Después de haber sido una vidriera del poderío industrial estadounidense, Detroit se convirtió en la mayor ciudad de ese país en declararse en bancarrota.La ciudad perdió un cuarto de millón de residentes entre 2000 y 2010. Una población que en la década de 1950 alcanzó la cifra de 1,8 millón habitantes, batalla ahora para mantenerse arriba de 700 mil.

El gobernador del estado de Michigan, Rick Snyder, dijo ayer que la quiebra de Detroit puede terminar con sesenta años de decadencia. Al mismo tiempo advirtió que es posible que los acreedores nunca reciban sus pagos. “Desde 2000, la ciudad perdió el 28 por ciento de su población, y el 38 por ciento de su presupuesto se gasta pagando obligaciones del pasado, como las pensiones”, detalló el administrador de emergencia de Detroit, Kevyn Orr, que gobierna la ciudad tras la destitución por corrupción del alcalde Kwame Kilpatrick. La Casa Blanca dijo el jueves que el presidente Barack Obama y sus asesores están siguiendo de cerca la situación en Detroit. “Seguimos comprometidos a continuar nuestra fuerte asociación con Detroit, mientras intenta recuperarse y revitalizar su status como una de las grandes ciudades de Estados Unidos”, dijo Amy Brundage, una portavoz de la Casa Blanca.

Snyder y Orr se presentaron ante los medios para explicar la declaración de bancarrota del jueves, la más importante de una municipalidad en la historia estadounidense, que fue recomendada por Orr y autorizada por Snyder. “Esta es la oportunidad para terminar con sesenta años de decadencia”, afirmó Snyder, quien declaró la emergencia financiera de Detroit en el mes de marzo y designó a Orr como administrador. “Tratamos de superar esta situación durante los últimos cuatro años”, recordó el ex alcalde Dave Bing. “Pero fue muy, muy difícil”, admitió.

Tras la declaración de default, se abre un período de treinta a noventa días durante el cual un juez federal determinará si la ciudad puede ampararse en el Capítulo 9, Sección 11 del Código de Estados Unidos. Esta disposición legal se aplica exclusivamente a los municipios, y su propósito es permitirles que reestructuren sus obligaciones, esto es, que pongan en orden de prioridad a sus acreedores, algunos de los cuales recuperarán parte de la deuda.

Los más preocupados son los sindicatos que representan a los empleados municipales, cuyos fondos de pensión tienen una prioridad no demasiado clara entre los acreedores, y cuyos afiliados deberán soportar más cortes en sus sueldos y beneficios.

La mayor bancarrota municipal, hasta ahora, había sido la del condado Jefferson, en Alabama, que en 2011 pidió la protección de sus acreedores con deudas por 4200 millones de dólares, de los cuales 3140 millones correspondían a obras sanitarias.

Detroit, que llegó a ser la cuarta mayor ciudad del país, perdió la mitad de su población desde 1950, expulsada por el crimen, la partida hacia los suburbios y los problemas de la industria automotriz, que socavaron sus cimientos económicos. “Los habitantes de Detroit merecen un plan que les permita salir de la espiral que los arrastra hacia servicios públicos cada vez peores”, argumentó Snyder, en una carta que acompaña el expediente presentado ante la Justicia. “La quiebra es la única solución que permitirá a Detroit volver a ser estable y viable”, señaló el gobernador.

El mes pasado, la ciudad había anunciado que entraría en moratoria sobre una parte de los 18.500 millones de dólares que debe. La quiebra o bancarrota le permitirá, de ser refrendada por la Justicia, buscar acuerdos con sus acreedores. El gobernador Snyder buscó evitar la bancarrota y reestructurar las finanzas de la ciudad, aunque no pudo hacerlo.

Snyder indicó que habría deseado que esa medida ayudara a la ciudad a evitar la bancarrota. “Es tiempo de enfrentar el hecho de que la ciudad no puede, no está pagando sus deudas cuando debe y es insolvente”, se lamentó.

La tasa de homicidios es la mayor en casi 40 años y, por más de dos décadas, Detroit estuvo en la lista de ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Las personas deben esperar una media de 58 minutos para que la policía responda a sus llamados, comparado con un promedio de 11 minutos en el resto del país. La falta de fondos para mantenimiento y reparaciones significa que sólo un tercio de las ambulancias de la ciudad funciona, y los autos de policía y camiones de bomberos también están en mal estado.

Página/12 - 20 de julio de 2013