Se trataba de otro país cuya mayor población se encontraba en el campo. Una época donde los fundos, muchos herederos de las encomiendas de la Colonia, se extendían por miles y miles de hectáreas. Por ejemplo, el caso de la hacienda Catapilco de la familia Ovalle, que se mantuvo casi sin modificaciones desde 1599. Epoca de “la obligación”, como era conocido el vínculo que los campesinos sin tierra y los inquilinos tenían con el hacendado. Tiempos donde el terrateniente tenía poder sobre la vida de quienes vivían al interior de la hacienda. De tratos como “mande patrón”, “mande mesía” y miradas al suelo. De castigo físico con el cepo donde se amarraba de los pies a los rebeldes. De paga en regalías con sacos de porotos, trigo y leña para el año. De “la galleta”, que era la colación que le entregaban a los trabajadores cuando se presentaban en la llavería de la hacienda, al despuntar el alba, antes de iniciar su faena diaria. De descuentos en las colas de pago, de analfabetismo y carencia de escuelas. Ni siquiera había radio ni diarios dentro del fundo. El que los tenía debía esconderlos.

Mayoría de edad

En 1967 fue promulgada la Ley 16.625 de sindicalización campesina por el gobierno de Eduardo Frei (padre).
“La Ley de Reforma Agraria y la de sindicalización campesina no se explican por separado”, señala Sergio Gómez, quien a partir de 1967 trabajaría en el Instituto de Capacitación e investigación en Reforma Agraria (ICIRA), desarrollado por la FAO y el gobierno chileno de la época.
Gómez agrega otra causa más: la reforma electoral de 1958 y la creación de la cédula única. “Hasta ese momento no había libertad electoral. Los patrones decían por quién se votaba en la hacienda. El nuevo sistema crea las condiciones para que los partidos progresistas hagan un trabajo electoral. El voto rural pasa a ser disputable”, recalca.
El anterior gobierno de Alessandri ya había realizado una reforma agraria que, debido a sus limitaciones, fue conocida como “la de los maceteros”. No obstante, “a mediados de los 60 había un acuerdo nacional sobre el tema”, plantea Gómez. No solo coincidían la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS) y el Comunista (PC), sino también las organizaciones campesinas, la Iglesia Católica -el Cardenal Raúl Silva Henríquez entregó los fundos de la curia para su expropiación- y organismos internacionales como la mencionada FAO, CEPAL y hasta la Alianza para el Progreso, creada por Kennedy a inicios de la década, para contrarrestar el fuego de la Revolución Cubana.
El 27 de julio de 1967 se promulga la Ley 16.640 de Reforma Agraria. Entre 1964 y 1970, se expropiaron 1.408 predios, el 23,4 % de la tierra fértil del país, beneficiando a 21.270 campesinos, especialmente de la zona central.
Haciendas gigantes como Ñuble-Rupanco o El Huique llegaron a su fin. A los antiguos propietarios se les dejaron 80 hectáreas de riego básico como reserva. La Comisión Nacional de Reforma Agraria (CORA) no solo mensuraba terrenos sino que capacitaba y financiaba. Así se iniciaron los asentamientos, forma de propiedad colectiva cuyo objetivo era la producción agrícola a cargo de los campesinos organizados.

“La tierra para el que la trabaja”

En consecuencia, la tierra que no era explotada se expropió. Durante el gobierno de la Unidad Popular (UP) la reforma agraria se profundizó. En 3 años se expropiaron 4.401 predios, correspondientes al 35,3 % de la mejor tierra cultivable chilena. Se favoreció a 39.869 familias.
El plan de gobierno era transformar los asentamientos en Centros de Reforma Agraria (CERAS). Así ocurrió en los lugares donde los campesinos favorables a la UP eran mayoría. En otros casos, se mantuvieron los asentamientos. Otro objetivo fue la creación de los Centros de Producción (CEPROS) que pretendían ser granjas modelo de propiedad estatal. Hacia 1972, se repartían en los campos chilenos 300 asentamientos, 700 Comités campesinos, 100 CERAS y 30 CEPROS.
En territorio mapuche, el gobierno de Allende usaría la reforma agraria para devolver tierras usurpadas a las comunidades.

El golpe

El golpe de Pinochet modificó de raíz lo que pasaba en el campo. Desde los primeros momentos, la represión contra dirigentes sindicales y campesinos cercanos a la UP fue brutal. Los crímenes de Paine, los fusilamientos de Lonquén, el encarnizamiento con que fueron perseguidos los obreros del Complejo Forestal Panguipulli o la persecución a los mapuches de Malleco, pueden considerarse revanchas con fines ejemplificadores.
El Decreto Ley 208, en los hechos, expulsó de las tierras a la dirigencia sindical de izquierda y a quienes participaron de tomas de fundo.
En 1978, otro decreto ley disolvió las organizaciones sindicales. La CORA corrió similar destino en ese año.
Sin embargo, no todas las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios. Un tercio se reasignó a campesinos, algunos pertenecientes a asentamientos. La dictadura profundiza un proceso de privatización de la tierra. Tal como en el llamado “capitalismo popular” se hizo creer a los campesinos, en tanto pequeños propietarios rurales, que tenían alguna posibilidad de desarrollo. Paralelamente se desincentiva la organización cooperativa y se paraliza la ayuda estatal. La Reforma Agraria fue derogada en los hechos, por el mencionado Decreto Ley 208 y los 1600 y 2262, que entre otras cuestiones permitieron la venta de parcelas del proceso derivado de la Reforma. 
Asfixiados por deudas, los campesinos empezaron a vender. Por ejemplo, en la región de Maule, de 9.750 asignatarios de tierra en 1974, el número baja a 2.061 en 1980, y apenas 640, un par de años después. La superficie en hectáreas, en manos de pequeños propietarios desciende de 225.464 a 14.632 en 1982. Hacia 1984, el 50 % de las tierras entregadas por la CORA habían sido vendidas.

Los nuevos actores

Los nuevos actores del campo provienen del empresariado y la banca. Es el inicio del agronegocio. La dictadura permite y promueve que el campesino venda el pedazo de tierra individual que le tocó con la Reforma Agraria. Al no tener capital, ni recursos, ni asistencia técnica, las tierras son vendidas o arrendadas por unos pocos pesos, pero no se reconstituye el latifundio, sino que se produce una inyección de capital y tecnología en el campo. Eso la realiza la banca o la industria.
En este sentido el Decreto Ley 701, que bonifica la reforestación, en los hechos, subsidia la plantación de miles de hectáreas de pino insigne y eucaliptus por parte de empresas privadas como Mininco y CMPC, o antiguas estatales privatizadas como Arauco. Las gigantescas extensiones del Complejo Maderero Panguipulli acabaron en las manos de un puñado de apellidos de la elite empresarial.
Vastas zonas del campo chileno se transformaron en un complejo agroindustrial con plantaciones de cítricos, paltas, arándanos, kiwis, viñedos, flores mayormente para exportación. También comienza el incremento de centros productores de aves y cerdos.

¿Una nueva reforma?

Francisca Rodríguez es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri y sostiene: “Ya terminamos con el latifundio pero tenemos que terminar con la extranjerización de la tierra, con la reconcentración para los grandes negocios; el campo no se puede convertir en parques del recuerdo, canchas de golf, parques privados, poblaciones. Tiene que alimentar al pueblo”, sostiene.
“Habría que sacar los (agro) tóxicos y la transformación genética, especialmente de la semilla”, agrega Carlos Opazo, antiguo dirigente de la Confederación Campesina Ranquil y hoy guardador de semillas. “Esa nueva reforma debiera garantizar la protección de la naturaleza, desarrollando tecnologías limpias. El derecho a la tierra de mujeres y jóvenes, campesinos y de los pueblos originarios. Que le otorgue valor de bien de uso común a las aguas dulces. Que se garantice que el trabajo en el campo sea permanente. Que haya una verdadera educación rural para los niños”, señala entre varias demandas.

ANRed - 23 de agosto de 2017