Ambos temas están profundamente vinculados, más allá de la aparente diversidad de desafíos que enfrentan y de particularidades totalmente disímiles. La solución de ambos está atada de tal manera que las propuestas para encarrilar a uno influye decididamente en el otro. No tienen destinos separados, tal es el efecto que tienen entre sí los caminos que se tomen para encararlos.

Comenzando con lo indicado al inicio, vale esbozar un trayecto para encauzar la cuestión tarifaria. Aceptado que el incremento de las tarifas energéticas han superado toda racionalidad, en tanto el aumento desproporcionado de sus facturas en relación con la capacidad de pago de gran parte de los residenciales y de la mayoría de pymes y organizaciones sociales, tuvo los efectos sociales y económicos que son de público conocimiento, queda por analizar cómo enfocar la solución a esta cuestión de extrema exigencia social. En ese sentido, pareciera razonable “revisar” el conjunto de medidas que provocaron el tarifazo. En ese camino, cuyo desarrollo podría ser el hilo conductor para visualizar las alternativas del dilema aludido al inicio, un principio de análisis conveniente es fragmentar el problema.

En primer lugar es necesario aclarar que el Estado Nacional tiene potestad para determinar el valor de producción de la energía, tanto de gas como de electricidad. También el del transporte y distribución de gas en todo el país, y del transporte de electricidad. No así el valor de la distribución de esta última, que corresponde a la autoridad y jurisdicción de las provincias. Por lo tanto, la solución de esta cuestión es compleja y requiere acuerdos y consensos varios. Sin embargo, no es imposible lograrla a partir de un gran acuerdo energético entre los actores involucrados.

Admitiendo que el precio del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es revisable, el costo del gas en esa estructura –y otros varios- debiera actualizarse a valores razonables, cuyo resultado podría ser un precio menor de la energía a transmitir a los distribuidores de todo el país. Entrando por sectores, revisar el esquema de tarifa social: los responsables de asumir su costo y las variables a transmitir para su traslado a los usuarios vulnerables, lo que implicaría desde ya un cambio sustancial respecto de los valores actuales. En este punto, un subsidio del Estado o de las provincias en alguna medida es inevitable, pero modificando el esquema actual del valor de esa tarifa social en electricidad.

Por otra parte, cómo se traslada ese beneficio de un valor MEM ajustado a la distribución provincial para sectores como las pymes y organizaciones sociales por una parte, y los residenciales por otra, para que la factura final contenga una disminución efectiva en el precio final, sin desmerecer el esfuerzo realizado en el precio MEM, es un tema de negociación y consenso. Por lo cual la distribución provincial de electricidad también debería colaborar con su parte de optimización de su servicio.

El objetivo es obtener una tarifa final equivalente para todos los usuarios nacionales, respetando diferencias justificadas.

Con relación al gas, su valor de producción (el PIST) deberá actualizar sus valores de traslación a usuarios en general, pesificados, de acuerdo a las capacidades de pago de cada segmento: residenciales, organizaciones sociales y comunitarias y pymes. Así lo establece también el fallo Cepis de la Corte Suprema. Para ello deberá separarse su valor del costo de producción del gas: la gran negociación con las empresas productoras será entonces como distribuir las diferencias, de manera que su renta por exportación o venta a grandes usuarios industriales sea compensada con su entrega al precio PIST establecido.

Aquí también se repite para el gas la actualización de la tarifa social de la manera referida para electricidad y la traslación de ese valor PIST a los distribuidores regionales de gas, con la revisión en este caso de sus valores de distribución y transporte para evitar la captura del ahorro en la disminución del PIST.

Todo ello conlleva una importante renegociación de la remuneración del gas en boca de pozo, tanto para convencionales como para shale. El estímulo a la producción de esa variable por el Estado, ahora separada de los precios de comercialización local del fluído, estarán vinculadas al desarrollo del autoabastecimiento en primer lugar, incluida la promoción de valor agregado en insumos de producción local, pero atendiendo a su desarrollo incremental para la exportación, a valores competitivos, y disminuyendo el estímulo a magnitudes razonables en el corto y mediano plazo.

Ese equilibrio de compleja y difícil negociación, necesaria, encamina y despeja el dilema de Vaca Muerta:exportación de gas para obtención de divisas unida al suministro prioritario para el autoabastecimiento y desarrollo nacional, en un equilibrio en el que todos ganan. Especialmente porque estas limitaciones propuestas en gas son menores en petróleo, en cuyo caso esta exportación tiene ventajas adicionales.

De lo contrario, una ilimitada epopeya exportadora, sin considerar en primer lugar el desarrollo e industrialización nacional, puede ser una nueva repetición del país agrícola ganadero del siglo pasado, o de la actual sojización, que beneficia solamente a productores concentrados y no al país en su conjunto. Estamos a punto de repetir ese error argentino, fascinados por la ilusión que alimentan los grupos locales e internacionales en quedarse con la renta de un recurso natural de propiedad del pueblo argentino.

Tengamos presente que hasta ahora el desarrollo del shale ha podido concretarse por la importante participación del esfuerzo de los usuarios y del Estado Nacional. Es hora de repartir las cargas de manera más equitativa. La solución del tema tarifario ayuda a resolver el dilema de Vaca Muerta .

- Marcos Rebasa, especialista en energía y recursos naturales. Integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (Ieso).

^{Suplemento CASH de Página/12 - 11 de agosto de 2019}