A los 32 años, Miguel Julio Rodríguez Villafañe fue juez de la democracia nombrado por Raúl Alfonsín. Detuvo al criminal nazi Joseph Schwamberger y le concedió la extradición a Alemania para que fuera juzgado. En 1989, integró la cámara que juzgaba al terrorista de Estado Luciano Benjamín Menéndez. Cuando en 1990 Carlos Menem dictó el indulto y entre otros benefició a Menéndez, Rodríguez Villafañe abandonó la Justicia.

Cuando recibió la noticia se emocionó. Le temblaron las manos y esa sonrisa ancha y franca que no se le esfuma nunca, ni siquiera cuando los más pesados la corren para mojarle el argumento –cosa que de todos modos hasta ahora jamás lograron–, terminó de demoler los discursos más oscuros sobre su amada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que finalmente la Corte Suprema declaró constitucional. A los 36 años, la abogada sanjuanina Graciana Peñafort Colombi, mujer irrefutable por brillante y por sus conocimientos técnicos y jurídicos, fue una de las encargadas de pensar las estrategias para el surgimiento de nuevas voces en un espacio donde, hasta el lunes pasado, sólo había aire para la distorsión hegemónica, aun cuando nunca falte un topo asomando por debajo de las baldosas para decir que sólo se trata “de un personaje que a todo el mundo le llama la atención porque está convencida de que sabe lo que no sabe”.

Desde la sanción de la ley de medios, en octubre de 2009, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) otorgó 814 nuevas licencias y autorizaciones para radio, televisión abierta y cable. De ese total, 641 fueron licencias para el sector privado (78,7 por ciento) y 173 autorizaciones para el sector público estatal y no estatal (21,3 por ciento).

Artículo 1º

El destino de la presente ley atiende a la previsión legal de los servicios de comunicación audiovisual como una realidad más abarcativa que la restringida emergente del concepto de radiodifusión, toda vez que las tendencias legiferantes en el conjunto de los países no solo se dedican a contemplar a las instancias destinadas a las condiciones de los medios en tanto emisores últimos frente al público, sino también otras circunstancias de orden de políticas públicas regulatorias y de promoción del derecho a la información y al aprovechamiento y alfabetización tecnológica superando los criterios basados en la sola previsión del soporte técnico.

El presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Dio la lista de grupos mediáticos que deben desinvertir para adaptarse a la norma y explicó cómo será la actuación de oficio del organismo ante la falta de un plan de adecuación.

Explicó que hasta el 7 de diciembre, "que es la fecha que estableció la Corte", está permitida la presentación del "plan de adecuación voluntaria". Informó que varios grupos ya presentaron su plan, "y los que no, han expresado su voluntad de hacerlo, excepto uno", en referencia a Clarín.

"Después del 7 de diciembre están todos los plazos vencidos para la adecuación y la Afsca comienza el proceso de oficio", expresó, y dio detalles sobre cómo será la transferencia de quienes no se adecúen voluntariamente.