La próxima ronda de negociación para el establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea tendrá lugar en Bruselas entre el 20 y el 26 de junio próximos. Se prevén también dos días de reuniones ministeriales el 27 y 28 de junio a los efectos de resolver a nivel político los temas que no hayan podido ser acordados a nivel técnico. Si bien es cierto que el gobierno anunció varias veces de forma apresurada el cierre de este acuerdo, todo parecería indicar que esta vez el anuncio de la culminación de las negociaciones podría ser real.

Desde sus inicios en 1995, las negociaciones para la firma de este acuerdo se caracterizaron por sus permanentes marchas y contramarchas. Luego de la suspensión de las conversaciones en 2004 como consecuencia del intercambio infructuoso de ofertas, en marzo de 2010 los principales mandatarios de ambas regiones acordaron el relanzamiento de las negociaciones comerciales. Fue, sin embargo, el giro político hacia la derecha en los dos países más grandes del Mercosur desde fines de 2015 (Argentina) y 2016 (Brasil) lo que marcó un punto de inflexión en las tratativas: mientras que el período 2010-2015 estuvo signado por el choque entre el intento de la UE de imponer predatoriamente sus intereses y el objetivo del Mercosur de lograr un acuerdo equilibrado, los últimos tres años y medio de negociaciones se caracterizaron por las continuas concesiones unilaterales realizadas por el Mercosur en su afán de concluir un acuerdo sin considerar los posibles impactos en términos productivos, comerciales y sociales.

¿De qué se trata el acuerdo en negociación?

Si bien los textos oficiales y las ofertas intercambiadas están siendo negociados bajo extremo hermetismo, las permanentes filtraciones de información y las recientes firmas de tratados de libre comercio (TLC) que la UE viene llevando adelante con distintos países de la región dan una idea de hacia dónde apunta el acuerdo birregional. Los temas de negociación que se encuentran sobre la mesa, además de establecer un cronograma de reducción arancelaria para el comercio de bienes y un conjunto de reglas de origen preferenciales, abordan lo que en la jerga se denominan normas de tipo OMC plus. Estas consisten en disciplinas reguladas a nivel multilateral a través de acuerdos vinculantes dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) -vgr. compras gubernamentales, propiedad intelectual o comercio de servicios- pero que en el marco de un TLC birregional se verían sujetas a una ampliación en sus estándares de liberalización y desregulación.

Se trata de una negociación entre dos bloques comerciales con fuerte peso a escala internacional -representan el 27% del PIB mundial y registran durante los últimos cinco años flujos comerciales promedio por 97.000 millones de dólares- pero que detentan profundas asimetrías en términos de desarrollo relativo. Las estadísticas de comercio exterior entre las partes son elocuentes: el 68% de las importaciones de origen europeo que realiza el Mercosur se concentran en productos manufacturados de elevado valor agregado (maquinaria y equipo, automóviles, autopartes, productos farmacéuticos y químicos, entre otros); el 63% de las ventas externas del Mercosur hacia el viejo continente se componen de productos agrícolas y demás productos alimenticios con escaso nivel de transformación.

Justamente, tales diferencias estructurales explican los vaivenes históricos en las negociaciones y determinan que los resultados y objetivos buscados por las partes diverjan sustantivamente. El principal interés ofensivo del Mercosur se encuentra en una mayor liberalización del mercado agropecuario europeo. Por el lado de la UE, el objetivo es lograr un mayor acceso al mercado del Mercosur para los bienes industriales y poder incluir en el acuerdo disciplinas del tipo OMC plus. Sin embargo, el histórico proteccionismo europeo en materia agrícola sumado a la inflexibilidad de la UE en reconocer las asimetrías económicas vigentes entre ambas regiones y contemplar un trato especial y diferenciado a favor del Mercosur llevan a que, de suscribirse, la UE se alzaría sin dudas como el gran ganador de la negociación.

Negociación a contrarreloj

El gobierno de Cambiemos está trabajando contrarreloj para concluir antes de la contienda electoral de octubre un acuerdo al que visualizó desde el vamos como uno de los ejes centrales de su estrategia de "inserción inteligente al mundo" y poder anunciar con bombos y platillos la "incorporación de Argentina a las cadenas globales de valor". Para ello, cuenta con la ayuda del principal socio comercial del país, Brasil. Desde la asunción de Bolsonaro, los funcionarios de Itamaraty han flexibilizado brutalmente sus posiciones con el objetivo de cerrar el acuerdo cuanto antes. 

En el capítulo de comercio de bienes, el Mercosur accedió a la histórica demanda de la UE de ofrecer una amplia liberalización comercial, con una reducción de aranceles a cero para el 90% de los productos importados desde la UE, principalmente bienes manufacturados. Si bien los plazos que se negocian para la reducción progresiva de aranceles contemplan un máximo de 15 años, el Mercosur se comprometió a incluir un 60% de la cobertura en canastas que alcanzan la eliminación total de tarifas en menos de diez años. Sin embargo, nada es suficiente para la UE, que sigue demandando mayor acceso a mercado para sus productos agrícolas procesados (quesos, leche en polvo, aceite de oliva, duraznos en lata, ajo, vinos y productos de confitería, entre otros).

Respecto a las reglas de origen, el Mercosur terminó por aceptar cláusulas con criterios sumamente flexibles para determinar si un bien es originario de alguno de los dos bloques. Esto permite que la UE importe insumos de terceros países y mediante transformaciones productivas mínimas adquieran el estatus de productos "made in Europe", pudiendo hacer así usufructo de los beneficios arancelarios del acuerdo. Como si esto fuera poco, la UE exige que el Mercosur renuncie a la aplicación de algunas herramientas de política comercial para poder hacer uso de las preferencias arancelaria del acuerdo, tal el caso de los regímenes de exención arancelaria (admisión temporaria y drawback) y los derechos de exportación.

Todavía quedan pendientes de resolución temas claves para la suscripción del acuerdo. El primero tiene que ver con la solicitud europea de una mayor liberalización del comercio de servicios, precisamente para el caso del transporte marítimo y fluvial. El segundo se encuentra vinculado con el capítulo de propiedad intelectual y con la negociación de la extensión en la duración de las patentes de medicamentos y agroquímicos y la protección de datos de prueba utilizados en los análisis clínicos. La UE quiere asegurarles a los laboratorios europeos un periodo de exclusividad adicional a los 20 años que otorga la OMC. El Mercosur se niega, aunque estaría evaluando la posibilidad de permitirle a la flota mercante europea la libre navegación de sus mares y ríos, a cambio de mantener la regulación de la OMC en materia de patentes y datos de prueba. Por último, en el caso de las compras gubernamentales, los negociadores europeos están exigiendo una reducción en los umbrales mínimos de montos a partir de los cuales las empresas europeas puedan participar de las licitaciones bajo las mismas condiciones que las empresas locales, la inclusión de la obra pública en las ofertas de los socios del Mercosur y el acceso a las compras públicas a nivel subfederal.

Ante este vendaval de concesiones realizadas por el Mercosur y demandas infinitas ejercidas por la UE, es lógico preguntarse: ¿todo esto a cambio de qué? Por ahora a cambio de muy poco. La oposición de algunos países comunitarios liderados por Francia, Irlanda y Polonia, bloquea posibles mejoras en las ofertas para el acceso al mercado europeo de productos agropecuarios. Hoy la UE ofrece cuotas que, en su mayoría, son miserables. La carne bovina es un buen ejemplo: tan solo 70.000 toneladas anuales (entre carne fresca y congelada) para el total del Mercosur podrían ingresar a la UE con arancel preferencial. Es un volumen realmente bajo si se lo compara con las 29.500 toneladas que otorga la UE sólo a la Argentina en concepto de Cuota Hilton.

Impactos para Argentina: todo para perder, muy poco para ganar

A la fecha, las autoridades de la gestión de Cambiemos en la Cancillería y el Ministerio de Producción optaron por no hacer públicos los resultados de los estudios de impactos productivos y comerciales del acuerdo. Sin embargo, existe como antecedente un estudio realizado en 2013 por la Cancillería, en donde se observa que sólo la UE obtendría ganancias comerciales como resultado del acuerdo. Tanto Argentina como Brasil sufrirían un déficit comercial adicional al actual.

En el caso de Argentina, las exportaciones totales caerían por dos razones. Primero, porque la desgravación arancelaria entre la UE y el Mercosur terminaría erosionando las preferencias existentes al interior del mercado común, lo que redundaría en una fuerte disminución de las ventas externas argentinas de manufacturas de origen industrial (MOI) hacia el resto de los países del Mercosur (especialmente Brasil). Segundo, el proteccionismo agrícola en el viejo continente impediría que Argentina pueda incrementar significativamente su volumen de exportaciones en aquellos productos vinculados al complejo alimenticio.

Por su parte, las importaciones provenientes del continente europeo se incrementarían fuertemente en virtud de las rebajas arancelarias otorgadas, principalmente en el caso de los productos industriales de elevado valor agregado (automóviles y autopartes; productos químicos, de caucho y plásticos; maquinaria y equipo). Por ende, un TLC de estas características profundizaría la tradicional inserción de Argentina como proveedor de materias primas y alimentos e importador de manufacturas de mayor valor agregado y contenido tecnológico. El potencial impacto negativo del acuerdo también se vería reflejado en los índices de empleo, con una fuerte tendencia a la baja dada la desarticulación que se produciría en el tejido industrial.

Asimismo, dado que el tratado excede los temas estrictamente comerciales, su firma afectaría sensiblemente los márgenes de política pública con los que contaría el Estado argentino. Los impactos más nítidos se encuentran en los casos de los capítulos de compras públicas y propiedad intelectual. En el primer caso, otorgarle trato nacional a las empresas europeas neutralizaría toda posibilidad de utilizar el poder de compra del Estado como herramienta para el desarrollo, hoy uno de los pocos instrumentos todavía permitidos por la OMC. En segundo lugar, la extensión de la duración de patentes y la protección de datos de prueba dificultaría la producción de medicamentos genéricos en laboratorios nacionales públicos y privados, encareciendo el precio de los mismos y reduciendo el acceso a la salud de nuestra población.

En definitiva, estamos ante la consumación en tiempo real de una tragedia histórica para las posibilidades de industrialización y desarrollo futuro de la Argentina, con consecuencias que serán irreversibles sobre el tejido industrial y sobre la posibilidad de generar empleo de calidad y bien remunerado en nuestro país. Sin embargo, Macri acelera y presiona para la firma del acuerdo con el objetivo de poder pasar el invierno y llegar con una "buena noticia" en el orden internacional a las elecciones de octubre.

^{Cenital - 17 de junio de 2019}