El magnicidio trae más confusión e incertidumbre a un país signado por el debilitamiento de sus instituciones y la inseguridad. El neoliberal Moïse asumió en 2017 tras ganar unas elecciones acusadas de fraudulentas, donde participó solo el 21% del padrón. De ahí en más, su mantenimiento en el poder estuvo cada vez más marcado por el autoritarismo, la corrupción y el escaso respaldo del pueblo: fue investigado por beneficiarse de los fondos de PetroCaribe, aplazó las elecciones legislativas, disolvió el Parlamento, intervino el Poder Judicial, fueron asesinados periodistas, activistas feministas y abogados , y se ejecutaron masacres en barrios populares. Las protestas contra el aumento del combustible, la inseguridad y la corrupción fue otra característica durante todo su gobierno. Las y los manifestantes exigían su salida el 7 de febrero, cuando finalizó su mandato según la Constitución. Moïse lo desconoció y afirmó que su gobierno finalizaba en 2022. No solo convocó a elecciones legislativas y presidenciales para septiembre sino que también llamó a que se realice un referéndum constitucional, fuertemente rechazado por la población.

A este debilitamiento del Poder Legislativo y Judicial se le suma un vacío del Ejecutivo. A pocos días del magnicidio, políticos se disputan el sillón presidencial. Por un lado, Ariel Henry, exministro del Interior y de Trabajo, fue designado como nuevo primer ministro por Moïse un día antes de morir pero no llegó a ser investido de forma oficial y, por el otro, el canciller Claude Joseph, quien comunicó el hecho y se autoproclamó presidente interino. Desconociendo esto, el Senado haitiano designó al titular de la Cámara alta, Joseph Lambert, como mandatario provisional del país.

En el plano internacional, Helen La Lime, Representante Especial de la ONU en Haití, reconoció la legitimidad de Claude Joseph y su intención de celebrar las elecciones a fin de año. Según los dichos de La Lime -quien también encabeza la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH)-, el Consejo de Seguridad ha discutido una solicitud del país caribeño para brindar “asistencia de seguridad”, aunque afirmó que aún se debe resolver qué tipo de ayuda está pidiendo el país. Es necesario recordar que las veces que la ONU ha enviado misiones a Haití no han resultado de gran beneficio, sino más bien todo lo contrario: los “cascos azules” han llevado el cólera a Haití que ha provocado miles de muertes y han abusado de niñas y mujeres.

Por su parte, Joe Biden afirmó que EEUU “está listo” para ayudar al país caribeño y el presidente colombiano Iván Duque pidió que se envíe una misión de la OEA “para garantizar la estabilidad democrática e institucional de Haití”.

De aquí en más será necesario no solo saber quiénes fueron los autores del crimen -al momento se sabe que el grupo comando estaba conformado por 26 paramilitares colombianos y dos estadounidenses -, sino también poner atención en qué sucederá en las próximas semanas. ¿El asesinato de Moïse fue el punto cúlmine de un país sumergido hace años en una crisis? ¿Vendrá un cambio radical en la política del país caribeño que responda a las demandas del pueblo? ¿La población esperará hasta las elecciones programadas para septiembre o exigirá que se celebren las presidenciales que debieron ocurrir en febrero? Será imprescindible seguir de cerca el accionar de los organismos internacionales y los países extranjeros, así como también escuchar las voces y propuestas que surjan de un pueblo siempre movilizado y pocas veces visibilizado.

^{Nodal - julio de 2021}