La queja local sobre el impuesto a las ganancias (IG) tiene su más que razonable justificación en la fenomenal distorsión que ha sufrido el gravamen. La forma arbitraria y poco criteriosa con la que se ha venido actualizando el mínimo no imponible, y la falta de actualización de las escalas que determinan la aplicación de alícuotas teóricamente progresivas, convirtieron al IG en un engendro con numerosas inconsistencias e inequidades. Entre otras, que una porción considerable de los que quedan alcanzados lo estén con las alícuotas más altas de la escala (27 y 35 por ciento), lo que le quita al esquema el efecto progresivo. A eso se suma que muchos contribuyentes de muy altos ingresos gozan de exenciones a algunas de sus rentas financieras.

En ese marco se entiende que las cúpulas sindicales insistan con su protesta y su demanda, y que políticos opositores aprovechen la situación para, como por ejemplo Sergio Massa, anunciar que va a “inundar la justicia con amparos” contra el IG, o como en el caso de Macri que en una declaración equívoca prometió que en caso de ser presidente “no va a haber más IG a los trabajadores” y al mismo tiempo dijo que ese tributo “lo va a tener que pagar la gente que más plata gana”.

Pero lo que todo ese ruido omite y descontextualiza, es que las deformaciones del IG afectan tan sólo a poco más del 10 por ciento de los trabajadores, que son los que tienen sueldos superiores a 15.000 pesos mensuales, y que, por las razones ya señaladas y otras, muchos de los contribuyentes con ingresos muy elevados tributan porcentajes bastante inferiores al 35 por ciento teórico.

Con contadas excepciones, las posiciones políticas sobre este asunto en el ámbito doméstico difieren del abordaje que en otras partes del mundo están adoptando sectores progresistas e incluso instituciones del establishment preocupados por las consecuencias del incremento de la desigualdad social.

Con el expreso objetivo de influir en las propuestas que los partidos políticos de Inglaterra presentarán en las campañas para la elección del año próximo, la organización The Equality Trust difundió hace poco un documento que fundamenta la necesidad de aumentar del 45 al 50 por ciento la alícuota del impuesto al Ingreso (Income Tax) que se aplica al 1 por ciento de individuos que más gana. El informe titulado “Course Correction - The Case for the 50% Top Income Tax Rate” (Corrección de curso - El caso para una alícuota del 50% a los ingresos top), señala: “Argumentamos que una alícuota más alta a los ingresos top es un elemento central si pretendemos impedir que siga empeorando la tendencia hacia una mayor desigualdad que se verificó en los últimos treinta años”.

Los autores Madeleine Power y Tim Stacey explican: “La evidencia empírica e histórica muestra que hay un claro nexo entre la alícuota que grava a los ingresos top con el porcentaje del ingreso total que se apropia el 1 por ciento más rico. Entre 1970 y 1990 tanto Estados Unidos como el Reino Unido redujeron las alícuotas máximas de niveles que superaban el 80 por ciento a tasas inferiores al 40 por ciento. Durante ese período ambos países experimentaron un dramático incremento en la concentración del ingreso en el 1 por ciento más rico. En el caso del Reino Unido, la participación del ingreso de ese 1 por ciento se duplicó del 6 al 12,6 por ciento entre 1978 y 2003; un alza que, según el Instituto de Estudios Fiscales, es en parte atribuible a la rebaja en la alícuota máxima del impuesto al ingreso”.

La desigualdad es tan abismal que se ha convertido en materia de análisis frecuente hasta por instituciones que no tenían el tema en agenda. El economista del FMI Fuad Hasanov escribió en colaboración con Oded Izraelí, de la Universidad Oakland de Michigan, un ensayo titulado “¿Cuánta desigualdad es necesaria para el crecimiento?” que concluye afirmando que “la reducción de la desigualdad tiene claros beneficios en el tiempo. Refuerza la sensación de la gente acerca de que la sociedad es justa, mejora la cohesión y la movilidad social, y ensancha el margen para el apoyo a las iniciativas que favorecen el crecimiento”.

En igual sentido, tres economistas del Departamento de Investigaciones del FMI, Jonathan Ostry, Andrew Berg y Charalambos Tsangarides, escribieron un paper titulado “Redistribución, desigualdad y crecimiento” que demuestra que “en promedio, las típicas medidas redistributivas que toman los gobiernos no perjudican el crecimiento, a menos que sean medidas extremas. Y al achicar la desigualdad ayudan a sostener un crecimiento más rápido y duradero, más allá de otras consideraciones de orden ético, político y social”.

El ensayo, que fue publicado “con autorización para su distribución de Olivier Blanchard”, el economista jefe del FMI, inspiró a que The Washington Post lo comente e ironice con el título “Comunistas tomaron control del FMI”.

Cabe recordar que a comienzos de año la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, mencionó a la desigualdad de ingreso como uno de los principales desafíos del mundo, y destacó como dato ilustrativo que “las 85 personas más ricas del mundo poseen la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre de la población mundial”. Al finalizar una conferencia sobre multilateralismo dijo: “Permítanme expresarme con franqueza: en el pasado los economistas subestimaron la importancia de la desigualdad. Se centraron en el crecimiento, en el tamaño del pastel y no en su reparto. Hoy estamos concientes del daño que causa la desigualdad. En términos básicos, una distribución profundamente sesgada del ingreso atenta contra la velocidad y la sostenibilidad del crecimiento a más largo plazo. Lleva a una economía de exclusión, y a un páramo de potencial desperdiciado”.

Mientras tanto, en la Argentina se habla más de bajar el IG que la desigualdad. En su reaparición pública, Cristina descartó cualquier modificación. Es decir que seguirá pagando uno de cada diez trabajadores. ¿Cuánto? Según el periodista Ismael Bermúdez, un asalariado con ingreso neto de 18.000 pesos mensuales, tributa 30.515 pesos al año, equivalentes al 13 por ciento de su ingreso. Según la Fundación Mediterránea, a un empleado con un salario de 30.000 pesos mensuales, casado y con dos hijos, le corresponde abonar el 13,3 por ciento.

Los ejemplos revelan dos cosas. Que no hay progresividad, y que lo que se paga no es mucho.

Revista Veintitres - 26 de noviembre de 2014