El país que superó la larga dictadura militar y aprobó la Constitución Ciudadana de 1988, no puede sufrir un atentado tan grave a su estado democrático de derecho. Debemos preservar las libertades individuales y colectivas, garantizando una democracia efectiva para todos.

América Latina tiene una larga historia de dictaduras militares que acentuaron la represión política y la violación a los derechos humanos, la concentración de la propiedad de la tierra y la desigualdad social, generando siempre el aumento del poder económico de las élites.

El combate a la corrupción constituye un deber de las instituciones públicas y privadas, pero no justifica el uso de actos mediáticos que ofenden y atacan la normalidad del estado de derecho. Toda acción de combate a la corrupción debe ser realizada dentro de los límites legales y como parte del proceso de perfeccionamiento de las instituciones democráticas, no de su mayor deterioro. Hoy, en Brasil, los principios que deben guiar el ejercicio de la justicia en una democracia republicana han sido maculados por recursos arbitrarios y selectivos producto de discrecionales actos de la autoridad judicial, los que se expresan en filtraciones periodísticas y operaciones policiales divulgadas por algunos medios de comunicación como despreciable recurso de linchamiento mediático, creando factoides políticos dirigidos exclusivamente al Partido de los Trabajadores y al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Por otro lado, la presidenta de la república ha sido atacada con acciones judiciales arbitrarias y acuerdos políticos revanchistas, que sólo buscan, por los medios y las formas que sean posibles, impedir que Dilma Rousseff concluya el mandato que le fuera investido por el pueblo brasileño.

Exigimos que se garanticen los procedimientos democráticos básicos, la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, el derecho a una amplia defensa, sin ceder a la voluntad de un sector del Ministerio Público o de un Poder Judicial que carece de control social. Es urgente que el Consejo Nacional de Justicia asuma sus responsabilidades, preservando el orden jurídico.

Nuestras democracias, duramente conquistadas gracias a la movilización y las luchas populares, no pueden subordinarse a intereses autoritarios que surgen y se perpetran a la sombra de un creciente fascismo social. El riesgo de ruptura de la legalidad y la institucionalidad democrática por una asociación entre políticos derrotados en las últimas elecciones, sectores del Poder Judicial y los grupos monopólicos que controlan la prensa nacional, no pueden comprometer el futuro de Brasil.

Hacemos aquí un llamado a la solidaridad y al apoyo de la comunidad latinoamericana para garantizar en Brasil la democracia y el estado democrático de derecho, conquistados en las últimas décadas. El pueblo brasileño desea y busca construir un modelo de desarrollo sustentable; una democracia fuerte con inclusión y justicia social; busca y lucha por el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales. Es esa soberanía del pueblo brasileño la que debe ser preservada de las arbitrariedades, autoritarismos y oportunismos políticos que hoy se están apoderando de Brasil.

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) - 28 de marzo de 2016