En este lapso, el Gobierno buscó presentar como victorias el ruinoso acuerdo con los fondos buitres y la aprobación de nuevo endeudamiento externo en dólares; la ley ómnibus que declara el principio del fin del Fondo de Garantías y la vigencia del “blanqueo”, así como la disolución de la Ley de Servicios Audiovisuales.

También se sancionó la poco efectiva Ley 27.264, Programa de Recuperación Productiva (mal llamada “ley Mipyme”), que pretendió ser la contrapartida virtuosa del veto presidencial a la Ley de Emergencia Laboral.

Se continúa declamando como objetivos principales de la política económica la reducción de la inflación y del déficit fiscal, así como el crecimiento con “trabajo de calidad” y “pobreza cero”.

Sin embargo, con medidas como la liberalización de cambios (devaluación frente al dólar de un 60 %), la quita de retenciones a agroexportadores, grandes empresas energéticas y mineras, y la apertura comercial indiscriminada, se ha logrado el efecto contrario: fuerte alza de los precios en el mercado interno, aumento sustancial de la pobreza, desprotección de los sectores productivos y dramática suba de despidos y suspensiones.

Este cuadro se ve agravado por el abusivo aumento en servicios públicos. Los subsidios a las empresas energéticas no se redujeron sustancialmente, sino que se utilizaron como argumento para concretar incrementos tarifarios bruscos, excesivos e inequitativos para el conjunto de la población y para los sectores de la producción nacional, en favor de un puñado de empresas a las que por añadidura se les condonan cuantiosas deudas con el Estado.

APYME - diciembre de 2016