Debido al brote y la magnitud de la crisis, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó a comparar la economía argentina con un paciente de riesgo ante el COVID-19. La inédita situación de salud del mundo embistió al país casi sin aire.

Esto no es nuevo. Las crisis económicas son casi una marca registrada de la Argentina. En cinco de los últimos diez años la economía se contrajo. Sin embargo, la recesión se profundizó en 2018 cuando un cambio en las expectativas mundiales por la subida de la tasa de interés en Estados Unidos dejó al gobierno del entonces presidente, Mauricio Macri, sin uno de sus pilares fundamentales: la emisión de deuda soberana.

A partir de mayo de 2018, una espiral de devaluación de la moneda —producto de sucesivas corridas cambiarias por las desregulaciones financieras implementadas después de 2015— impulsó la inflación a niveles que no se veían desde 1992. Para frenar la corrida, el Banco Central llegó a pagar tasas de interés de 83%. El correlato de este descalabro fue un desplome de la economía. Según los últimos datos oficiales, la pobreza alcanzó a 35.5% de la población en el segundo semestre de 2019, lo que equivale a 16 millones de personas, de las cuales 5.2 millones son niños o adolescentes menores de 14 años. Para no ser pobre, una persona debió tener un ingreso de 13,784 pesos en abril (que equivalen aproximadamente a $197 dólares tomando el tipo de cambio sin impuestos).

Así, en esas condiciones estructurales y sociales, la economía argentina debe hacerle frente a una de las crisis más graves de las que se tenga registro. Según la CEPAL, el coronavirus provocará la mayor crisis que América latina y el Caribe haya enfrentado en su historia. El Producto Interno Bruto (PIB) de la región se contraerá 5.3% en 2020. México, Ecuador y Argentina serán los tres países más afectados y el desplome de su PIB será de 6.5%.

Para evitar la propagación del virus, el gobierno del actual presidente, Alberto Fernández, decretó el 20 de marzo un “aislamiento social preventivo y obligatorio” que sigue vigente en todo el país.

Al igual que en el resto del mundo, la prohibición de la circulación impactará fuerte en la actividad. La consultora PxQ estimó que, en apenas dos meses, el PIB caerá 15%, solo comparable a la destrucción que se produjo entre diciembre de 2000 y junio de 2002, la última gran crisis argentina.

“Prefiero tener 10% más de pobres y no 100,000 muertos en la Argentina por coronavirus. Los que plantean el dilema entre la economía y la salud, están diciendo algo falso. Sé que tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes también. De la muerte no se vuelve, pero de la economía sí”, dijo el presidente argentino en una entrevista.

Las medidas económicas que tomó el gobierno nacional apuntaron, en primer lugar, a asistir a los sectores de la población vulnerada a través de un ingreso de emergencia en abril y mayo. A los trabajadores autónomos les otorgó un crédito sin intereses para consumo. A las empresas les pagó una parte de los salarios de sus trabajadores y lanzó líneas de crédito con una tasa de crédito subsidiada. La prioridad que expresó el gobierno fue brindar contención social mientras dure el aislamiento y mantener el nivel de empleo, no solo a través de asistencia directa a las empresas sino también prohibiendo los despidos. Según un cálculo del Ministerio de Economía, el paquete fiscal para hacerle frente al coronavirus será equivalente a 5.6% del PIB.

A esta situación hay que sumarle que el país enfrenta la pandemia no solo atravesando una dura crisis económica sino también haciendo frente a un proceso de negociación de su deuda externa. La posición de los acreedores ha sido muy dura, pero el gobierno se ocupó de conseguir apoyos internos y externos para sumar fortaleza. Obtuvo el aval de los partidos de la oposición, del FMI y de más de 160 economistas entre los que se cuentan algunos premios Nobel.

La situación es crítica y las respuestas deben garantizar los derechos básicos de toda la población. Algo que deja claro esta conglomeración de crisis es que la economía y la salud no son dilemas contrapuestos, sino aspectos complementarios del bienestar de la población, y que las decisiones ante estas situaciones de emergencia deben tomarse de acuerdo con eso. Como pregona la escuela de la economía feminista, es hora de defender la sostenibilidad de la vida de todas las personas.

- Estefanía Pozzo, es periodista especializada en economía y finanzas. Vive en Argentina y es docente de la Universidad de Buenos Aires.

^{Washington Post - 20 de mayo de 2020}