Petrobras y tres petroleras chinas (no se descarta la formación de un consorcio chino-brasileño a última hora) figuran entre las once compañías que participarán en la disputa por Libra, en la que estarán ausentes las “grandes hermanas” norteamericanas debido a estrés diplomático surgido entre Brasilia y Washington, luego del destape del espionaje perpetrado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) contra Petrobras y la presidenta Dilma Rousseff, entre otros blancos sensibles.

Por debajo de las noticias en tiempo real que nos sofocarán el lunes a base de índices bursátiles y brokers con sus opiniones de corto plazo, subyace una historia transcurrida en los últimos años cuyo repaso permitirá comprender lo que está en juego: una reacomodación de fuerzas en la geopolítica del petróleo.

Celso Amorim era canciller, en julio de 2008, cuando recibió una llamada de su colega norteamericana Condoleezza Rice sugiriéndole recibir sin alarma la reactivación de la IV Flota bajo jurisdicción del Comando Sur, anunciada pocos meses después del descubrimiento, en 2007, de grandiosas reservas de hidrocarburos en las cuencas de Campos y Santos, localizadas en el litoral de Río de Janeiro y San Pablo.

Ni el canciller Amorim ni su jefe, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tomaron en serio la retórica tranquilizadora de la funcionaria de George W. Bush. Antes bien lo contrario, hubo alarma en el Palacio del Planalto. Lula, Amorim y la entonces ministra Dilma Rousseff, que comenzaba a perfilarse como candidata presidencial, comprendieron que el paso de la US Navy por las costas cariocas sería una ostentación de poderío militar sobre los 50.000 millones de barriles de crudo de buena calidad alojados a más de 5000 metros de profundidad, en una zona geológica conocida como “presal”.

Más allá de los cuestionamientos en foros internacionales, especialmente latinoamericanos, fue poco lo que el Palacio del Planalto pudo hacer de inmediato contra la supremacía militar de Estados Unidos y su decisión de que la IV Flota, brazo armado de las petroleras de bandera norteamericana Exxon y Chevron en el Hemisferio, ponga proa hacia el sur.

Lula y su consejera sobre energía, Dilma, se vieron ante un dilema: o adoptar una salida a la mexicana, como la del actual presidente Enrique Peña Nieto, que mostró su disposición a privatizar Pemex, aunque el término empleado sea “modernización”, o inyectar dinero y mística nacionalista para robustecer a Petrobras como vector de una estrategia destinada a salvaguardar la soberanía energética. Finalmente, el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) optó por la segunda vía y la instrumentó con una batería de medidas de amplio espectro.

Capitalizó Petrobras para revertir el vaciamiento heredado de la gestión del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y logró aprobar a fines de 2010 una ley petrolera “estatizante e intervencionista”, de acuerdo con la interpretación dada por políticos de extracción neoliberal y el lobby británico-estadounidense, parecer amplificado por las empresas de noticias locales.

Resucitó el proyecto de construir un submarino atómico con Francia, con quien firmó en 2009 un acuerdo militar (que avanzó menos de lo prometido); demandó ante organismos internacionales la extensión de la plataforma marina con el propósito de que nadie dispute la titularidad de las cuencas petroleras y promovió el Consejo de Defensa de Unasur, con el apoyo de Argentina y Venezuela y el ninguneo de Colombia.

Como brazo auxiliar de esa línea de acción gubernamental operó el PT a través de su perseverante aproximación con el Partido Comunista Chino, antesala para establecer lazos de confianza política con la nomenclatura del Estado asiático, con cuyo Banco de Desarrollo finalmente firmaría en 2010 una serie de preacuerdos para la concesión de préstamos por decenas de miles de millones de dólares a Petrobras.

Paralelamente a los movimientos brasileños en salvaguarda de su interés nacional y para hacerse de un lugar entre las potencias petroleras, la agencia estadounidense NSA robaba informaciones estratégicas del Ministerio de Minas y Energía y los diplomáticos destacados en Brasilia enviaban telegramas secretos a Washington tipificando al canciller Amorim como un diplomático “antinorteamericano”.

Tres meses atrás, cuando Dilma Rousseff tomó conocimiento de las primeras noticias sobre las maniobras de la NSA, una fuente del Planalto dijo a Página/12 que la presidenta evitaría “radicalizar” la situación pues confiaba en una conciliación con Estados Unidos, a donde planeaba viajar para una visita oficial el 23 de octubre. Pero la posición de Dilma se hizo irreductible en septiembre al saber que los espías habían violado hasta las comunicaciones de Petrobras.

La decisión de suspender la visita de Estado a Washington, pese a que Barack Obama renovó su invitación personalmente, no debe ser confundida como algo gestual, porque sus consecuencias afectaron decisiones vitales.

Que no haya ninguna petrolera norteamericana en el lance de mañana por el megacampo de Libra y sí tres poderosas empresas chinas, de las cuales dos son estatales, indica que la colisión diplomática tuvo una repercusión práctica.

Que fuentes cercanas al gobierno hayan dejado trascender la posible formación de un consorcio entre Petrobras y alguna empresa china, revela que la geopolítica petrolera de Brasilia se inclina hacia Beijing, que además es su primer socio comercial. Y si lo anterior no bastara para describir el distanciamiento estratégico entre el Planalto y la Casa Blanca, la semana pasada el indigesto (para Washington) ministro Celso Amorim, ahora a cargo de Defensa, inició conversaciones con Rusia para analizar la compra de cazabombarderos Sukoi.

Fue solo un sondeo, pero si esa compra se formaliza será un revés considerable para la corporación industrial-militar norteamericana que imaginaba vender sus cazas Super Hornet a Brasil, durante la visita que Dilma no hará.

Página/12 - 20 de octubre de 2013