–Si la ley establece un mínimo y un máximo de pena para un delito, quiere decir que le deja al juez que opina qué castigo exacto corresponde –explicó Villafañe ayer en diálogo con Página/12–. ¿Con qué criterio le iba a dar un día de cárcel a un ladrón de gallinas si genocidas como Menéndez quedaban libres e impunes? La justicia es impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos. Por eso después de ser juez como abogado patrociné a Radio La Ranchada de la mutual Carlos Mujica y combatí contra el artículo 45 de la ley de radiodifusión de la dictadura. El artículo 45 era el más cruel porque impedía tener licencias a asociaciones sin fines de lucro.

–Con su experiencia en el tema y en derechos humanos en general, ¿está de acuerdo con el cambio de régimen para medios audiovisuales y telecomunicaciones?

–No. El artículo 4 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) definía tipos de servicios de radiodifusión. Estaba el cable. Con el DNU la regulación sobre el cable desaparece porque desaparece la tipificación del servicio de cables. Es gravísimo para el federalismo. El artículo 22 del DNU deroga justo estas definiciones: “Radiodifusión por suscripción”, “Radiodifusión por suscripción con uso de espectro radioeléctrico”, “Radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico” y “Radiodifusión televisiva a pedido o a distancia”. Chau cable.

–Y además hay un error: la LSCA hablaba de “Radiodifusión televisiva a pedido o a demanda”, no “a distancia”.

–Sí, efectivamente hay error en el decreto. O sea, adiós a la regulación sobre el cable y, en consecuencia, a la cantidad de licencias que un prestador puede tener. Cuando la LSCA dio tanta importante a un máximo de licencias de cable también aportó un elemento enorme al federalismo. Los cables fueron la primera revolución comunicacional de la Argentina que surgió del interior. El fenómeno no comenzó en Buenos Aires. La lógica fue diferente y la expansión siguió otro camino. En el interior eran peligrosas las parrillas tradicionales para televisión por los vientos y los rayos. Los movimientos cooperativos del interior del interior, que ya garantizaban luz, agua y teléfonos, llegaron a preguntarse por qué no hacer una antena bien sólida para llevar cable a todos. Por eso en el interior hubo tantos cables. En el Totoral, en Córdoba, hasta podían verse 11 o 12 canales cuando en Córdoba capital era imposible ver más de tres. El problema es que el ánimo de lucro neoliberal y el autoritarismo militar fueron una combinación perversa. Por eso quisieron siempre ahogar las cooperativas y las mutuales donde la gente se reunía para discutir cuestiones sociales. Por eso estaba claro para qué querían el artículo 45 de la vieja Ley de Radiodifusión. Por ese artículo la dictadura impedía a las asociaciones civiles sin fines de lucro acceder a licencias de radio, televisión y servicios complementarios.

–¿Y en democracia?

–Seguía vigente el otro aspecto, el de la búsqueda del lucro sin límites. Tampoco en democracia los grupos hegemónicos querían las cooperativas. ¿Quién le paga al interior lo que perdió entre 1980 y 2009?

–¿Está hablando de una cifra?

–Tengo un cálculo, sí: es una pérdida de unos 40 mil millones de dólares. Con la concentración de los cables y sin cooperativas se terminó la ganancia local y la generación de trabajo. Cuando los grandes operadores se hicieron dueños de todo consiguieron que a la casa le entrase un caño. Por ese caño cada uno pagaba. El dinero ya no quedó en el pueblo, como antes, sino que fue por otros caños a grandes empresas o a monopolios y en parte al exterior, cosa que no es difícil de imaginar si uno piensa en el 18 por ciento de Clarín en manos de Goldman Sachs. Cablevisión empezó a subirse a los postes sin pedirnos permiso en muchos lugares. Aprovechó la infraestructura. En los últimos años, en Córdoba, quedaron obligados por ley a subir las noticias de CBA 24N, el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya logramos nueve fallos y aun no subieron integralmente las señales a la grilla. El sistema siempre fue desparejo. Una vez que pudieron intervenir en la comunicación audiovisual, las cooperativas siempre tuvieron que demostrar que no gozaban de subsidios cruzados. Cuando se trata de grupos hegemónicos todos los lujos están permitidos. Incluso el dumping.

–¿Dónde hubo un juego con precios bajos para tumbar a la competencia?

–El caso notorio es el de Bahía Blanca y Punta Alta, donde la misma empresa cobraba una tarifa distinta aunque una está al lado de la otra. Cuando la empresa lograba derrumbar al cable local la tarifa más baja volvía a subir y se equiparaba a la otra. Pero la competencia ya no existía. Una vez controlado el mercado se podía avanzar con nuevos precios. El hombre y la mujer común a veces están colonizados semánticamente y no ven estos detalles. Dicen: “Se acabó el cepo para la radio”. Ponen una equivalencia entre cepo y normas antimonopólicas. Pero esas normas son el reaseguro de la sociedad para preservar libertades esenciales como la libertad de expresión. Si no, no habrá posibilidad de generar un juicio crítico ante la realidad de que en las sociedades las cosas son como los grandes medios dicen que son. El pluralismo mediático es una necesidad de la democracia y no del mercado. El mercado no busca la justicia ni la igualdad. En la democracia todos pueden ser incluidos. El Gobierno parece estar cambiando el eje de las garantías constitucionales. Pasa del eje persona y ciudadano al de cliente, usuario o consumidor. Y además desproteger a los usuarios y consumidores. Solo juegan los que tienen plata. El desfasaje del eje es de gran gravedad institucional. Librar al mercado es soltar los pollitos a manos del zorro.

–¿Por qué dijo al principio de este diálogo que eliminar la regulación del cable ponía en juego el federalismo?

–Porque el cable, como lo describí, es un fenómeno que comienza en el interior del país y porque la concentración atacó los cables del interior y de las localidades más pequeñas. Eso viola el federalismo, lo cual no es un tema menor. El federalismo es bastante más que la preservación de los festivales de Cosquín o de Jesús María. Disculpe que le haga un poco de historia, pero no viene mal. Cuando la Constitución se plasmó entre 1852 y 1860 el pacto tenía varios pivotes para funcionar bien. Por un lado las provincias cedían a la Nación facultades como la política exterior, por nombrarle una sola. Y por otro lado se le daba relevancia al Senado como sitio específico de consulta. En algunas ocasiones al Senado el Ejecutivo lo consulta en términos generales o para legislar. En algunos casos la consulta es específica. Por ejemplo para la aprobación de los ascensos, aunque después los oficiales dependan del Presidente. Y para ser ministro de la Corte no por casualidad hace falta una sesión especial con mayoría especial.

–¿Cuál era el papel pensado entonces para la Corte Suprema?

–Sería el ente articulador. El tribunal para resolver cualquier problema entre las provincias o entre alguna provincia y la Nación. Si las provincias tuvieran algún reclamo económico deberían ir a la Corte Suprema. Y aun hoy es así. Es más rápido.

–¿Más rápido que cuál otra cosa?

–Que cualquier otro trámite judicial. La LSCA fue promulgada en 2009 y la Corte fallo sobre su constitucionalidad en 2013. Cuatro años después. Y no es el lapso mayor que uno puede imaginar observando lo que pasa en la práctica. A veces no se tienen en cuenta los alcances de la violación del federalismo y el nivel de problemas que podrían presentarse. Mire: Córdoba, como cualquier otra provincia, diseñó y aprobó un presupuesto con los parámetros existentes en su momento a nivel nacional. Con una determinada paridad entre el dólar y el peso. ¿Qué ocurre cuando el gobierno nacional cambia la paridad? ¿Qué sucedería si los cordobeses pidieran compensación por la deuda que contrajeron a determinado valor del dólar? No importa ahora la respuesta. Importa el mecanismo. ¿Quién debería resolver un problema tan complejo? La Corte Suprema. Es el único tribunal que podría afectar el manejo económico de ciertas variables en lo inmediato. Eso nos lleva otra vez a subrayar el valor original del federalismo y al mismo tiempo a constatar que las medidas del nuevo gobierno están tratando de neutralizar organismos e instancias desde donde se pudieran hacer reclamos a la Nación. Es un tema no menor, relacionado con la lógica de lo que han tocado en la LSCA. Al haber eliminado el Afsca quedan prácticamente eliminados varios de sus órganos. ¿Qué pasará con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado no solo por universidades nacionales, medios públicos, sindicatos o representantes de pueblos originarios sino también por delegados de las provincias? Lo peor con estos cambios es que se produjeron mediante un accionar tramposo.

–¿Dónde estaría la trampa?

–Anuncian medidas pero no las publican en el Boletín Oficial hasta varios días después. El jefe de Gabinete y el ministro de Comunicación anunciaron el miércoles 30 de diciembre que habría un DNU especial sobre el régimen de medios y telecomunicaciones. El anuncio fue a la mañana. ¿Por qué ese mismo día no publicaron el DNU en el Boletín Oficial?

–¿Cuál es su interpretación?

–Que así neutralizan el accionar de la Justicia o de particulares ante la Justicia. Si usted no sabe cómo es la norma, ¿qué puede hacer? Nada. Van de decreto en decreto. Los escalonan. Fíjese que por un DNU reformaron la Ley de Ministerios. Ese DNU, el número 13, ya de por sí se metía con la LSCA porque cambiaba la ubicación del Afsca. Luego se crea un organismo no previsto por la LSCA, que dependerá directamente del ministro de Comunicaciones. El ministro queda con las mismas facultades que antes eran del Afsca y de la Aftic. El Afsca, aunque con lugar cambiado, seguía existiendo, aunque con un aumento de la autoridad del ministro. Más adelante vino otro decreto, el 136, que intervenía el Afsca. Si la intervenía, de hecho la estaba reconociendo, ¿no? En el medio de ese proceso, cuando el tema estaba bajo análisis de jueces, fiscales y actores de la comunicación, se produjo el llamado a conferencia de prensa del miércoles 30. Un día hábil. Después vinieron el jueves 31, el viernes 1, el sábado 2 y el domingo 3. En el medio el ministro Aguad se dio el lujo de decir que la decisión del juez de La Plata Luis Arias, que el mismo 30 dijo que estaba prohibido alterar o cambiar las funciones o la existencia del Afsca, no debía cumplirse porque alteraba el nuevo decreto. Pero nadie conocía ese nuevo decreto. ¿Qué clase de juego sin reglas es ése? Es como si el Gobierno dijera que un tiro de ellos es gol aunque sea con la mano y desde fuera de la cancha, y encima vale tres. En el caso de los otros el gol sigue valiendo uno, sin la mano y desde dentro de la cancha. Así no se puede jugar en serio. Cambian las reglas a cada rato. Un primer decreto (malo y todo) presupone la existencia del Afsca. Cuando uno cuestiona ese decreto la respuesta es: “No importa, el Afsca ya desapareció y ahora está el Ente Nacional de Comunicaciones”. Para colmo ni publican a tiempo el nuevo régimen legal. Y atentan contra el federalismo también en la posibilidad de ampliar las redes. Lo hacen al cambiar el artículo 63. El texto de la LSCA establecía que “la emisora adherida a una o más redes no podrá cubrir con esas programaciones más del 30 por ciento de sus emisiones diarias”. En la formulación nueva aparece relacionado ese concepto con los habitantes de una ciudad. Por ejemplo, permite que puedan trabajar en red y emitan de ese modo la mitad de su programación emisoras ubicadas en ciudades de menos de 600 mil habitantes, o sea la mayoría. El 30 por ciento de tope rige solo para una ciudad de más de 1.500.000 habitantes, como la Capital Federal, y el 40 por ciento para poblaciones de más de 600 mil habitantes. También liquidaron el abono social, que compensaba los casos en que en ciertos sitios el “prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso” (así decía la nota de la ley) era el único servicio existente para mirar televisión.

–El DNU insiste en la convergencia digital entre comunicación audiovisual y telecomunicaciones.

–Mezclan las cosas. Claro que hay que prestar atención a las cuestiones tecnológicas. En su momento las cooperativas eléctricas o telefónicas teníamos ventaja para dar Internet porque los postes eran nuestros. Ahora con wi-fi ya eso no importa tanto. Pero eso no justifica pasar por encima de una ley vigente y anularla. Dicen que recién en marzo comenzará a estudiarse la reforma de las leyes para terminar en un nuevo régimen. Invirtieron la regla legal. Ante el hecho de que la tecnología avanza (y recordemos que las AM no tienen la fuerza de antes porque las FM están en los Ipod y los autos) no se puede invalidar una ley y crear una comisión para proponer. Más allá de los cambios tecnológicos, lo fundamental es entender una lógica de mercado que tiene otras implicancias. En los años ‘90 estos mismos grandes medios que ahora volverán a beneficiarse no dijeron nada del megacanje ni de la deuda ilegítima de la Argentina. Analizar el origen de los fondos buitre depende de una prensa libre y del empoderamiento democrático de la sociedad. Cuando dicen que al cambiar o vaciar la LSCA se terminó la guerra contra el periodismo falsean la verdad: quieren terminar la guerra contra los monopolios. El periodismo y los periodistas serán las víctimas de este proceso. La reaparición de cadenas y redes y la desaparición de cables hará peligrar los empleos y el periodismo del interior, que va a quedar solo para que diga la temperatura o comente algún choque en la provincia de Córdoba. En el mercado neoliberal el periodista es una mercancía más. El día que no sirva se tira. Cablevisión prefería dar dos veces dar CNN en español a subir el canal de la Universidad de Córdoba. La ciudad de Atlanta para ellos era más importante. Con la penetración social de los grandes medios que estimulará el DNU aumentarán los condicionamientos políticos y sociales. El político que no se adapte desaparecerá del país. Desde Buenos Aires volverán a construirse diputados, senadores y gobernadores. Se potenciarán negativamente las identidades culturales si no hay límite a las licencias. Si Clarín se queda sin el techo del 35 por ciento no habrá diversidad en lo que hay que pensar, sentir y creer. Porque cuando estos grupos operan en el mercado no quieren la libertad de los más chicos, aunque cuando les va mal piden al Estado que los defienda como en el 2001 con la ley de industrias culturales para salvarse. Espero que los diputados y los senadores lo piensen más de una vez antes de integrar la comisión bicameral que dispone el artículo 31 del DNU.

–La de Promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización. ¿Por qué deberían pensarlo?

–Sería grave que diputados o senadores integraran una comisión si no dejaran en claro que parten del presupuesto de que la ley anterior para ellos todavía rige. Podría ser una violación de los deberes de funcionario público porque la ley no fue derogada. No tengo ninguna necedad. El Congreso puede sancionar nuevas leyes. Pero si un diputado o un senador valida la suma del poder pública ayuda a una ruptura institucional y negará su propia razón de ser. El Ejecutivo podría hacer lo mismo con una eventual nueva ley. El Gobierno pregona la legalidad democrática pero no deja de violar artículos de la Constitución. La urgencia es la inundación de la Mesopotamia. Los otros son temas que corresponde abordar pero respetando las leyes, la diversidad y el federalismo. En fin, habrá que seguir defendiendo a los más débiles.

Página/12 - 5 de enero de 2016