta actitud rentista solo puede sostenerse bajo el amparo de las políticas de este gobierno y con el poder del Estado que Javier Milei prometió destruir. No es ninguna contradicción para un “topo” que dice tener ese objetivo. Sin embargo, lo que en los hechos pretende el actual Presidente es que el Estado sea instrumento 2 de los muy ricos y los grupos económicos privados que privilegia para imponer una lógica depredadora sin importar la economía real, los derechos económicos y sociales o la soberanía nacional.

Resaltamos ante esta situación que la eficacia y la eficiencia operativa deben ser evaluadas en relación al precio y la calidad del servicio; para ello se necesitan parámetros precisos que midan esta última. El régimen de regulación tipo “Price caps” (precio máximo) no resulta adecuado. Si estos servicios son públicos y constituyen un derecho humano, el precio debe establecerse:  

1. a partir del análisis por parte del Estado de los costos de producción y distribución de los servicios, 
2. con la regulación de la calidad de los mismos. Esos dos factores evitan que el objetivo de maximización de los beneficios de un concesionario privado redunde en precios abusivos o en subinversiones que deterioren la calidad de prestación. 

Cabe señalar al respecto que en el caso de la electricidad se dispusieron en la gestión macrista modificaciones al régimen de calidad que redujeron sustancialmente los compromisos de las prestadoras, especialmente en materia de cantidad de cortes del suministro y de su duración. Asimismo, permitieron establecer parámetros diferenciales según la empresa y las zonas de prestación violentando la lógica regulatoria y la fijación de tarifas basada en una calidad uniforme.

En la última revisión semestral de calidad del servicio de las prestadoras Edenor y Edesur (septiembre 2023febrero 2024) tuvieron sanciones por $ 14.974,4 millones, de los cuales el 84 % corresponde a Edesur. Un dato que no puede ser pasado por alto es que esta última empresa incumplió el indicador SAIDI (duración de los cortes del servicio) en toda el área de concesión.

En suma, el objetivo final del gobierno es la quita de subsidios^[2] -y su reemplazo por grandes aumentos tarifarios sin justificación objetiva- en función de su “caballito de batalla” que es reducir el Índice de Precios al Consumidor. Por ello, prorrogó la emergencia energética hasta julio de 2025 en el marco de la recesión económica que provocó deliberadamente Javier Milei, que acumula ya una contracción del 6% del PBI. 

Los precios de la energía tienen un elevado impacto sobre el consumo de los hogares y se trasladan tanto a los costos como a los precios de los productos de todas las cadenas productivas. La tabla siguiente compara los valores para la nafta, el gasoil, el gas natural por redes y la energía eléctrica en nuestro país, Brasil, España y Estados Unidos. Y comprueba que, siendo un país con grandes potencialidades energéticas accesibles y competitivas locales, detentamos precios superiores a los internacionales.

El costo de la energía en Argentina, Brasil, España y EEUU.

^{Fuente: en base a datos de resoluciones ENRE[3]}

Cabe recordar que el llamado “Fallo CEPIS”^[4], dictado por la Corte Suprema de Justicia, referido al tarifazo del gobierno de Mauricio Macri estipuló que las decisiones en materia tarifaria “imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos”. Y ,luego, que “el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de “confiscatoria”, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar.”

Insistimos^[5] en la necesidad de reconstituir nuestro sistema de precios en pos del buen vivir de las familias y de la generación de empleo propio del desarrollo industrial. Comenzando por desacoplar los precios locales de los productos energéticos y, asimismo, en cuanto a la luz y el gas:

1. Es crucial la intervención del Estado en la regulación del precio de la energía ya que constituye un factor estratégico determinante para la producción de bienes y servicios que hoy impulsan la inflación. El Estado debe establecer tarifas asequibles y diferenciadas para las pymes, las cooperativas, los emprendimientos sociales y las familias de todos los sectores productivos en cada región del país;
2. La determinación de las tarifas de los servicios públicos debe basarse únicamente en comprobados costos reales de producción y distribución en el país, no por ajustes automáticos por tipo de cambio o indexación por precios internacionales definidos por los conglomerados internacionales.
3. Es imprescindible institucionalizar el análisis público y publicitado de los costos de producción y distribución de todos los servicios públicos que se brindan a partir de recursos que son del Pueblo Argentino, en el ámbito nacional y regional. 
4. El acceso a los servicios básicos, como el gas y la energía eléctrica, es un derecho humano esencial para la vida de las familias trabajadoras, por lo que son necesarias tarifas sociales que lo garanticen priorizando los hogares de bajos ingresos.

El anárquico ajuste que se nos impone es evitable. Nuestro país es uno de los principales productores de alimentos, recursos energéticos y minerales, a la par que existen en su territorio grandes reservorios de agua dulce. Esas ventajas comparativas, con valor agregado, deben sustentar la promoción de una economía manufacturera, centrada sobre sí misma, que incluya a toda nuestra población y no orientada únicamente hacia la exportación sin trabajo argentino agregado para satisfacer las necesidades o la voracidad de potencias y corporaciones extranjeras. En estos recursos, con trabajo argentino agregado, está la inversión necesaria para la industrialización, no en el endeudamiento crónico que nos hace dependientes.

Argentina tiene grandes recursos energéticos: posee reservas de gas, carbón y petróleo; forma parte del triángulo del litio; posee Vaca Muerta - segunda reserva de gas no convencional y cuarta de petróleo no convencional del mundo - y petróleo debajo de su lecho marítimo. Los países que han desarrollado sus industrias lo han hecho con energía barata y abundante, por lo que resulta imprescindible determinar los costos reales de producción para que la economía argentina sea competitiva y para que el peso de las tarifas no consuma buena parte de los salarios de las familias trabajadoras.

Ante esta situación alarmante, el Foro de Economía y Trabajo, advierte que la política energética de Milei es factor de la destrucción del aparato productivo nacional y de una creciente vulnerabilidad de la sociedad al acceso de la energía, en favor de una fuerte concentración y ganancias del sector energético. Es urgente y necesario frenar esta política que provoca la destrucción del aparato productivo nacional y delinear un programa en pos de la soberanía energética que sea parte de un Plan Nacional Económico, Social y Federal ^[6] con capacidad de generar trabajo digno al pueblo argentino. 

Manos libres para Milei, es manos libres para la Ruina.