Llama la atención que específicamente estos objetivos de “reestructuración” del INTA,  se orienten a debilitar áreas institucionales propias de la Agricultura Familiar  y en territorios de menor nivel de desarrollo socio económico, es decir, más vulnerables.

Se puede percibir  que esta nueva determinación que daña específicamente a la pequeña producción agropecuaria, constituye un hito más en la política de debilitamiento de la Agricultura Familiar llevada a cabo en el transcurso de los últimos tres años.

Sus antecedentes fueron, entre otros,  la negativa gubernamental a reglamentar la Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar,  la disolución de la Secretaría de Agricultura Familiar y el desmantelamiento de sus Agencias, junto al despido de una importante cantidad de profesionales que prestaban servicios de asistencia técnica en todo el país.

En el Consejo Directivo del INTA no están representados los campesinos o agricultores familiares más pequeños y vulnerables, que constituyen una considerable proporción de los productores del país. La decisión adoptada por INTA carece de la consulta y consideración por parte de las organizaciones de la Agricultura Familiar.

Es fácil advertir que el impacto de estas medidas de “reestructuración” del INTA, conducirán a agudizar el modelo agroproductivo vigente, de alta concentración de la producción en pocos agentes de no más de cuatro o cinco cadenas productivas pampeanas, básicamente orientadas a la exportación, desatendiendo la problemática alimentaria de amplias zonas del país.

Buenos Aires , 10 de abril de 2019.