Organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil le enviaron una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde le reclamaron una audiencia para exponer la situación social por la que atraviesa el país a partir del plan de ajuste que puso en marcha el gobierno de Javier Milei, y le exigieron al organismo multilateral de crédito que “envíe los análisis que hizo para evaluar los impactos de las reformas económicas en materia de igualdad de género y medio ambiente”.

El enérgico reclamo se basó en la “obligación” que tiene el FMI “de cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, por ser un órgano de esta organización, la cual tiene entre sus principios la protección de los derechos humanos”. El pedido llegó a Washington a pocos días de que el Directorio del Fondo se reúna para aprobar el entendimiento técnico que el staff logró con las autoridades argentinas para el desembolso de USD 800 millones en junio, como parte de la octava revisión del acuerdo de repago de la deuda externa.

La carta, firmada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y una docena y media más de organizaciones civiles, sostuvo que “el ajuste ha recaído de manera desproporcionada sobre quienes viven de su jubilación, sobre las mujeres y sobre los niños y niñas, a partir de decisiones expresas del Gobierno nacional”. Esta sentencia contrastó con los elogios a las políticas sociales que el FMI le realizó a la gestión Milei, por contener la crisis social que podría generar el ajuste de las cuentas del Estado, y ante la caída en recesión de la economía y su impacto en el poder adquisitivo de los argentinos.

De elogios y reclamos, el camino de una misma realidad contrapuesta

“…Entre los resultados más notables cabe citar el primer superávit fiscal trimestral en 16 años, la rápida caída de la inflación, el cambio de tendencia de las reservas internacionales y una fuerte reducción del riesgo soberano. Paralelamente, y en un contexto de una contracción de la actividad económica que empezó a fines de 2023, las autoridades han realizado esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños vulnerables, así como proteger el poder adquisitivo de las pensiones. Se sigue avanzando en la ampliación del apoyo político y social a estos esfuerzos y en la lucha contra intereses arraigados”, sostuvo el comunicado del staff técnico del FMI, una vez logrado el acuerdo con las autoridades argentina por la octava revisión.

Sin embargo, los organismos que enviaron la carta a los directores, quienes deberán refrendar u objetar ese entendimiento inicial, señalaron que “de 43 políticas de cuidado nacionales, destinadas principalmente a mujeres, niños y niñas, y personas mayores, 21 fueron desarmadas, 15 están en estado de alerta y solo 7 se encuentran vigentes”.

“Todas las políticas de ampliación de la infraestructura de cuidado, incluyendo escuelas y residencias para personas mayores, se encuentran paralizadas y sin ejecución, aumentando la carga de cuidado en el hogar. También se suspendió el envío de alimentos a alrededor de 44.000 comedores. En este contexto, UNICEF alertó que el presupuesto nacional destinado a niñez muestra una caída del 75% en términos reales y que, de mantenerse las tendencias actuales, la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre de 2024 llegaría al 70% y la indigencia al 34%2”, alertaron en la misiva.

Advertencia por la Ley de Bases y por el RIGI

Los organismos consideraron viable la posibilidad de mantener un contacto directo con las autoridades del Fondo antes de que el Board tome el caso Argentina. De hecho, en el calendario de reuniones aún no aparece formalmente en agenda. Los antecedentes recientes señalan que, durante el año pasado, los integrantes del staff mantuvieron encuentros con organizaciones políticas, partidos opositores y referentes sociales para conocer la sustentabilidad de la deuda argentina.

“El objetivo es que nos escuchen, transmitirles la información que nosotros manejamos sobre la situación social en Argentina y que no sea totalmente gratuito lo que digan en los comunicados oficiales”, señalaron fuentes de una de los organismos firmantes, en off the record, consultadas por PERFIL. Si bien entienden que se trata de una declaración política y que no serán un estorbo para el desembolso de USD 800 millones que el Fondo enviará al país por la octava revisión, la argumentación deberá ser menos explícita en temas controversiales y que, incluso, están analizados por la Justicia local, como la entrega de alimentos a los comedores populares.

Pero, además, las críticas también incluyeron los planes económicos del Gobierno. Hubo un fuerte reclamo contra la Ley de Bases, que el Gobierno intenta aprobar en el Senado y, en particular, contra el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), al sostener que atentará contra “los compromisos climáticos asumidos por la Argentina al firmar el Acuerdo de París”, ante la falta de requisitos y sanciones por “eventuales pasivos ambientales” de los proyectos de explotación natural que se beneficiarán del RIGI.

^{Fuente: Perfil - Mayo 2024}