El Senado de la Nación ha provocado una costosa derrota al gobierno con el voto en contra a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como postulantes a la Corte Suprema de Justicia. El contraste se agranda porque el rechazo se produjo con cifras aplastantes.

Esto no equivale a que asistamos a algún tipo de “regeneración” del Congreso Nacional. Seguirá el reinado de toma y daca. Y la renuncia de la defensa de la división de poderes, entre otros aspectos de la democracia representativa que el poder ejecutivo ha violado repetidas veces.

No sólo se trata de procedimientos y equilibrios institucionales. El poder legislativo demostró una palpable indiferencia frente a derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas. Cuya desposesión tiene efectos destructivos sobre las condiciones de vida y las oportunidades de vastos sectores de la población.

Así fue cuando rehuyeron insistir con la sanción de leyes que propiciaban el financiamiento universitario o alguna parcial recomposición del poder adquisitivo de las jubilaciones, que fueron vetadas desde el gobierno.

En ambos casos la mayoría prefirió acatar el veto presidencial, aún a costa de contradecir su propio voto de semanas antes en el mismo ámbito. No honraron la supuesta representación popular sino el sometimiento hacia un gobierno empeñado en destruir todo a su paso.

Inconsecuencia con sus votantes y fidelidad al gran capital

Quedó claro que los legisladores no respetan los principios del liberalismo político que siempre han pregonado. Transcurrieron largos años de gobiernos kirchneristas cansándose de denunciar la “inusitada gravedad institucional” de los atropellos reales o supuestos que cometían esas administraciones.

Se arropaban todo el tiempo con las banderas “republicanas”. Mostrábanse como adalides de la transparencia de los actos de gobierno; la libertad de expresión, la división de poderes, el escrupuloso respeto al principio de legalidad. Sin embargo desde las sesiones correspondientes a 2024 se han abstenido de alzar la voz ante los actos del actual gobierno, por más que violaran los principios de la república.

Ha quedado en evidencia que su fidelidad fundamental es con el empresariado. En esa lógica no podían enfrentar a un gobierno que promete reformas laborales regresivas, desregulación de variados mercados, privilegios para las inversiones extranjeras, privatizaciones de empresas. Ésos eran en gran parte los contenidos primero del Decreto 70/2023 y luego de la llamada Ley Bases. Votaron la ley y se abstuvieron de tumbar al decreto con una votación de ambas cámaras

Es claro que eran todas disposiciones que forman parte del programa del gran capital desde hace décadas. Y la derecha o el pudoroso “centroderecha” local no tienen ninguna alternativa a las pretensiones de los conglomerados empresarios. Carecen de autonomía frente a ellos. Si dueños y “ceos” de las grandes compañías le hacían la corte al gobierno, ellos harían lo mismo. A lo sumo con algún gesto de desagrado. O incluso argumentando en contra de una medida para después votar a favor.

La crisis de los partidos

En esa línea hasta van en detrimento de sus intereses partidarios. La dirección de PRO se mantuvo firme al lado del gobierno en casi todas las votaciones. Eso le acarreó la escisión de quienes prefieren la liquidación del partido fundado por Mauricio Macri. Ante la falta de matices ¿Por qué no sumarse en forma directa a La Libertad Avanza?

También afrontó una división más pequeña, encabezada por quienes quieren compatibilizar la promoción de los grandes negocios con cierto matriz republicano. Se fueron con Horacio Rodríguez Larreta, quien fuera durante una década y media el número dos del partido.

El resultado ha sido un deterioro como nunca antes del partido que gobierna desde 2007 la ciudad de Buenos Aires. Debilitamiento orgánico y disminución de sus perspectivas electorales.

Algo parecido pasó en la Unión Cívica Radical. La conducción partidaria se aferró al respaldo del gobierno. Primero con la excusa de preservar la “gobernabilidad” en los pasos iniciales de la gestión. Luego por coincidencia abierta o vergonzante con casi todos los pasos que daba.  

También en el caso del radicalismo se alejaron los  pudorosos en materia institucional. Formaron “Democracia para siempre” que de todos modos coincide con las grandes líneas de la política del ejecutivo, en cuanto a la “libertad de mercado” y sus derivados. Por el otro lado se abrieron paso los llamados “radicales con peluca”, mileístas sin complejos.

Hoy la U.C.R. aparece amenazada de una virtual desaparición del favor de sus electores. Con suerte quedarán algunos espacios provinciales, dónde pueden hacer valer viejas tradiciones y el aceitado aparato partidario. En el plano nacional todo indica que bordearán la inexistencia.

Nada muy diferente ocurrió en los bloques pequeños. Con más o menos remilgos sentaron sus posaderas para dar quorum y en general acompañaron con su voto. Se dividieron, perdieron relevancia. El cuadro general desdibujó a la derecha tradicional en favor de la ultraderecha. Todos fueron “amigables”, nadie fue opositor.

Y allí se mostraron las actitudes más grotescas, como la diputada que cambió su voto por un nombramiento en un organismo internacional que nunca se concretó. O el que se expidió a favor del gobierno en trueque con la terminación de una rotonda en una ruta.

Presidencialismo y capitulación

El resultado es el refuerzo del “hiperpresidencialismo” que anida en nuestra propia Constitución Nacional, más allá de algún amago en sentido contrario de la reforma constitucional de 1994.

Lo que ocurre es que la actual administración lo amplía y profundiza. Y para ello le ha sido indispensable la complicidad activa u omisiva del poder legislativo, donde está en pequeña minoría. Si la oposición hubiese sido tal, no se hubieran aprobado ciertas leyes, El éxito no hubiese acompañado a veto de otras ni pasado los decretos de necesidad y urgencia.

En la práctica éste ha sido un cogobierno con la oposición. Sólo una parte de Unión por la Patria mantuvo una tesitura más contrapuesta. De cualquier modo sus desprendimientos, como los diputados por Salta, Tucumán y Catamarca, prestaron servicios sustanciales al gobierno. Y el sector mayoritario del bloque no supo dar pelea con proyectos propios. Para peor, terminó asociado a conflictos internos que no interesan a casi nadie.

Se revelaron así como lo que son ellos también: Políticos profesionales que atienden sobre todo a la posibilidad de renovar mandato y seguir en las cercanías del poder. Ni siquiera se puede decir que buscan seguir viviendo de la política. Muchos de ellos tienen ingresos provenientes de otras fuentes. Los que a menudo multiplican por varias veces las dietas parlamentarias.

Mientras tanto ya casi nadie cree que estos parlamentarios son representantes del pueblo. Al menos si por ello se entiende que procuran llevar adelante los intereses populares. De modo ostensible “están en otra”. El anarcocapitalismo pudo imponerse en medio del desencanto más profundo. El que en muchos casos llega al odio desembozado hacia la dirigencia política. Los “opositores” hacen poco y nada para revertir esa situación.

Ante esa ausencia de credibilidad de la idea de “gobierno del pueblo” y las reiteradas evidencias de que los actuales gobernantes también son “casta”, el Congreso profundiza su decadencia.

Que venga lo nuevo

Se abre el terreno para dar el combate por nuevas formas de democracia. Las que reemplacen el parlamento por la práctica de la asamblea. Que dejen en claro que privilegian el autogobierno y no la resquebrajada cáscara republicana. Que pueden plantar la semilla comunitaria de abajo hacia arriba.

Y reemplacen  este sistema en el que se vota cada dos años, después de los cuales los supuestos representantes pueden hacer lo que se les antoja. Por otro con instrucciones, mandato imperativo, revocatoria. Quien no cumple aquello para lo que fue elegido, quedará afuera de la delegación de la que fue investido.

No más profesionales de la política, no más buscadores de cargos a como dé lugar. Sería deseable el final para los “punteros” que instrumentalizan la pobreza  y tratan de convertir la necesidad  en votos.

Se necesita nada menos que la refundación de la democracia. No se puede contar con nada de la dirigencia actual para hacerlo.

^{Fuente: Huellas del Sur - Abril 2025}