En la Argentina política de estos días se libra una nueva versión de la vieja guerra por la formación de expectativas. La puja es propia del período preelectoral: quien logre imponerse llegará en mejor forma a los comicios. Y el campo de batalla es, cuándo no, la economía, la disciplina que hizo de la formación de expectativas una implacable herramienta de campaña.

Fue el senador Ernesto Sanz quien, con sinceridad brutal, expuso el juego opositor. “Ojalá la cosa no mejore hacia octubre”, rogó, palabras más o menos, el dirigente radical, encomendando la performance electoral de su equipo a lo que ocurra con el bolsillo del ciudadano-consumidor. Aunque se cuidarán de decirlo en público, en el variopinto espectro anti K son varios los que cada noche le prenden una vela al “dólar blue” con la esperanza de que ese maxiquiosco de divisas perfore las chances electorales del kirchnerismo.

En ese grupo, tan heterogéneo en ideas como homogéneo en intenciones, conviven dirigentes políticos con pretensiones, economistas rentados del establishment, banqueros buitres, medios de comunicación y empresarios sedientos de devaluación. A todos ellos, la presidenta Cristina Fernández les dijo esta semana que deberían aguardar otro gobierno para materializar esa formidable transferencia de ingresos y recursos que se produce cuando un gobierno decide devaluar. No se refería a la política de microdevaluaciones que el kirchnerismo viene aplicando como parte de su programa de flotación administrada, sino a la brusca depreciación de la moneda que, de un día para otro, enriquece aún más a los ricos y empobrece a los asalariados y a las mayorías populares en general.

Descartada esa “solución mágica” que en los días previos venía pregonando el coro neoliberal, la mandataria sacó a la cancha a su equipo económico en pleno para anunciar dos instrumentos financieros destinados, según se explicó, a desalentar el mercado ilegal de divisas y apuntalar la inversión.

Sentados en fila en el microcine de la AFIP, Guillermo Moreno (Comercio Interior), Axel Kicillof (viceministro de Economía), Hernán Lorenzino (ministro de Economía), Mercedes Marcó del Pont (presidenta del Banco Central) y Ricardo Echegaray (titular de la AFIP) anunciaron un nuevo programa de blanqueo de capitales con el que se buscará integrar al sistema parte de los 200 mil millones de dólares que, se estima, un grupo de argentinos posee al margen de la ley, en la Argentina y en el exterior.

Como se informa en detalle por separado, el Certificado de Inversión Inmobiliaria (CEDIN) y el Bono de Ahorro Argentino para el Desarrollo (BAADE) tienen características distintas, pero persiguen el mismo fin: incorporar reservas al Banco Central y crear un mercado especulativo que no trafique con billetes verdes –indispensables para cumplir con obligaciones externas– sino con papeles emitidos por el Estado nacional. Esta última intención parece verificarse con la aparición de un tercer instrumento, el Pagaré de Ahorro, que no fue anunciado en la conferencia pero que integra la oferta en los proyectos que el Ejecutivo envió al Congreso de la Nación. Según le explicó el secretario de Finanzas Adrián Cosentino a esta revista, “la ley contempla que el BAADE, tanto en su versión cartular como registral, pueda ser emitido en una versión pagaré, como ocurre con otros bonos soberanos en circulación”. Según Cosentino, “esta opción puede resultar más conveniente para determinados perfiles de inversores institucionales”.

El funcionario explicó que quienes opten por la versión Pagaré contarán con la posibilidad de convertirlo, a partir del año, a su versión título público en cada fecha de pago de los respectivos cupones semestrales. Esta característica permitirá, por caso, que el documento circule incluso como medio de pago a través de endosos, lo que puede volverlo atractivo en un eventual mercado secundario donde se trafique este tipo de documentos surgidos de la exteriorización de dólares que se mantenían en el mercado informal.

Con esta flexibilidad del BAADE –que también aplica para el CEDIN–, el Gobierno busca “monetizar” instrumentos financieros para sacar del circuito los dólares que se trafican en el mercado “blue”. Si consigue ese objetivo, habrá logrado limitar la proliferación de un mercado que, aunque pequeño y marginal, amenaza con impactar en la economía real debido a la proverbial cultura del comercio y la empresa local de dolarizar su renta.

Es una incógnita, claro, si la generosa oferta alcanzará para seducir a los poseedores de dólares en negro, acostumbrados por décadas a surfear en la espesura sin sufrir mayores consecuencias fiscales o en el ámbito penal. Esa historia –que el kirchnerismo abonó con una convocatoria similar en 2008– demuestra que a cada blanqueo le siguió una nueva ola de fuga y evasión. Por cierto, ahora existen mecanismos de información tributaria que permiten mejorar la fiscalización, y el cepo cambiario evita que la canilla de dólares fluya con el caudal de antaño, pero persisten factores culturales que conspiran contra cualquier presión. El principal: el argentino promedio adora atesorar dólares.

El Gobierno insinuó intenciones de dar una batalla cultural histórica contra la compulsión por el billete verde cuando impuso que las transacciones inmobiliarias debían realizarse en moneda local. En una primera mirada, las medidas anunciadas por el equipo económico podrían evaluarse como un retroceso en esa pelea, si se considera que el CEDIN –el certificado previsto para operar en la compraventa de inmuebles– se mantendrá en custodia del Central con un encaje del cien por ciento y será canjeado, en dólares, a su valor nominal contra la sola presentación del documento. ¿Cómo evitar que la proliferación de este instrumento no infle los precios, en dólares, de propiedades usadas que ya resultan inaccesibles para las mayorías? ¿El CEDIN no conspira contra la incipiente pesificación que se evidencia en el mercado de viviendas a estrenar? Es más: con un crecimiento del 5 % para este año, en esta misma edición Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, dice que su negocio goza de excelente salud a pesar de las restricciones cambiarias (ver página 58). ¿Por qué, entonces, se diseñó un instrumento que sólo impactará –y probablemente encarecerá– el mercado del inmueble usado? Estas incógnitas podrán responderse en el debate parlamentario que viene, aunque un miembro del equipo económico K que participó en este proyecto anticipó una respuesta sin eufemismos: “El mayor impacto no va a ser en el mercado, sino en las reservas del Central. Y aunque sea circunstancial –lo que ingrese al BCRA por el CEDIN se devolverá en billetes al portador–, la suba de dos o tres mil millones de dólares en las reservas ayuda a desalentar las expectativas negativas que pretende instaurar la oposición”. Lo dicho: en economía, las expectativas son casi, todo.

Como era de esperar, el equipo opositor contraatacó con la defección moral implícita en el anuncio. A ese coro indignado se sumaron, incluso, Javier González Fraga –ex representante en la Argentina del banquero investigado por lavado Ghait Pharaon– y Alfonso Prat Gay, ex funcionario del multisospechado banco de inversión JP Morgan. Más allá de esas curiosidades, es un hecho que el blanqueo implica una ofensa para los millones de argentinos de bien que, con esfuerzo, cumplen con sus obligaciones. El Gobierno, claro está, deberá cargar con esa cruz política, lo que podría amortiguarse si, al final del proceso, se conocieran los nombres de los ciudadanos y las firmas argentinas que tenían sus ganancias en negro. Por comprensibles que resulten las razones económicas del indulto fiscal, la sociedad tiene derecho a conocer quiénes fueron los que se enriquecieron a costa de todos.

Si, como les gusta a los economistas mediáticos, las decisiones políticas sólo se evalúan en números, es imprescindible consignar que el Gobierno toma estas medidas cuando las cifras del Estado muestran vitalidad: reservas por 39 mil millones de dólares, superávit comercial previsto para 2013 en 12.500 millones de dólares, niveles sostenidos históricos de consumo y empleo, y crecimiento estimado del PBI del 5 por ciento. La única alarma en el horizonte es la cuenta energética, que por lo observado en el primer trimestre proyecta un déficit anual cercano a los 10 mil millones de dólares. Para amortiguar ese costo, precisamente, se busca captar divisas –el Gobierno aspirar a reunir entre 3 mil y 5 mil millones– a través del BAADE.

Los instrumentos se presentan como emprendimientos creativos que buscan evitar que el costo de inversiones estratégicas y eventuales defasajes financieros se carguen a la mayoría de la población, frente a las recetas conocidas que promueve la ortodoxia: enfriar la economía y reducir la emisión monetaria. De hacer eso se afectaría el consumo y, por consiguiente, disminuirían el empleo y la producción, materializando la profecía autocumplida de crisis generalizada que ambiciona el sector más desaforado de la oposición. Ya no será, claro, una cuestión de expectativas, sino una dura realidad que, otra vez, caerá sobre las mayorías como una profética maldición.

Opciones ofrecidas para el blanqueo de divisas

- Certificado de depósitos para inversión (Cedin): será un certificado de tenencia de divisas que emitirá en dólares el Banco Central. Ofrecerá el mismo valor que el depósito de las divisas blanqueadas y será emitido al portador. Podrá ser utilizado para comprar una propiedad, refaccionarla o desarrollar una inversión inmobiliaria. Estos fondos tendrán un encaje del 100 por ciento, lo que significa que el Banco Central será garante y los bancos no podrán utilizarlos para dar créditos. Su cancelación está sujeta a la previa acreditación de la inversión inmobiliaria.

- Bono argentino de ahorro para el desarrollo económico (Baade): permitirá suscribir un bono en dólares que emitirá el Tesoro nacional. Será registrable o al portador. Los fondos originados de la emisión serán destinados a financiar proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos. Este bono cotizará en el mercado de capitales y tendrá vencimiento en 2016, fecha en que se deberá reintegrar el capital en dólares billete. Mientras tanto, pagará a los tenedores de manera semestral un interés del 4 por ciento nominal anual.

- Pagaré de ahorro para el desarrollo económico: la ley contempla que el Baade, tanto en su versión cartular como registral, pueda ser emitido en una versión pagaré, como es el caso de otros bonos soberanos en circulación. Quienes opten por la versión pagaré, podrán a partir del año convertirlo en título público, en cada fecha de pago de los respectivos cupones semestrales.

La Presidenta respondió al pedido opositor

“Los que pretendan ganar plata a costa de una devaluación van a tener que esperar otro gobierno”

Las advertencias de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, que dijo que en caso de que el Pro gane en 2015 aplicará una devaluación de la moneda del orden del 40 por ciento, generaron revuelo. Tal es así que el mismísimo ex funcionario de la Alianza tuvo que dar un paso atrás y a los pocos días se corrigió: “Tal vez no haga falta”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no dejó pasar la oportunidad y en medio de los anuncios para el lanzamiento de un certificado de estímulo a la producción agropecuaria disparó: “Los que pretendan ganar plata a costa de una devaluación que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno, no con nosotros. Y no se trata solamente de una cuestión de sensibilidad social ni nada, simplemente inteligencia…se trata de una lectura correcta de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 50 años con las devaluaciones”.

En alusión al clima, oscurecido por un dólar blue que cruzó la barrera de los 10 pesos, señaló: “Están de vuelta con esto por el período electoral. Cada vez que hay elección, están con la economía o con los escándalos, es típico”. Y fue tajante al puntualizar: “Nadie espere de este gobierno medidas contradictorias con el corazón del modelo, el corazón del modelo rechaza transferencia de ingresos compulsiva de los sectores del pueblo”. Luego en Twitter amplió la idea: “Un grupo así chiquito de argentinos, durante 50 años lucraron –y mucho– con el hambre, la miseria y la desindustrialización del país. La desindustrialización generaba largas colas de desocupados, con las que los salarios bajaban, la gente comía menos y se podía exportar más. Eso dio lugar a crisis institucionales constantes”. En pocas palabras, sintetizó: “Saber que tenemos que crecer los 40 millones de argentinos es el eje del modelo”.

Revista Veintitres - 9 de mayo de 2013