El proyecto de Presupuesto 2026 consolida el ajuste iniciado en 2024 en políticas clave para la igualdad de género. Programas centrales como los de prevención de la violencia, salud sexual y reproductiva y moratorias previsionales sufrieron recortes drásticos, cambios de enfoque o directamente dejaron de figurar como partidas específicas. En paralelo, se mantuvieron transferencias a hogares con niñas, niños y adolescentes, prestaciones de particular importancia para los hogares monomarentales, pero con señales preocupantes: la propuesta elimina el mecanismo de actualización automática de la AUH y la AUE, lo que amenaza su poder de compra frente a la inflación.

1. Análisis de partidas de prevención y atención de la violencia de género

A casi dos años de gestión, el gobierno nacional sigue sin identificar una línea presupuestaria para el Plan Nacional de Acción al que se encuentra obligado por la Ley 26.486, de protección integral a las mujeres.

En las principales políticas destinadas a la atención de la violencia de género se consolida el camino de desmantelamiento y opacidad presupuestaria iniciado en 2024. Ese año, el presupuesto del Programa Acompañar se redujo un 90 % respecto a 2023 y la cobertura cayó de más de 100.000 personas en 2023 a solo 434 en 2024. Desde 2025, el programa dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo fue dado de baja^[1].  

La Línea 144, principal canal de atención a personas en situación de violencia, perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45 % su planta de trabajadoras. En 2025 y 2026 también se eliminó su línea presupuestaria específica, lo que impide saber cuántos recursos se le asignan y ejecutan. Según datos informados en respuesta a pedidos de acceso a la información pública sobre metas de 2023, las personas asistidas por la línea 144 fueron 180.000 mientras que las intervenciones realizadas en ese año fueron 50.000. 

Aún cuando no es posible identificar una partida específica, para 2026 aparece una meta asociada a la Línea 144 en el programa Afianzamiento de la Justicia. La cantidad de personas asistidas se reduce a 60.000, un tercio de las personas asistidas en 2023.

La actividad Protección de Víctimas de Violencia —perteneciente al programa Afianzamiento de la Justicia del Ministerio de Justicia— muestra un aumento significativo en 2026. Sin embargo, no es posible estimar qué porcentaje de esta partida se destina a proteger a víctimas de violencia por razones de género porque la formulación de la política se plantea un alcance más amplio, haciendo hincapié en “delitos contra la integridad sexual y violencia familiar”. Este cambio de enfoque se ve reflejado, por ejemplo, en el aumento de la meta de personas capacitadas en “Abordaje y prevención de la violencia sexual y familiar” que pasa de 5.000 en 2025 a  113.334  en 2026.  

Al considerar la magnitud absoluta de los tres fondos mencionados –los que tienen montos más significativos en términos de lucha contra la violencia–, este aumento está lejos de compensar la reducción presupuestaria del Programa Acompañar y la Línea 144. En términos agregados, estas tres políticas sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 89%. En otras palabras, mientras el Proyecto propone un presupuesto de casi 40 mil millones de pesos para 2026 para la partida de Protección de Víctimas de Violencia (triplicando el presupuesto actual), recuperar la inversión de 2023 en el Acompañar y la Línea 144 requeriría de 1.790 mil millones de pesos.

Gráfico 1. Presupuesto para el Programa Acompañar, la Línea 144 y la actividad

Protección de Víctimas de Violencia . 2019-2026*  

Millones de pesos a precios de 2026

^{Fuente: ACIJ y ELA en base al Ministerio de Economía y Proyecto de Presupuesto 2026.}

*Hasta 2024 se utilizó el crédito devengado, para 2025 el crédito vigente al 15/9/2025 y para 2026 la proyección de gasto incluida en el Proyecto de Presupuesto 2026.

2. Análisis de las partidas de salud sexual, reproductiva y no reproductiva

El Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, perteneciente al Ministerio de Salud, contempla dos actividades: Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable y Prevención del Embarazo Adolescente (Plan ENIA). Tras sufrir un desfinanciamiento casi total en 2024, el gasto del programa cayó a mínimos históricos: representó solo un 20% de lo invertido el año anterior y apenas un 8% de la cifra de 2021. De cara a 2025, el crédito vigente muestra una importante recuperación, aunque todavía se encuentra lejos de los niveles de inversión de años previos.

Además, se verifica un cambio de enfoque en el programa, ya que el grueso del presupuesto pasó a la actividad Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable mientras que el Plan ENIA quedó prácticamente sin financiamiento: en 2026 se ejecutaría menos del 3 % de lo invertido en 2023.

Gráfico 2. Presupuesto para el programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable desagregado por actividades. 2018-2026*

Millones de pesos a precios de 2026

^{Fuente: ACIJ y ELA en base al Ministerio de Economía y Proyecto de Presupuesto 2026. *Hasta 2024 se utilizó el crédito devengado, para 2025 el crédito vigente al 15/9/2025 y para 2026 la proyección de gasto incluida en el Proyecto de Presupuesto 2026.}

En cuanto a las metas del programa, se observa un giro estratégico: se abandona el asesoramiento, la capacitación docente (ESI) y el apoyo a la IVE para centrarse casi exclusivamente en la distribución de métodos anticonceptivos físicos (preservativos, DIU, implantes). Se prevé una menor inversión en capacitación y educación: la drástica reducción en capacitación y materiales educativos sugiere un menor énfasis en la prevención y formación.  A pesar del aumento en la distribución de algunos insumos, la meta de cobertura general con métodos anticonceptivos se reduce significativamente (de 54% a 34% de la población), lo que sugiere que menos personas en total accederán a los tratamientos del programa.

El plan para 2026 representa una contracción y un cambio de enfoque en comparación con 2025. Mientras que se incrementa la distribución de algunos métodos anticonceptivos, se observa una drástica reducción en la meta de cobertura general, capacitación y materiales educativos. Además, se eliminan por completo metas clave relacionadas con el asesoramiento a adolescentes, la capacitación docente y la distribución de medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Tabla 1. Metas seleccionadas del programa Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable*

^{Fuente: ACIJ y ELA en base al Ministerio de Economía y Proyecto de Presupuesto 2026. *Hasta 2024 se utilizaron las metas ejecutadas anualmente, para 2025 las ejecutadas hasta el segundo trimestre y para 2026 la proyección de metas incluida en el Proyecto de Presupuesto 2026.}

Gráfico 3. Presupuesto para Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral. 2018-2026*

Millones de pesos a precios de 2026

^{Fuente: ACIJ y ELA en base al Ministerio de Economía y Proyecto de Presupuesto 2026. *Hasta 2024 se utilizó el crédito devengado, para 2025 el crédito vigente al 15/9/2025 y para 2026 la proyección de gasto incluida en el Proyecto de Presupuesto 2026.}

En relación con las actividades de Educación Sexual Integral (ESI), bajo la órbita de la Secretaría de Educación, el Proyecto de Presupuesto 2026 asigna $30 millones, lo que representa apenas el 2 % de lo ejecutado en 2023. En términos de resultados físicos, la partida contaba con dos indicadores clave: cantidad de docentes capacitados y cantidad de provincias asistidas. Ambos indicadores se desplomaron en 2024, pasando de 65.000 a 900 y de 24 a 6 respectivamente. En 2025, se reporta que no se planifica capacitar a ningún docente ni brindar asistencia en ninguna provincia, y en 2026 directamente desaparecen del presupuesto como metas informadas.

3. Análisis de partidas de protección social y previsional

En el plano previsional, las moratorias son una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la jubilación de personas que no lograron completar los años de aportes requeridos por el régimen previsional. Esta política tiene un impacto particularmente relevante entre las mujeres, cuyas trayectorias laborales están marcadas por la informalidad, la precariedad y las interrupciones ligadas al trabajo no remunerado en los hogares. Según datos oficiales, el 64 % de las jubilaciones vigentes fueron otorgadas a través de moratorias, y tres de cada cuatro personas beneficiarias son mujeres^[2]. A su vez, muchas de ellas deben abonar las cuotas de la moratoria con su propia jubilación, lo que reduce aún más sus ingresos reales y puede ubicarlos por debajo del haber mínimo.

En términos presupuestarios, en 2025 se recuperó el nivel de gasto registrado en 2023, y para 2026 se proyecta un aumento de casi 5 % en valores reales respecto a ese año. En cuanto a la cobertura, según los indicadores presentados en el Proyecto de Presupuesto, la cantidad de personas jubiladas por moratoria se incrementaría un 10 % entre 2023 y 2026.

Gráfico 4. Presupuesto para Prestaciones Previsionales por Moratoria  2015-2026*

Millones de pesos a precios de 2026

^{Fuente: ACIJ y ELA en base al Ministerio de Economía y Proyecto de Presupuesto 2026. *Hasta 2024 se utilizó el crédito devengado, para 2025 el crédito vigente al 15/9/2025 y para 2026 la proyección de gasto incluida en el Proyecto de Presupuesto 2026.}

A su vez, el haber jubilatorio depende de la fórmula de movilidad, mientras que el bono previsional —un pago extra para quienes cobran la mínima o haberes cercanos y cuyo monto depende del Poder Ejecutivo— se mantiene congelado desde marzo de 2024 en $70.000. El proyecto de presupuesto sostiene el mismo monto total de la partida destinada al bono, por lo que, a diferencia del aumento real en moratorias, este beneficio pierde valor y equivale a casi la mitad de lo que representaba en 2023. Dentro del total de personas jubiladas a través de moratorias, el 63 % perciben haberes iguales o por debajo de la mínima^[3][4].

Desde marzo de 2025, el régimen de moratorias previsionales dejó de estar vigente, sin que el gobierno prorrogara su aplicación ni propusiera una alternativa. Esto implica que las personas que cumplan la edad jubilatoria sin reunir los 30 años de aportes ya no pueden acceder a la jubilación mediante moratoria, y deben solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación más baja y sin reconocimiento de aportes. Esta situación afecta especialmente a las mujeres, que accedían a la jubilación por moratoria a los 60 años, y ahora deberán esperar cinco años más para recibir un ingreso previsional. En julio de 2025, el Congreso aprobó una nueva ley de moratoria, pero el Poder Ejecutivo la vetó, consolidando el cierre de esta vía de acceso al derecho previsional.

Por otra parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Prestación Alimentar son transferencias monetarias orientadas a mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de hogares en situación de vulnerabilidad social con niñas, niños y adolescentes. Estas políticas son consideradas “Presupuesto con Perspectiva de Género”^[5] en virtud de que priorizan a las mujeres como titulares del beneficio, reconociendo su rol central en la organización del cuidado y pueden contribuir a su autonomía económica, especialmente en hogares monoparentales encabezados por mujeres.

Para 2026, el Proyecto de Presupuesto mantiene un nivel de inversión similar al de años anteriores. Un dato positivo es que se refuerza el peso de la AUH —una política protegida por ley y con actualización automática— frente a la Prestación Alimentar, que depende de resoluciones ministeriales y los aumentos son decididos de forma discrecional por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la preocupación central en esta materia es que el art. 73 del Proyecto de Ley de Presupuesto deroga el mecanismo de actualización. Si se subestima la inflación proyectada en el Presupuesto (ver Cuadro 1), esto podría derivar en una licuación de la prestación en 2026.

Gráfico 5. Presupuesto destinado a AUH y Prestación Alimentar. 2022-2026*

Millones de pesos a precios de 2026

^{Fuente: ACIJ y ELA en base al Ministerio de Economía y Proyecto de Presupuesto 2026. *Hasta 2024 se utilizó el crédito devengado, para 2025 el crédito vigente al 15/9/2025 y para 2026 la proyección de gasto incluida en el Proyecto de Presupuesto 2026.}

4. Metodología

El análisis parte de las proyecciones oficiales del Presupuesto 2026, que estiman una inflación acumulada de 24,5% en 2025 y de 10,1% en 2026. Estos supuestos implican que entre septiembre y diciembre de 2025 la inflación mensual promedio debería ubicarse en torno al 1%, mientras que en 2026 sería de 0,8%. Sobre esa base se calcula la inflación promedio interanual, que resulta de comparar el promedio de los índices mensuales de precios de cada año con el del año anterior. Este indicador suaviza variaciones puntuales y permite una comparación más consistente de los presupuestos en términos reales.