En nuestro caso, como País y Región, las luchas se remontan hasta las épocas de las conquistas. Y digo de las conquistas porque no ha sido un solo poder el que se ha disputado el dominio de América continental y El Caribe. El imperio británico y el español sometieron a nuestra América acorde a sus necesidades. Nuestros pueblos han sido arrasados, sometidas las mayorías y puestas a disposición de los poderes dominantes.

En Nuestra Argentina y en la Región, han apelado históricamente y en la actualidad, a todo tipo de prepotencia: militar, física, política, jurídica que les permitiera el manejo del poder con artilugios, que incluyen la mentira de propuestas políticas con engaños, accediendo con dicho ardid excluyente y retrógrado, gracias a un minucioso proceso de amparo en la fuerza de su potencial como poder hegemónico dominante.

De hecho asistimos a una degradación permanente y profunda de la Democracia.

Dice Cooke (1949):

“Las enormes concentraciones financieras –resultado fatal de la lucha por las materias primas y los mercados- crearon condiciones en que no pudo cumplirse con ninguno de los supuestos en que se basaba la doctrina económica liberal. Ante el creciente poder de las grandes organizaciones capitalistas, de proyecciones mundiales, fue un mito la libertad, no ya económica sino política. Este estado de cosas se  hizo entonces necesaria la intervención del Estado en la vida económica de las naciones, tanto para impedir la explotación de los débiles como para facilitar el desarrollo orgánico y equilibrado de las fuerzas económicas”.

Su arma fundamental es, en la actualidad, el ejercicio de propaganda goebbeliana connivente con sectores del poder judicial, que les son afines.

Así, la reacción ha sabido constituirse, llevando adelante sus planes de dominación, arrasando con lo jurídico y tratando de mantenerse a través de lo político.

La respuesta deberá ser unívoca.

Las mayorías Nacionales y Populares debemos constituirnos en Unidad, para lograr la Inclusión, recuperar la Soberanía en  todos sus aspectos, la Justicia Social y la Independencia de los poderes hegemónicos, con el manejo de nuestras potencialidades –que son muy vastas-, así como la defensa de nuestras pluralidades, el respeto de Géneros, el abandono de los preceptos individualistas merituales, reconociéndonos en un Estado Potente y abarcativo.

Con todos adentro.

Podemos lograrlo.

Nuestra arma más poderosa es la Unión, con aceptación verdaderamente democrática, de la diversidad política, logrando respetar los distintos matices partidarios.

Si logramos la CONSTITUCIÓN DE UNIDAD POLÍTICA, lograremos poder plasmar nuestros intereses en una CONSTITUCIÓN NACIONAL en tanto cuerpo normativo, que no dejará de crecer, cual edificio en permanente construcción.

Como tal, deberá ser iniciado desde sus cimientos hacia arriba.

Quien, a mi entender, describe esto magistralmente, es el Dr. Jorge Cholvis cuando dice:

“Poseemos las razones para sostener que a la Constitución no se la debe enfocar sólo como un instrumento jurídico, sino que se la debe entender como un elevado documento político que institucionaliza un Proyecto de Nación. Cabe también remarcar que el tema constitucional no pasa sólo por la Constitución escrita, que está sujeta férreamente por la Constitución real, ni es exclusivamente un tema jurídico, sino que principalmente se encuentra en el ámbito del poder político y de un proyecto de nación compartido por un pueblo organizado y partícipe directo de su institucionalización al más alto rango normativo. Sin duda, la Ley Fundamental es, lisa y llanamente, un proyecto de Nación, sustentado sobre una ideología y en determinadas relaciones de fuerza. Una Constitución no es sino su consecuencia, y el poder encarna la única instancia capaz de transformar la política en historia. Como expresaba Sampay, “el fin natural de la Constitución es efectuar la justicia”. Pero, como señaló en las Advertencias Preliminares en Constitución y Pueblo, no basta “con teorizar sobre la justicia, sino que hay que luchar para realizarla”. Por consiguiente, para lograr tan esencial objetivo corresponde ingresar decididamente a un debate abierto e inteligible en que los más amplios sectores de la población participen activamente. El pueblo no puede estar ausente de esta problemática. Estamos en el siglo XXI cuando debe tener plena vigencia la democracia social y participativa. En materia constitucional no caben procedimientos y métodos del siglo XIX para lo que fue una sociedad simple y no participativa. Con una visión popular se podrán pensar nuevos caminos que al más elevado rango normativo consoliden y posibiliten la vigencia plena a principios y derechos humanos básicos de nuestra realidad contemporánea.”

19 de octubre de 2018