En un año y medio el gobierno de Mauricio Macri ha reinsertado a la Argentina plenamente en la lógica de la valorización financiera, pulverizado el mercado interno y destruido derechos.  A pesar de tanto esfuerzo requiere de ajustes todavía más salvajes en términos de disciplinamiento laboral y vaciamiento del Estado para consolidar su proyecto.

En pocos meses el gobierno de Cambiemos ha desmontado gran parte de los avances logrados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina en doce años. La brutal devaluación, acompañada por la eliminación de las retenciones y una rebaja del 5 % a la de la soja (en un plan plurianual para eliminarla totalmente) se tradujo en un salto inflacionario que erosiona los salarios reales. Por otro lado ha iniciado un plan de reducción de personal en el Estado con claros fines persecutorios y de disolución de organismos de control y promoción social, al tiempo que da una señal al sector privado para que haga lo propio. El veto a la doble indemnización es una luz verde para continuar con esa política.

Es fácil, simple y comprobable ver la lógica rentista en el gobierno de Macri, por la sencilla razón que ha sido la lógica de la burguesía Argentina en gran parte de su existencia, exasperada cuando asumen la administración del país.

No se enoje con el título. Tenga paciencia y siga leyendo. Pero antes, piense unos segundos y responda si considera que en estos cinco meses el gobierno de Cambiemos realizó o no un fuerte ajuste de las cuentas públicas. La conclusión de la mayoría será, seguramente, afirmativa, influida por el impacto del tarifazo, por los despidos en el Estado y por el freno en la obra pública. Sin embargo, la realidad no es esa. Según datos oficiales, en el primer cuatrimestre del año el déficit del sector público fue de 62.403 millones de pesos, apenas 1.764 millones menos que en igual período del 2015. Ese resultado fue producto de un aumento en los ingresos del 29 por ciento y de un aumento en el gasto de un 24 por ciento.

Contra la sensación reinante, esos números están muy lejos de reflejar un fuerte ajuste fiscal.

La Comisión Europea determinó que las cuentas para 2014 presentadas por el gobierno de Mariano Rajoy no garantizan el cumplimiento del objetivo de déficit pactado en el 5,8 por ciento, y le demandó que para lograr la mejora estructural recomendada siga haciendo "los esfuerzos necesarios".

Hace cinco meses, más precisamente el 3 de enero de 2013, en un escueto artículo, en la categoría draft, que no refleja una posición oficial, Olivier Blanchard, economista en jefe del FMI, de centroderecha, indicó que el organismo había cometido un error en sus cálculos sobre el impacto de la disminución del gasto público en el crecimiento económico. Concretamente decía “la consolidación fiscal en las economías desarrolladas produjo un impacto más importante en la caída de la tasa de crecimiento. Lo cual indica que los multiplicadores fiscales eran significativamente más elevados de lo que las previsiones estimaban implícitamente”. La confesión no dejó de producir una pequeña revolución en el mundillo de los macroeconomistas.