A fines del año 2000, la familia Zanón declaró la quiebra y el cierre de la planta dedicada a la fabricación de cerámicas, en la provincia de Neuquén. Inmediatamente, los trabajadores tomaron la fábrica y la volvieron a poner en funcionamiento “bajo control obrero”. Desde ese momento, la planta no dejó de producir, pese a los intentos de desalojo que llevaron adelante sus antiguos propietarios. Con el apoyo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, “la lucha de los trabajadores de Zanón” se constituyó en el símbolo por la defensa de las fuentes de trabajo.

En agosto de 2009 y cuando la fábrica ya había pasado a llamarse Fasinpat, la legislatura neuquina aprobó por 26 votos a favor y 9 en contra la ley que obligaba al Poder Ejecutivo provincial “a expropiar los bienes inmuebles, bienes muebles y todo otro bien tangible” de la ex Zanón. Anteriormente, la Justicia civil y comercial había condenado a los antiguos propietarios por vaciamiento de la fábrica. Pero tuvieron que pasar más de tres años para que finalmente el gobernador Jorge Sapag firmara el decreto que establecía la expropiación definitiva.

Ahora con el título de propiedad en sus manos, la intención de los trabajadores de Fasinpat es gestionar un crédito de 70 millones de pesos a través de los créditos del Bicentenario lanzados por el Gobierno nacional. Se viene una nueva etapa en la planta en la que –sorteados todos los temas legales y burocráticos que empantanaban su normal desarrollo– la prioridad estará puesta en adquirir tecnología más moderna que ayude a reducir el consumo de energía y mejorar la productividad.

De acuerdo con un relevamiento realizado en 2010 por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, existen en todo el país al menos 205 empresas recuperadas por sus trabajadores, que generan 9.362 puestos de trabajo. El fenómeno logró ser sustentable en el tiempo, ya que en 2004 se registraban 161 empresas y 6.900 trabajadores. Además, a partir de una tasa de supervivencia que alcanza el 90%, han logrado generar nuevos puestos de trabajo. Según otro estudio elaborado por los economistas María Victoria Deux Marzi y Gonzalo Vázquez, de la Universidad de General Sarmiento, las empresas recuperadas han creado una media de 13 empleos por establecimiento desde que pasaron a gestionarse a través de sus propios trabajadores. Desde que en 2011 se modificó la ley de quiebras, los trabajadores tienen el derecho a peticionar de manera inmediata la continuidad de aquella empresa que quiebre, aun cuando la cooperativa que los contiene esté en formación.

La legalización de este proceso fue el resultado de la lucha de aquellos trabajadores que decidieron tomar en sus manos su propio destino. Ahora Fasinpat acaba de dar un nuevo paso en una historia que todavía tiene muchos capítulos por escribirse.

Revista XXIII - 22 de enero de 2014