Es lo que algunos economistas del oficialismo y varios consultores con afinidad ideológica le reprochan a Alfonso Prat Gay. Los que están en el gobierno, como Federico Sturzenegger y Carlos Melconian, dicen en privado cosas similares a las que se leen en el último informe de Economía&Regiones: “No hay ninguna señal contundente de reducción de gasto público y de la presión fiscal, que ahogan al sector privado, atentando contra su competitividad y capacidad para hacer negocios y producir”.

La consultora fundada por el actual ministro Rogelio Frigerio hizo un balance del efecto fiscal de las medidas tomadas o anunciadas por el gobierno hasta ahora. En el platillo de los menores gastos coloca la quita de subsidios a las tarifas y el recorte de la nómina salarial, y en el platillo de la pérdida de ingresos ubica la suba del mínimo no imponible en Ganancias, la rebaja y quita de retenciones, la restitución a las provincias de la coparticipación que había sido transferida a la Anses a comienzos de los ’90, y lo que surge del proyecto de ley de devolución de 15 puntos de IVA a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y a jubilados con haber mínimo que la semana pasada tuvo media sanción en Diputados. El saldo de ese conjunto de medidas, lejos de achicar el déficit, lo agranda en 121.000 millones de pesos en el año en curso.

Y ese balance no toma en cuenta que el recorte de subsidios se redujo con los anuncios del lunes que suavizan el tarifazo de gas para las pymes y la Patagonia, y tampoco incluyen las medidas fiscales a favor de las pymes, como, por ejemplo, la posibilidad de pagar el IVA a los 90 días.

En el mismo sentido que Economía&Regiones, aunque sin tono crítico, la consultora Ecolatina señala: “A diferencia de lo ocurrido en otros frentes, en el plano fiscal primó el gradualismo. Si bien se avanzó en el proceso de recorte de subsidios, ello no alcanza para compensar la quita/reducción de retenciones, el aumento del mínimo no imponible de Ganancias, los incrementos de asignaciones familiares, y la reducción del IVA a beneficiarios de la AUH y jubilados próximamente, entre otras medidas”.

El informe mensual que el Estudio Bein difundió el lunes a su clientela tiene un capítulo titulado “Ajuste… ¿Cuál ajuste?”. Explica que el acceso al crédito le permitió al Gobierno no realizar un ajuste fiscal. La consultora que dirige quien fuera el principal referente económico de Daniel Scioli en la campaña lo dice de esta manera: “Ajustar nunca es fácil y cuando se consigue crédito hay capacidad para limitar los ajustes, es decir, no ajustar. Esto no quiere decir que todos estén igual frente al ajuste de precios relativos que intenta dar señales a la inversión –de hecho, la contracara es un cambio brusco en la distribución del ingreso–, pero en términos fiscales el ajuste no se ve”.

En definitiva, lo que muestran los números y observan las consultoras, desde las monetaristas hasta la de Miguel Bein, es que no hay ajuste fiscal. Lo que no significa que no haya ajuste en el cinturón de buena parte de la sociedad, provocado por un cambio violento de precios relativos, en el que ganaron las tarifas, la producción agropecuaria, los formadores de precios, los tenedores de activos dolarizados, los que aprovechan las altas tasas de interés, y donde, fundamentalmente, perdieron los asalariados.

En realidad, la idea del ministro de Hacienda nunca fue realizar un drástico ajuste fiscal. De hecho, el plan que presentó en público contempla una módica reducción del déficit del 5,4 por ciento del PBI el año pasado al 4,8 por ciento en 2016.
Los sectores más ortodoxos del Gobierno le reclaman un ajuste más profundo. Con una lógica bien monetarista, argumentan que con los niveles de déficit previstos por Hacienda la emisión necesaria para cubrirlo demora la disminución de la inflación y obliga al Banco Central a mantener tasas de interés muy elevadas que sean atractivas para absorber a través de la colocación de Letras del Banco Central (Lebac) el exceso de circulante.

A todo esto, la economía sigue en recesión, y se va diluyendo la expectativa de que la actividad se recupere a partir del segundo semestre. El pesimismo al respecto, que los propios funcionarios reconocían en charlas off the record, fue confirmado por el Presidente la semana pasada cuando dijo que “en un año vamos a ver los frutos de este camino”. Es decir, que habrá que pasar el otoño, y el invierno, la primavera y el verano.

El corrimiento del horizonte para un rebote económico tiene como empujón principal la caída en el consumo que, a diferencia del gasto público, sí ha sufrido un fuerte ajuste como consecuencia de la combinación de la caída en el poder adquisitivo, de las altas tasas de interés y de comportamientos de compra cautelosos típicos de momentos difíciles e inciertos. Considerando que el consumo representa alrededor de tres cuartas partes de la demanda agregada, su caída y las bajas perspectivas de que se fortalezca minimizan la probabilidad de un rápido repunte del nivel de actividad. Menos aún si desde afuera no sopla viento de cola y si los dólares que van llegando son primordialmente para inversiones especulativas y no productivas.

Revista Veintitrés