Desde el mismo momento en que la privatización, la desregulación y la flexibilización laboral expulsaron a una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras formales al desempleo, la precariedad y la pobreza, comenzó la lucha por ser reconocidos como sujetos con derechos sociales, económicos, políticos y sindicales.

Un derrotero iniciado a fines de los años noventa a medida que se sufrían las políticas neoliberales; que alcanzó grandes proporciones en la crisis de 2001 donde la precariedad afectó a la mitad de los trabajadores y quedó consolidada en un piso de informalidad en torno al 30%, aún en los mejores años de crecimiento económico. Esta es la foto de un sendero económico que puede alcanzar el crecimiento pero no el desarrollo con inclusión social.

En paralelo a los procesos económicos, se dio una lucha por convertirse en sujetos sociales y políticos. Así, a las primeras resistencias desarticuladas le siguieron procesos de organización locales para terminar en organizaciones de carácter nacional. La lucha por el reconocimiento como sujetos políticos acerca la posibilidad de hacer efectivos todos los derechos, un paso más para salir de la categoría de excluidos.

El jueves 4 de junio se creó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Según indicó Esteban “El Gringo” Castro, secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular: “El registro es producto de una pelea por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Cuando se ganó la emergencia social era fundamental conseguir el salario social complementario (un ingreso que complemente aquellos generados por actividades inestables) y poder registrar a todas las personas que no estaban en relación de dependencia y que trabajaban en la economía popular”.

El propósito del Renatep es hacer visibles, desde el Estado, a estos ciudadanos y, como derivado del hecho de identificarlos, el Registro permitirá acercar programas de empleo, seguridad social, capacitación, acceder a redes de comercialización y líneas de crédito. La inscripción es online y cuenta con geolocalización.

En el Registro podrán anotarse trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años que crearon su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios en unidades productivas individuales o colectivas que están caracterizadas por relaciones asimétricas en el ámbito financiero, comercial o fiscal. Desde la Secretaría de Economía Social estiman que podría alcanzar a 4,5 millones de trabajadores de la economía popular, si bien el universo puede ser mucho más importante.

La herramienta incluirá a quienes trabajen como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeñas agricultoras y agricultores; trabajadores sociocomunitarios; trabajadores de la construcción, infraestructura social y mejoramiento ambiental, pequeños productores manufactureros, entre otros.

El Registro viene a resolver el problema del ocultamiento de las nuevas formas del trabajo al asignarle identidad a los sujetos de la economía popular, así como contribuye a debilitar el estigma que pesa sobre estos colectivos en su relación con el Estado y el resto de la sociedad.

Como cada vez que se produce un proceso de institucionalización de actores se amplía el campo de derechos adquiridos. El Registro es el primer paso para generar políticas que permitan efectivizar los derechos de ciudadanos que siempre trabajaron pero no tienen ninguno de los beneficios asociados al empleo formal ni cuentan con un ingreso básico estable.

Castro tiene claro que este instrumento permite en lo inmediato generar paliativos a la situación de emergencia profundizada por la pandemia. En el mediano plazo, sostiene, es necesario avanzar en dos frentes: “Pelear por ingresos suficientes pero también atacar la concentración de la riqueza”. Castro considera imposible tratar una cuestión sin la otra.

Los mismos dirigentes que consiguieron que se cree el registro, dieron a conocer el 1 de mayo de 2020 el Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, entregado al presidente de la Nación, donde se proponen ocho puntos que permitirían salir de la crisis. Los puntos abordan: soberanía alimentaria, monetaria y financiera, fiscal, productiva, energética, marítima, piso de ingresos garantizado y acceso a la vivienda.  

De lo que se trata es de una agenda que permita crear más y mejor trabajo en los sectores populares, valorizar las actividades que se realizan y distribuir mejor los recursos.

* Presidenta del IADE, directora de la revista Realidad Económica - 19-06-2020.