Hoy, más que nunca, tenemos que reenfocar el debate fiscal sobre "impuestos y gastos " y hablar de desigualdad más que de déficit. Dos investigadores del think tank Demos, de Nue York están en ello. Han publicado un nuevo informe que analiza la “tierra de nadie” existente entre el sector público y privado, que ha dejado a cientos de miles de estadounidenses pobres y a unos pocos afortunados, fabulosamente ricos.

Esta tierra de nadie se ha ampliado enormemente en los últimos años, ya que el gobierno federal ha contratado y privatizado un servicio público tras otro.

¿Los conserjes que limpian los museos Smithsonian? ¿Los cocineros de las bases militares? ¿Los programadores de software para Medicare? Cada vez son más los trabajadores que trabajan para nuestro gobierno por vía de contratistas privados.

Y muchos de estos trabajadores, apuntan los analistas de Demos Robert Hiltonsmith y Amy Traub, no ganan mucho en términos salariales. Cerca de 560.000 estadounidenses empleados por contratistas tienen trabajos de 12 dólares/hora o menos.

Mientras tanto, los ejecutivos que dirigen estas empresas están haciendo su agosto, gracias a nuestros impuestos. El gobierno federal permite a las empresas privadas un máximo de 763.039 dólares de retribución para los ejecutivos, una cifra que en breve se elevará a 950.000 dólares según la actual ley federal establece.

Vamos a situar estos 763.039 dólares en contexto. El Presidente de los Estados Unidos gana 400.000 dólares. Y el Vicepresidente, 230.700 dólares.

En otras palabras, nuestros impuestos permiten que los ejecutivos de contratistas privados tengan un sueldo tres veces superior al de Joe Biden.

Pero aún hay más. En su estudio para Demos, Underwriting Executive Excess, los investigadores Hiltonsmith y Traub calculan que el gobierno federal está gastando de 20,8 a 23,9 mil millones de dólares al año en retribuciones de los altos ejecutivos de contratistas privados.

Los autores estiman que de 6.970 a 7.650 millones de dólares van destinados a los salarios de los ejecutivos de contratistas privados, salarios que exceden los 230.700 al año del vicepresidente Biden.

Resumiendo, Hiltonsmith y Traub apuntan "estamos financiando los sueldos de los ejecutivos con grandes fortunas en vez de apoyar a los salarios de los trabajadores estadounidenses que luchan por salir adelante."

Podríamos resolver este problema rápidamente como apuntan los autores, simplemente bajando el tope salarial del ejecutivo contratista de los actuales 763.039 dólares a los 230.700 dólares del salario del vicepresidente.

Así se ahorraría suficiente dinero en impuestos, según el informe, para dar un incremento de 6 dólares la hora para los 560.000 trabajadores contratistas federales que actualmente ganan 12 dólares o menos por hora. Alguna legislación pidiendo este sencillo paso, la Ley de Retribución con sentido común al contratista, de 2013 (Commonsense Contractor Compensation Act of 2013), ya está en trámite.

Pero podemos ir más allá y aprovechar el poder de las finanzas públicas para lograr una América más igualitaria. Los directores generales de los mayores contratistas federales, ejecutivos como Robert Stevens, CEO de Lockheed Martin, no obtienen la mayor parte de su salario personal directamente del gobierno federal. Su salario proviene indirectamente.

Las empresas de estos ejecutivos deben su sólida rentabilidad a los contratos federales. Esta rentabilidad permite mantener alta las cotizaciones de las acciones corporativas. Opciones sobre acciones y otros incentivos en acciones traducen estos altos precios de las acciones en ganancias sustanciosas para los ejecutivos. Por ejemplo, Stevens, de Lockheed, se llevó a casa 23,8 millones de dólares el año pasado.

¿La alternativa? El gobierno federal podría negar contratos -y reducciones de impuestos- a las empresas que pagasen a sus altos ejecutivos más de 25 o 50 veces el sueldo medio de sus trabajadores, el rango salarial que existía de la década de 1950 hasta principios de 1980. La brecha actual: 354 veces.

La Ley Dodd-Frank 2010 de Reforma de Wall Street y de Protección al Consumidor, ya requiere que las empresas de Estados Unidos reduzcan anualmente la distancia entre el salario de su CEO y la paga trabajador medio. La Comisión de Bolsa y Valores está ahora en fase de exposición pública para implementar este mandato y, si las cosas van bien, esta regla entrará en vigor el próximo año.

El Congreso, con la divulgación anual de los ratios, podría vincular fácilmente los contratos federales con la equidad de remuneración de las empresas.

Debemos saber que el gobierno federal, ya niega contratos a empresas con prácticas de empleo discriminatorias por razones de raza o género. Hemos decidido, como sociedad, no subvencionar la desigualdad racial o de género. ¿Por qué debemos subsidiar la desigualdad económica?

*Sam Pizzigati es periodista especializado en trabajo, miembro del Institute for Policy Studies. Escribe frecuentemente sobre desigualdad. Su último libro: Los ricos no siempre ganan: el triunfo olvidado sobre la plutocracia que creó la clase media estadounidense, 1900-1970

Sinpermiso - 13 de octubre de 2013