En ese debate, poco más de la mitad del establishment sostiene que el auge del llamado capitalismo de Estado (China, Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Argentina, Ecuador, Bolivia, etc.) ha sido resultado de una década inusual y que ha llegado a su límite. Pero sorprendentemente, un considerable sector de los economistas ortodoxos afirma que el nuevo modelo se sostendrá. Como sea, ése es el marco de fondo en el que se moverá el año 2013, un año de elecciones parlamentarias en la Argentina y presidenciales en Ecuador y Chile.

El principal dato del 2012 en Argentina es que, pese a la crisis, el desempleo casi no aumentó, las paritarias no fueron suspendidas y el gasto público no fue reducido. Se trata de una respuesta a la crisis que se ha hecho habitual y hasta parece “normal”, pero que no tiene nada de “normal” y es obviamente fruto del predominio de la política sobre la economía. Despedir era casi un reflejo automático del empresario a la primera nube y era parte de una cultura fomentada por las famosas leyes que “flexibilizaban” el despido, la última de las cuales fue la Ley Banelco que obtuvo la Alianza sobornando al Senado. Los que piden volver al FMI tienen que saber (lo saben) que entre otras cosas el FMI va a volver a exigir que Argentina restablezca la cultura política y empresarial de despedir.

2013 es entonces un año-desafío. Argentina y toda Sudamérica precisan volver a la senda del alto crecimiento (mínimo un 4%), que permita la creación de nuevos empleos decentes y seguir avanzando con el proceso de inclusión que está dando lugar al boom de las nuevas clases medias-trabajadoras latinoamericanas.

El verdadero peligro para el modelo sudamericano es la primarización, impulsada por los tratados de librecomercio. La exportación de materias primas a precios justos –por primera vez en la historia de América latina– es fundamental para terminar la historia de saqueo y descapitalización de Sudamérica, pero es incapaz por si misma de crear suficientes empleos decentes para terminar con la exclusión. Se necesita redoblar la política de integración sudamericana, para conformar un espacio económico “interno” capaz de sostener un camino de industrialización y valor agregado creciente, sostenido por el desarrollo autónomo de la ciencia y la teconología. Es el único modo de crear los 100 millones de empleos decentes que precisa Sudamérica para terminar con la exclusión, el triple de los creados en la última década. “Tecnópolis” ha sido una poderosa forma de instalar ese objetivo en el imaginario social.

Argentina es el país sudamericano que mas ha avanzado con el proceso de inclusión social. En la última década, unos 12 millones de personas salieron de la pobreza y de la vulnerabilidad social, para integrar una nueva clase media-trabajadora. En 2002 había unos 3 millones de trabajadores asalariados formales y en 2012 llegaron casi a 9 millones. El triple.

Esta nueva clase media-trabajadora es muy distinta étnica, social, cultural y políticamente de las tradicionales clases medias latinoamericanas. Principalmente porque son parte del proceso de lucha contra la exclusión. Sus integrantes son trabajadores, mayoritariamente jóvenes, rescatados de la exclusión mediante la creación masiva de empleo decente y la acción del Estado, que permanecen ligados a familiares, amigos y vecinos que aún no han podido salir de la exclusión, o que están en proceso de hacerlo.

El sindicalismo argentino (y sudamericano) se está viendo profundamente afectado por esta transformación social, porque su base social misma está cambiando y ampliando aceleradamente. La fuerte polarización sindical aparecida el año pasado está dando cuenta de esta realidad. En Argentina, el enfrentamiento polarizado entre corrientes sindicales se correspondió con cambios sociales estructurales, como la democracia en los años ’20 y el peronismo en los años ’40. El crecimiento de la afiliación sindical, la triplicación de los delegados sindicales de base y la creación de un nuevo tipo de mercado de trabajo caracterizado por la acción sindical también son una consecuencia de estos cambios.

Esta nueva clase media-trabajadora, en proceso de expansión, constituye el eje del proceso político argentino. Para los sindicatos es un desafío histórico. Son jóvenes, con alta proporción de mujeres. Estos nuevos trabajadores formales, provenientes de la exclusión, exigen un sindicalismo comprometido con la lucha contra la exclusión. En los últimos 10 años, un 35% de la población ha estado saliendo de la pobreza o la vulnerabilidad, pero aún queda un 40%.

Esta es la principal tarea sindical. Organizar a la nueva clase media-trabajadora y relacionarla solidariamente con los trabajadores que aún permanecen excluidos, para que los sindicatos funcionen como puente social del proceso de lucha contra la exclusión hasta lograr que todos los argentinos estén incluidos. Un sindicalismo que solo represente los intereses de los trabajadores formales actuales, se volverá cada vez más corporativo. Los sindicatos no deben defender solo los intereses de sus afiliados presentes, sino también, y acaso principalmente, los de sus afiliados futuros, los que esperan en la fila para ser incluidos.

Si no se corre el riesgo de un sindicalismo funcional a la reproducción de la exclusión y de un modelo de primarización. La acción sindical, desde la negociación colectiva hasta la lucha por una reforma impositiva integral, debe estar orientada a consolidar el modelo de crecimiento con inclusión, dando prioridad al 40% de la población que aún carece de empleo formal.

Miradas al Sur - 13 de enero de 2013