Lo cierto es que, tan relativas como lo demuestran estas frases, las estadísticas resultan fundamentales tanto para el diseño de políticas públicas, como de inversión privada y de evaluación de la gestión pública por parte de la sociedad.

A">http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-dc19-53af.pdf]A este último aspecto remite el trabajo “Los números de la gestión K. Redistribución del ingreso con más empleo y mejores salarios” del investigador Eduardo Halliburton, docente del posgrado de Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Lanús e investigador del Instituto de Estudios Políticos “Rodolfo Puiggrós” del Movimiento Evita.

El trabajo da cuenta de avances en los diferentes campos socioeconómicos durante los últimos doce años, basado en estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el Centro Cifra de la CTA, la consultora Estudio Bein, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Indec, salvo para las cuestiones vinculadas a la inflación, en donde usan índices de otras fuentes, posiblemente a raíz del descrédito en el que cayó la sección encargada de monitorear la inflación de este organismo luego de su intervención oficial en 2007.

El objetivo de su difusión puede deducirse en la introducción del trabajo, cuando dan cuenta de una “ofensiva sostenida por los grupos económicos a lo largo del 2014, destinada a debilitar y desestabilizar al gobierno de Cristina Kirchner”, que, observan, “estuvo acompañada en forma activa por las corporaciones mediáticas, que contribuyen orgánicamente a lograr ese objetivo a través de la manipulación constante de los datos que le brindan a la ciudadanía, referidos a la realidad socioeconómica de nuestro país”. De hecho, plantea cómo estos medios dominantes intentan presentar algunos de los problemas aún no resueltos como “resultado de la etapa iniciada el 25 de mayo de 2003, y no como el recorrido faltante de un proceso que desde esa fecha al presente avanzó de manera extraordinaria”.

Si bien no dan cuenta específicamente de las acciones que, por causas políticas o económicas, provocaron en los hechos movimientos desestabilizadores por parte de algunos grupos económicos concentrados –como de hecho lo fueron la retención de las liquidaciones de los exportadores de cereales, los movimientos especulativos ilegales por parte de entidades financieras, los aumentos por encima de los índices de inflación por parte de empresas monopólicas productoras de insumos difundidos, o los márgenes récord de rentabilidad mundial con las que vía inflación se apropian las oligópolicas cadenas distribuidoras de alimentos–, sí menciona la asociación que sostienen los medios Clarín y La Nación con los grupos económicos concentrados nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que conforman, junto a estas dos empresas mediáticas, compañías como Arcor, Techint, Laboratorios Bagó, Grupo Roggio, José Cartellone, Grupo Miguens, Coto, Impsa, Fiat Argentina, Aceitera General Deheza, Los Grobo Agropecuaria, IRSA y La Anónima, entre otras.

Frente a este escenario observado, el trabajo se propone dar cuenta de algunos índices a partir de datos insospechados de parcialidad, que demuestran importantes avances logrados durante el ciclo kirchnerista, así como también deudas sociales que, por diversos motivos, continúan estando presentes en nuestro país.

Empleo e ingresos. Para sustentar la afirmación que da cuenta “un proceso que avanzó de manera extraordinaria” comienzan mencionando la reducción de la pobreza, que de acuerdo con datos de la Cepal, pasó de ubicarse en un guarismo cercano al 50% del total de la población en 2003, a un 15% en 2013, en tanto que la clase media pasó en ese período del 24% de la población a casi el 50%. Con todo, el trabajo extendido (en la presente edición se publica un resumen del mismo) también da cuenta del guarismo del Centro Cifra de la CTA, el cual da cuenta de un índice de pobreza algo mayor, del 17,8%, de la población sumergida en la pobreza, de la cual el 4,2% (sobre la población total) se encuentra en la indigencia, es decir que no pueden adquirir la Canasta Alimentaria Básica.

Vinculada a esta cuestión, y tomando datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, se señala que la tasa de empleo, es decir de la población ocupada sobre la totalidad de la sociedad, pasó del 27% en 2003 al 43% en 2013. Como su contracara, exhiben que el porcentaje de desocupados cayó en ese mismo período del 22% al 6,4%, y el de subocupados (trabajadores que laboran menos de 35 horas semanales, pero desearían hacerlo más) descendió de 16 a 7,8%, mientras que el número de trabajadores informales descendió de un 49,5% en 2003 a 34,5% en 2013. Es el resultado, señala el trabajo, de la creación de los 4,5 millones de nuevos empleos formales que declara el Ministerio de Trabajo, que según Haliburton representan un 59% más que los registrados durante la década del noventa y un 86% más que a comienzos de la década pasada. Entre ellos, el trabajo destaca el 60% de crecimiento en los empleos industriales, que pasaron de 766.000 a 1.240.000, de acuerdo a datos del Ministerio de Industria.

Pero además, menciona el incremento en el salario promedio de los trabajadores registrados formales, que según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) pasaron de ganar 967 pesos de bolsillo en 2003 a 8.107 en 2013, es decir un aumento del 741%, frente a un aumento de precios al consumidor del 389%, dato este último tomado de un cálculo realizado por el Ministerio de Trabajo en base a datos tomados del Índice de Precios al Consumidor provinciales (no aclara que provincias) y del Estudio Bein. También dan cuenta de la contracara de este fenómeno, que es el del ingreso de los 34,5% de trabajadores no registrados. Se trata de 4,2 millones de trabajadores, que en promedio, cobran un 63% menos la hora de trabajo que sus pares registrados (en este último caso toman datos del Ministerio de Trabajo). Si bien estos trabajadores informales cobran un salario un 10% más elevado que el último trimestre de 2001, en este mismo período en los registrados el aumento llegó al 42%.

Específicamente, en base a los datos presentados sobre aumentos nominales del salario registrado e índices de inflación, señalan que el salario real de los trabajadores del sector privado creció en un 70% entre 2003 y 2013, superando su poder adquisitivo en un 40% al nivel de los de 2001, de acuerdo con el SIPA, y con un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que de mantenerse congelado en 200 pesos entre 1993 y 2003, comenzó un período de aumentos sostenidos que lo elevó nominalmente en un 1500% (recordamos que el índice de inflación había acumulado 389%), hasta llegar a 3.300 pesos en 2013. No obstante, Halliburton señala en base a datos cruzados de la EPH, que el 32% de la población ocupada, es decir cerca de 3 millones y medio de trabajadores, ganaba menos que este salario mínimo.

Distribución del ingreso. Otro elemento destacado en el trabajo tiene que ver con el avance experimentado en la distribución del ingreso. Tomando cifras de la Encuesta Permanente (EPH) de Hogares del Indec, señalan que en 2003 la diferencia del ingreso entre el 10% de la población más pobre y el 10% más rica era de 32 veces, pero la misma disminuyó a 20 veces para 2013. Asimismo, exhiben que entre los años 2002 y 2012 la distribución del ingreso per cápita familiar mejoró un 21%, alcanzando en 2013 la distribución más equitativa de “por lo menos los últimos 20 años”, con un coeficiente Gini (la medida mundial utilizada para medir la distribución, donde 1 es lo más inequitativo y 0 lo más equitativo) de 0,39. También, tomando datos del Centro Cifra de la CTA, se menciona que la participación de los trabajadores en relación al capital generado pasó del 31,3% en 2003 al 41,1% en 2009, año en que, debido a la disminución en la tasa de crecimiento de los salarios reales y el menor dinamismo en la creación de puestos de trabajo, dicha participación se estancó y congeló. Con todo, Halliburton afirma que la participación de los trabajadores en la riqueza alcanza al 48%, tanto por su participación en el capital generado como por las políticas sociales de transferencia de ingreso. En este último punto, menciona cómo los jubilados pasaron de 3.158.000 en 2003 a 5.900.000 en 2013, es decir de representar el 66,1% de los mayores en edad de retiro en 2003 al 94,6% en 2013 y que la Asignación Universal por Hijo instaurada en 2009 alcanza actualmente a 3.410.000 niños, aumentando al mismo tiempo su poder de compra, según el Centro Cifra de la CTA, en un 23,5% en términos reales desde su instauración en noviembre de 2009. Los otros programas de transferencia de ingresos mencionados en el trabajo, son las Asignaciones Familiares por Hijo, que según la Anses alcanzó en enero el récord de distribución con beneficios para 4.387.000 chicos, y el recientemente creado Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Prog.Res.Ar), que para fines del 2014 llegaba a 861.280 jóvenes que previamente no estudiaban ni trabajaban.

Desendeudamiento. Además de los guarismos socioeconómicos, el trabajo da cuenta en segundo lugar del “notable proceso de desendeudamiento” que experimentó el país, pues mencionan que mientras en 2003 la deuda bruta del país alcanzaba al 166,4% de su PBI, (el total de lo producida en el país durante un año), la misma se redujo a fines de 2013 al 44% del PBI. Es destacable aquí mencionar que, aun cuando el trabajo no lo menciona, sobre la actual deuda –que durante el año pasado se amplió del 44% debido a la caída del PBI y los compromisos asumidos con Repsol y el Club de París–, la mayor parte es intrapública y otro segmento importante es con organismos multilaterales, siendo ambos casos fácilmente refinanciables.

Deudas. Con todo, desde el trabajo también se da cuenta del gran tramo que aún resta recorrer para arribar a una verdadera justicia distributiva. Además del mencionado guarismo de trabajadores no registrados, exhiben que, de acuerdo con la EPH, a fines del 2013, el 10% de la población más rica obtenía el 28,1% de los ingresos del total de la población, mientras que el 10% más pobre solo se quedaba con un 1,5%. Medida en estratos sociales, y tomando datos de la Consultora W, se señala que el 23% de la población que incluye a la clase alta y clase media alta se apropiaba del 63% de los ingresos totales en 2012, mientras que al 47% más pobre –cerca de 19 millones de personas– sólo le tocaba el 14%. Un cuadro en parte resultante de que, de acuerdo con la EPH, en 2013 el 10% de los trabajadores con ingresos más bajos obtenía el 1,5% de los ingresos totales, mientras que el 10% de los trabajadores con ingresos más altos se quedaba con el 26,2%.

Miradas al Sur - 11 de enero de 2015