La Bonaerense fue apartada de la investigación este miércoles. Al día siguiente, el fiscal Rodolfo de Lucía se declaró incompetente ya que “existen elementos que permiten afirmar la posible comisión del delito de desaparición forzada”.

La demora de dos meses por parte del Poder Judicial halla correlatos en varias provincias.

Un repaso

En Buenos Aires, al mismo tiempo que se mostraba una apurada reacción sobre aquella dependencia, otra instancia le reducía las penas a los policías acusados tras el incendio seguido de muertes en la Comisaría 1ª de Quilmes. Por otro infierno similar, en Pergamino, la mayoría de los acusados habían recibido prisiones domiciliarias.

En Quilmes, el 20 de octubre de 2004, dejaron morir asfixiados y quemados a Elías Giménez (de 15 años), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda y Manuel Figueroa (17).

En Pergamino, el 2 de marzo de 2017, repitieron el escarmiento contra Alan Córdoba (18), Federico Perrotta (22), Juan Carlos Cabrera (23), Fernando Emanuel Latorre (24), John Mario Carlos (25), Sergio Filiberto y Franco Pizzarro (27).

Más de una década después, en 2015, el Poder Judicial dictaminó que lo ocurrido con los adolescentes equivalía a “tortura” y que se los dejó morir.

Sin embargo, en estos días, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky, confirmó la reducción de sentencia a los policías:

1. Rechazó los recursos presentados en favor de Basilio Vujovic, Gustavo Avila, Hugo D’Elía y Fernando Pedreira, con costas.
2. Declaró en parte procedentes y sin costas los recursos interpuestos respecto del comisario Juan Pedro Soria y sus subalternos Gustavo Altamirano, Franco Góngora, Juan Carlos Guzman, Elizabeth Grosso y Jorge Gómez.
3. Condenó: a Soria [que en 2015 había recibido 10 años de cárcel] a 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para cargos públicos y tener armas, accesorias legales y costas, como autor en el delito de omisión de evitar torturas.
4. Al subcomisario Basilio Vujovic [había recibido 4 años de cárcel] le rebajó la condena a 3 años y medio de prisión, y 7 años de inhabilitación especial para cargos públicos (al igual que los demás).
5. Al inspector Fernando Carlos Pedreira le rebajó la condena de 19 a 16 años de prisión.
6. Al cabo Hugo Daniel D’Elía le bajó de 10 a 9 sus años de prisión.
7. Al agente Juan Carlos Guzmán le disminuyó de 9 a 7 los años de prisión.
8. A la agente Elizabeth Fernanda Grosso, le mantuvo la condena a 3 años y 6 meses de prisión, y 6 años y 6 meses de inhabilitación para cargos públicos.
9. A Franco Manuel Góngora y a Gustavo Daniel Altamirano les restaron tres meses; sus penas quedaron en 3 años y 1 mes de prisión, además de 6 años y 2 meses de inhabilitación para cargos públicos.
10. Al inspector Jorge Rubén Horacio Gómez le dieron por purgados sus 3 años de prisión; mantiene 6 de inhabilitación para cargos públicos.

Una particularidad es que a casi un lustro de aquel juicio, está pendiente otro que iba a realizarse en marzo de este año (paralizado por la pandemia) contra la policía Elida Marina Guaquinchay Bogado por “omisión de evitar torturas”. Su nombre surgió durante el juicio cuando varios sobrevivientes hablaron de que en el cordón de uniformados que golpeaba a los que salían del calabozo agonizando, había “una policía embarazada”. La criatura de aquella panza debería tener hoy la edad de los chicos que dejaron morir. El delito del que se acusa a la madre prevé entre 3 y 10 años de cárcel. Es lo que marca la teoría, claro.

Si no pasa nada, seguimos

^{Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas. Foto: Diario Pergamino.}

En Pergamino, hace seis meses, en un emblemático 20 de diciembre y en presencia de Nora Cortiñas, dictaron sentencia los jueces Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas, que no condenaron a los policías por homicidio sino por “abandono de persona”. A seis de los ocho les dieron prisión domiciliaria con el argumento de “la emergencia carcelaria”. Además de Brian Carrizo y Matías Giuliett (a 11 años), Sergio Rodas (a 8), Carolina Guevara (a 6), condenaron a Alexis Eva a 14 años y al comisario Alberto Donza le sumaron otro año, menos de los 14 meses que se mantuvo prófugo.

Los familiares de las víctimas que hablaron con El Cohete quisieron destacar que “no todos fueron iguales; al menos el fiscal (Nelson) Mastorchio, se preguntó: ‘¿Qué hicieron los policías para rescatar y evitar el incendio? Nada. Ni llamaron a los bomberos ni usaron los matafuegos que había’. Parece que fue el único que nos oyó”.

Ahorcada en una Comisaría

^{Juez puntano Jorge Pinto.}

El juez Jorge Osvaldo Pinto, de San Luis, le dijo a una familia que si quieren otra autopsia van a tener que pagarla. Es en el caso de una muerte presentada como “suicidio” en la Seccional 25 de Santa Rosa del Conlara.

Contra esas pretensiones, la comunidad marchó este miércoles 8 con la consigna “Nadie se suicida en una Comisaría, a Magalí Morales la mató la policía”. Una originalidad del pedido es que se investigue con perspectiva de género. La hermana, Celeste Morales, dijo “necesitamos que la causa esté en fase 5 y no en la 1. ¿Cómo puede ser que en otras provincias no se haga la feria judicial y ellos se dan el privilegio de detenerla?” Según el abogado Federico Putelli, “la autopsia fue incompleta. Planteamos una apelación a la Cámara Penal de Concarán, que está definiendo”.

Desde el Poder Judicial parecen no asimilar la preocupación de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien pidió informes al ministro de Seguridad y Gobierno de la provincia, Fabián Antonio Filomena Baigorria.

La causa continuó “paralizada”, según le dijera a Télam el abogado Santiago Calderón Salomón, quien enumeró las falencias judiciales: no pidieron las filmaciones de la comisaría adonde la mujer de 39 años habría ido a buscar a un oficial que conocía; no tomaron declaración a dos personas detenidas quienes “la escucharon pedir auxilio y advirtieron la asistencia de un médico”, tras lo cual fueron trasladadas a otra sede policial; dejaron pendiente una nueva autopsia ya que “presentaba un golpe en el pómulo”, a pesar de que al ser detenida una médica había aseverado que “no tenía signos de maltrato”. “Nadie vio el cuerpo colgado, todos los testimonios hablan de que estaba en el piso, por lo que se supone que fue manipulado”. Si bien se pasó a disponibilidad a cinco oficiales, un miembro de criminalística afirmó que en la dependencia encontró a diez.

^{Florencia Magalí Morales.}

No aprenden

Con semejante respaldo tácito, veinte días después apareció otro ahorcado,Franco Maranguello, de 16 años. Dicen que ató su remera a una ventana de la comisaría de Atención a la Niñez, en Villa Mercedes. La forense Alba Pereyra determinó “asfixia por ahorcadura”. El Jefe de la Policía, Dario Neira, ordenó “atribuir o deslindar” responsabilidades de su personal, aunque habrían demorado más de 20 días en entregar el sumario policial, lo que deberá ser investigado por la jueza del Crimen 3, Mirtha Ucelay.

^{Franco Maranguello.}

Aquellos hechos reiterados en San Luis durante abril tuvieron su correlato en otras provincias al mes siguiente. Ya se ha difundido que Luis Espinoza, desaparecido desde el 15 de mayo, fue encontrado una semana después en Catamarca, con un tiro en la espalda proveniente de un arma policial de Tucumán.

La fiscal de Instrucción del Centro Judicial Monteros, Mónica García de Targa, solicitó una preventiva que el juez Mario Velázquez concedió contra el subcomisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales y los efectivos Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya, además del vigía civil Fabio Villavicencio, imputados por “privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona”.

Menos conocido es que diez días antes, Mauro Coronel, luego de haber sido detenido por policías de la Comisaría 10ª de Santiago del Estero, apareció con múltiples traumatismos que le produjeron hematomas y una infección generalizada previa a su muerte. En este caso fue el Poder Ejecutivo, por medio de su ministro de Gobierno, quien lo desmintió, al decir que su muerte se debió a su mala salud, días después de haber sido detenido por una denuncia de violencia de género. Sin embargo, los organismos de derechos humanos repudiaron el hecho que ya registra antecedentes con Ramón Velázquez, Darío Pérez.

^{Mauro Coronel.}

Contra los Qom

Rosalía Zózzoli, titular del Juzgado de Garantías, liberó a los policías que tiraron abajo la puerta de una familia qom en Fontana, torturaron a sus integrantes, abusaron de una chica y de otra menor a la que dejaron en shock durante días. A pesar de que todo el mundo vio el video, el Poder Judicial se tomó dos semanas para detener a Cristian Eduardo Foschiatti; Cristian Omar Benítez; Cristian Ariel Flores y Orlando Sergio Cabrera, a los que, sin embargo, les dieron prisión domiciliaria por “privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas, torturas, apremios y allanamiento ilegal”, es decir que no seguían órdenes de ningún funcionario. Esta jueza había sido recusada por el Estado provincial en otra causa en la que bordeó el prevaricato contra funcionarios del gobierno. Impermeable a la condena social; a la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante e incluso al discurso fustigante del Presidente de la Nación, la magistrada hizo lugar a la oposición de la prisión preventiva y, para colmo, cambió la calificación a “allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones”. Los imputados no sólo estaban en su casa sino que ahora podrán salir a pasear. La próxima vez, sus pares sólo deberán prevenirse de secuestrar los teléfonos celulares.

^{Jueza Rosi Zózzoli.}

En Buenos Aires

Esta semana el CELS se sumó a la pregunta #DóndeEstáFacundo en procura del paradero de Astudillo Castro, de 22 años, desaparecido desde el 30 de abril cuando salió “a dedo” desde Pedro Luro a Bahía Blanca. La última vez que se lo vio, de acuerdo a lo declarado por tres testigos, era subido a un patrullero. Los policías dijeron que lo habían infraccionado por violar la cuarentena pero “lo dejaron seguir”. Uno de esos uniformados fue reconocido por la madre como quien “había tenido problemas” con su hijo. La familia denunció ante el fuero federal su “desaparición forzada” y pidió que se aparte a la Bonaerense, lo que fue dispuesto este miércoles. Al día siguiente, el fiscal de la Justicia ordinaria Rodolfo de Lucía pidió que la investigación quedase en manos del fuero federal, ya que “existen elementos objetivos que permiten afirmar la posible comisión del concreto delito de desaparición forzada”.

Antes se habían filtrado versiones a la prensa en el sentido de que “‘la causa de la fiscalía provincial está bien trabajada, tiene como 300 fojas’, confirmó el fiscal federal Martínez”, y otras que se asemejan a las mentiras sobre Santiago Maldonado, quien era “visto” por camioneros u otros memoriosos en distintas provincias.

El fiscal Santiago Ulpiano Martínez (subrogante de la Fiscalía 1), con la jueza federal 2, Gabriela Marrón, de Bahía Blanca, debieron allanar la Subcomisaría de la localidad Mayor Buratovich. “Más allá de no encontrar elementos que permitan pensar en una actuación ilegal policial (…), se dispuso que la investigación continué con el auxilio de fuerzas de la Nación”, dijo el fiscal. Según indicó en declaraciones a la prensa difundidas por la Fiscalía (y recogidas por Télam), la resolución se tomó a partir de “una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos y en base a normativas de la Provincia”.

Recién esta semana, a partir de que la Comisión Provincial por la Memoria hiciese público el caso, el Poder Judicial secuestró los libros de la Subcomisaría, el móvil y los cuatro celulares de los efectivos que habrían tenido contacto con Facundo; 69 días después de su desaparición.

^{Facundo Astudillo Castro.}

La reiteración de las aberraciones de la dictadura no parece apañada por los partidos de la democracia sino en un poder más permanente; un palenque más inamovible, donde los amigos del juez se rascan.

^{El Cohete a la Luna - 12 de julio de 2020}