Más allá de la total pertinencia, constitucional, convencional y legal de la decisión adoptada por los Camaristas de la Sala de Feria, se evidencia un severo quiebre de la institucionalidad al pretender amedrentar y disciplinar a los jueces que expresan su saber y el debido resguardo al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional establecido en sus arts. 31, 36 y conc.-

La torpe denuncia emanada del Ministerio de Trabajo exhibe, asimismo, la subordinación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en su actual integración, favorecedor y cómplice con el gobierno de turno, puesto que debió rechazar “in limine” la presentación ministerial, ya que –como es sabido-, el Consejo de la Magistratura no tiene potestades jurisdiccionales ni puede, consecuentemente, revisar sentencias emanadas de los jueces del Poder Judicial de la Nación, o pronunciarse sobre su acierto o error.-

La conducta del Poder Ejecutivo Nacional prosigue la campaña enderezada contra los jueces independientes del Fuero Criminal y Correccional Federal (Dres. Eduardo Freiler, Daniel Rafecas y Carlos Rozanski), que se ejecuta por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, cuya conducta y presumible obrar delictivo se encuentra sometido a investigación, en debido proceso judiciario (Expte. 14.322/2016; “DONATO, ADRIANA Y OTROS S/ ESTAFA, FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, PREVARICATO”).-

Finalmente, señalamos que este nuevo hecho institucional, lesivo del resguardo de la idoneidad, independencia e imparcialidad que debe investir la función judiciaria se acredita como un eslabón más del derrumbe institucional por el que atraviesa la República.-

Buenos Aires, 23 de febrero de 2017.-
 

Jorge Francisco Cholvis
Presidente

Eduardo S. Barcesat
1° Vocal