De ese modo, el organismo busca sumar a nuevos jugadores, mientras analiza los planes de adecuación presentados por los grandes multimedios y espera que se resuelva la disputa judicial con el Grupo Clarín, que continúa amparado por una cautelar que le permite eludir el cumplimiento del proceso de desinversión.

La ley establece que para brindar servicios de radiodifusión los operadores privados, con o sin fines de lucro, deben acceder a una licencia, mientras que para las entidades del sector público estatal y no estatal basta con una autorización. Dentro del sector público estatal, la ley incluye al Estado nacional, provincias, municipios, universidades nacionales e institutos educativos nacionales; mientras que en el sector público no estatal se ubican la Iglesia Católica y los pueblos originarios.

En el caso de las 641 licencias al sector privado, 549 correspondieron a radios FM de baja potencia (85,6 por ciento de este subtotal), 6 a radios AM (0,9 por ciento) y 86 a servicios de televisión por cable (13,4 por ciento). A su vez, de esas 641 licencias, 74 fueron para entidades privadas sin fines de lucro: 44 licencias de televisión por cable para cooperativas de servicio público y 30 licencias de FM para asociaciones civiles, fundaciones y bibliotecas populares.

Por su parte, de las 173 autorizaciones al sector público, 139 fueron al sector estatal (80,3 por ciento de ese subtotal) y 34 al no estatal (19,7 por ciento). Dentro de las estatales, 120 corresponden a institutos educativos (todas radios FM), 9 a gobiernos provinciales (4 radios FM, 3 AM y 2 canales de televisión abierta), 3 a gobiernos municipales (3 FM) y 7 a universidades nacionales (5 radios FM y 2 canales de televisión abierta). Entre las no estatales, las 34 fueron a pueblos originarios (32 radios FM, una radio AM y un canal de televisión abierta).

En el caso de las licencias, fueron todas adjudicaciones directas, una opción contemplada en tres situaciones:

1) En el artículo 1 de las disposiciones complementarias del decreto 1225/10 se establece que las solicitudes de licencias para la instalación de radios FM comprendidas en la resolución del Comfer 1366/06 deben ser resueltas a través del procedimiento por el que fueron convocadas (adjudicación directa), previa verificación del cumplimiento de los requisitos que cada pliego estableció. La gran mayoría de las licencias aprobadas ahora se inscriben en ese llamado de 2006, previo a la ley de medios, por eso esas adjudicaciones son directas.

2) El artículo 49 de la nueva ley prevé la posibilidad de realizar adjudicaciones directas para servicios de baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social y/o escasa densidad poblacional, donde no haya conflictos por el uso del espectro. Varias FM fueron adjudicadas haciendo valer este artículo.

3) El otorgamiento de licencias para la televisión por cable no requiere el llamado a concurso público por ser un servicio que no utiliza espectro radioeléctrico. Por eso la Afsca les dio a los cableros 86 licencias de ese modo.

En la Afsca aclararon a Página/12 que el otorgamiento de las licencias no implica necesariamente que todas esas radios y televisoras estén emitiendo. Antes deben presentar un anteproyecto técnico y un certificado de inspección final. En el organismo que conduce Martín Sabbatella reconocen incluso que, entre los que sí recibieron la habilitación definitiva, puede haber casos en los que el emisor demore su salida, aunque también hay radiodifusores que ya venían emitiendo de manera ilegal desde antes de obtener la licencia y lo que se hizo fue regularizar su situación.

Si bien hasta ahora todas han sido adjudicaciones directas, en la Afsca remarcan que desde el año pasado se han abierto concursos públicos en 12 provincias para asignar frecuencias de FM al sector privado, aunque todavía no se resolvieron. En las próximas dos semanas se llevarán adelante convocatorias similares en Santiago del Estero y Salta.

En junio de 2011 también hubo una convocatoria a concurso para prestar servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta, con definición estándar, en un canal digital, pero el llamado fue prorrogado al menos cuatro veces y finalmente se suspendió, sin que desde entonces haya habido novedades sobre el tema.

En lo que tampoco hubo demasiados avances desde la sanción de la ley es en la elaboración del Plan Técnico de Frecuencias y el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales. Recién el 13 de marzo de este año, la Afsca y el Ministerio de Planificación firmaron un convenio específico de cooperación para la conformación de un Comité Regulatorio Conjunto Permanente que tiene que avanzar en el diseño de ambos planes.

La ausencia de esos planes dificulta la organización del espectro radioeléctrico, pues es difícil resguardar un tercio para organizaciones sin fines de lucro, como prevé la normativa, si se desconoce cuál es el total disponible. No obstante, lo que decidió la autoridad regulatoria es ir reservándoles un tercio de todas las frecuencias que se van concursando.

Página/12 - 2 de junio de 2013