Desde el Congreso, el Gobierno viene intentando blindar legalmente algunas conquistas de este tiempo y recientemente aprobó la reforma a la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, reforzando el rol del Estado como “responsable de proveer el financiamiento”, asegurar la gratuidad de los estudios, considerando a la educación superior como un “bien público” y un “derecho humano”. Recientemente, Octavio Frigerio, economista de confianza de Macri, había cuestionado la gratuidad de los estudios al asegurar que “la política universitaria que hoy existe es la del más reaccionario y antiprogresista de los subsidios, que es el de la gratuidad”.

Miradas al Sur habló con Aldo Caballero, secretario de Políticas Universitarias de la Nación, para conocer cómo queda parado el sistema universitario argentino tras estos últimos doce años de gestión.

–¿Cómo fue la evolución de la universidad pública desde mediados de los ’90, con la sanción de la Ley de Educación Superior, a esta etapa?

–La gran transformación conceptual fue que las universidades dejaron de resistir frente a los intentos privatistas de esa época y pasaron a sentirse parte de un Estado que las contiene y les permite ejercer la autonomía. Hoy, el 1% del PBI nacional se dedica a las universidades, y en ese 1% no estamos considerando recursos de infraestructura que provienen desde el Ministerio de Planificación Federal ni los aportes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no sólo financia la construcción de laboratorios a través del Conicet sino que también financia proyectos de investigación y desarrollo específicos. Desde la Secretaría de Políticas Universitarias también se asignan fondos orientados a distintos programas. El presupuesto universitario en 2003 no alcanzaba al 0,5% del PBI, era poco más de 1.900 millones de pesos; el presupuesto de 2015 supera los 42.000 millones. La cantidad de alumnos que hay en el sistema universitario hoy y que son los primeros en sus familias en acceder a la universidad es significativa. Esto es histórico: se rompió con un sistema elitista. El 93% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno son los primeros en llegar a este nivel de estudios en su familia y más del 80% son los primeros en terminar el secundario. Y esto también se está viendo en la Universidad de Córdoba.

–Luego de años que se enarbolara la bandera de la autonomía universitaria con distintos propósitos, ¿se puede hablar hoy de un sistema universitario público?

–Ahora tenemos un sistema universitario y no un conjunto de universidades en las que cada una va por su lado, esto se transformó también significativamente. Por eso, hablar de autonomía sin recursos era puro discurso. Hoy, las universidades tienen mucha libertad y esa libertad entiendo que se está ejerciendo con mucha responsabilidad.

–Sin embargo, hay algunas críticas, aparecidas en distintos medios: la masividad contra la calidad educativa, el nivel del egresado de las carreras de grado, el costo de los egresados respecto de las universidades privadas, la proporción docentes por alumnos, la proporción de docentes con doctorado.

–Muchas veces se hacen evaluaciones economicistas, sólo en función de “los gastos”. Cada 10 años, la población argentina viene aumentando a razón de un 10%, mientras que la población universitaria creció en los últimos 10 años 33%. En ese mismo período, la cantidad de graduados en la Argentina creció en un 93%. Estos datos hablan de cómo se aplica este creciente caudal de recursos. La crítica sobre la baja tasa de graduación también es una crítica economicista. La excelencia académica entendida en este tiempo tiene 3 componentes: la calidad, la inclusión (la universidad como herramienta para el ascenso social) y los recursos. Cuando se hace la comparación del costo de un graduado de una universidad privada en relación con el de una pública no están mencionando que el Estado dedica muchos recursos a la formación de equipos de investigación, una inversión incomparable con la de las universidades privadas. Y esa investigación vuelve a la sociedad, que es de donde salen esos recursos, como también a través de programas como el del voluntariado. Por caso, el prestigioso instituto alemán Max Planck eligió a la Argentina como socio en Latinoamérica y tiene su sede en el Polo Científico. No hay contradicción entre inclusión, calidad y pertinencia, que es la otra dimensión de la excelencia. La pertinencia tiene que ver con que las universidades hagan no sólo lo que desean sino también lo que el país necesita.

–Se está tratando de instalar el debate respecto de la necesidad de tener carreras de grado más cortas que otorguen títulos intermedios y promocionar los posgrados.

–Por un lado están los que promueven los posgrados con un objetivo mercantilista, dado que los posgrados no son gratuitos. Entonces sería un buen negocio formar alumnos que no estuvieran preparados para ejercer su profesión a la salida del grado así después tienen que pagar para obtener un título que sí les dé la formación que los habilite a trabajar, algo como lo que sucede en los Estados Unidos. Hay otros que sinceramente piensan que las carreras de grado son demasiado exigentes, con lo que el posgrado pierde en parte su sentido o queda para aquellos que quieran hacer investigación científica de alto nivel. Yo creo que la dinámica que tiene el sistema científico en la Argentina es distintiva y el debate se está saldando en los hechos, porque el 90% de la ciencia que se hace en el país se hace en universidades públicas y con apoyo del Conicet, así que sobre ellas es que se construyen los doctorados, ya que no son títulos honoríficos. Que en otros países se exige para ser profesor universitario contar con un doctorado, tiene que ver con que allí las carreras de grado son de menor nivel de formación.

–¿Se perciben efectos de las universidades del conurbano bonaerense respecto de los tradicionales gigantes como la UBA y UNLP?

–A la fecha, además de crear 17 nuevas universidades se crearon Centros Regionales de Educación Superior que son sedes donde confluyen varias universidades para ir expandiendo territorialmente el sistema. Pero yendo a las universidades del conurbano, en un primer momento generaron mucho temor ante la posible sangría de estudiantes, cosa que no sucedió. No sólo que no bajó la cantidad de estudiantes que hay en estas tradicionales casas de estudios sino que la matrícula fue creciendo, a la vez que engordaba la matrícula de las universidades nuevas. Y esto nos indica que está accediendo un sector de la población para quienes la universidad era algo inalcanzable. La edad promedio de los estudiantes del conurbano bonaerense es 1,6 vez mayor que la edad promedio de los estudiantes de las universidades tradicionales en el ingreso. Hay personas de 35 o 40 años que están accediendo a la universidad porque la tienen más cerca y además compatibilizan sus horarios de estudio con los del trabajo. Tecnópolis ayudó mucho en el acercamiento amigable al conocimiento y toma de conciencia respecto de la factibilidad de acceder a la universidad por parte de sectores sociales menos favorecidos.

–Al descartar el examen de ingreso y los cupos, ¿de qué manera el Estado orienta la demanda hacia aquellas áreas de estudio que se consideran necesarios impulsar para el desarrollo del país y desalienta la sobredemanda en otras áreas?

–Eso se orienta con el estímulo positivo y proactivo, nunca restrictivo. Ya tuvimos experiencias anteriores que no fueron exitosas. Por ejemplo, el país necesita cada vez más ingenieros. En 2005 se graduaban unos 4.000 ingenieros por año. Ante eso, en 2012 la Presidenta lanzó el plan estratégico para la formación de ingenieros con el objetivo de llegar a 10 mil egresados por año en 2016. Se instrumentó un sistema de becas, se promocionó en las escuelas secundarias y se creó un estímulo para aquellos que se quedaron a pocas materias de graduarse para que terminen su carrera. Con todo ello, logramos que para marzo de este año se graduaran 10.614 ingenieros. Cumplimos antes y superamos la meta.

Miradas al Sur - 15 de noviembre de 2015