Algo muy similar a ese ejercicio imaginario sucedió realmente el miércoles de la semana pasada, y la pregunta sobre la cantidad de políticos participantes tuvo una respuesta bien precisa. La dio Hernán Arbizu el 6 de mayo durante su testimonio ante la comisión bicameral que habitualmente es denominada “comisión investigadora de las cuentas del HSBC”, pero cuyo verdadero título es Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros Destinados a Facilitar la Evasión de Tributos y la Consecuente Salida de Divisas del País.

Ni en el título ni a lo largo de todo el texto de la ley que creó esa comisión a fines del año pasado aparece mencionado el HSBC. No fue un error. Como corresponde, la investigación de las alrededor de cuatro mil cuentas que individuos y empresas argentinas tenían abiertas en la sucursal Ginebra de ese banco la lleva adelante el Juzgado Penal Tributario a cargo de María Verónica Straccia tras la denuncia que presentó la AFIP en base a los datos que el experto en informática Hervé Falciani sustrajo de esa sucursal.
Si bien la comisión bicameral que preside el diputado Roberto Feletti es consecuencia de que se destapara la olla del HSBC, su misión es investigar la problemática general de la fuga de capitales y elaborar recomendaciones para que el Congreso modifique la legislación vigente.

En función de eso la comisión fue citando a funcionarios con responsabilidad en el tema, a directivos del HSBC, a representantes de grandes compañías que figuran en la lista, y el 6 de mayo recibió el testimonio de Arbizu, quien se desempeñó a lo largo de veinte años en varios de los más importantes bancos internacionales (JP Morgan, Citibank, Unión de Bancos Suizos, Bank Boston, Deutsche Bank) como parte de los equipos de lo que se conoce como “banca privada”, que es el área encargada de captar clientes ricos que quieren fugar sus dólares. Tras ser descubierto por el JP Morgan en un fraude a uno de sus clientes, Arbizu renunció y decidió eludir a la Justicia estadounidense (tiene un pedido de extradición abierto) autodenunciándose en la Argentina como partícipe de maniobras de evasión y lavado de una clientela que él mismo incluyó en la denuncia, y entre quienes sobresalen por el monto involucrado accionistas y firmas del Grupo Clarín. La causa está radicada en el juzgado federal de Sergio Torres y tiene como fiscal a Guillermo Marijuan. No avanzó casi nada.

Luego de relatar su experiencia como ejecutivo de banca privada, Arbizu respondió a las inquietudes de los diez integrantes de la comisión. Uno de ellos, el senador radical Mario Cimadevilla, está desde hace tiempo intentando demostrar que la empresa Pan American Energy (sociedad entre British Petroleum y el grupo Bridas de los hermanos Bulgheroni) pagó coimas a funcionarios del gobierno nacional y del entonces gobierno de su provincia, Chubut, para obtener la prórroga de la concesión de Cerro Dragón, uno de los yacimientos petroleros más importantes del país. Cimadevilla creyó que Arbizu podía serle de utilidad y hacia el final de la reunión le preguntó:

–Usted en alguna oportunidad, siendo empleado de JP Morgan, habló del pago de una coima por 300 millones de dólares para la prórroga de una concesión petrolera en la provincia del Chubut, gobernada en aquel momento por el actual diputado nacional Mario Das Neves. ¿Qué más nos puede decir respecto de este tema?

El senador estaba en lo cierto acerca del pago de una coima, pero equivocado sobre el destinatario. Arbizu le respondió que Luke Palacio, el jefe para la región Cono Sur del banco, y María Elena Vergara, otra ejecutiva de esa división, le contaron que Bulgheroni (no identificó cuál de los dos hermanos) pagó 300 millones de dólares de coima para poder cobrar un juicio por un total de 1.300 millones que le había ganado al gobierno de… Kazajistán.

Tras pedir que la comisión cite a declarar a las dos personas citadas, Cimadevilla le preguntó a Arbizu: “Así como tiene conocimiento de que los bancos se han prestado a blanquear dinero de la evasión, quisiera saber qué conocimiento tiene usted de actos de corrupción donde se hayan utilizado estos bancos donde usted trabajaba para blanquear dinero”.

A lo que Arbizu respondió: “En mis veinte años haciendo este negocio, habiendo visto unos 20.000 millones de dólares en distintas cuentas, solamente una vez tuve un funcionario político. Fue un intendente que está muerto –por lo cual no lo voy a nombrar–, y el realizado de la operación fue el producto de la venta de una casa. Fue el único político que tuve. Si usted me pregunta por la política, la verdad es que, repito, sólo fue ese cliente”.

Si en su larga trayectoria como gestor de operaciones de fuga de divisas y lavado de dinero negro por unos 20.000 millones de dólares Arbizu sólo conoció el caso de un político, se puede inferir que la inmensa mayoría del capital argentino que está escondido en bancos extranjeros y en paraísos fiscales es propiedad de personas con actividad privada.

Según estimaciones que Arbizu aportó a la Justicia, los argentinos tienen depositado en el Citibank 20.000 millones de dólares; en la Unión de Bancos Suizos 15.000 millones; en el HSBC y en el Credit Suisse 10.000 millones en cada uno; en el Santander y en el BBVA 8.000 millones en cada uno, y en Goldman Sachs y JP Morgan 5.000 millones en cada uno.

Con una mano en el corazón, reconozca que en el ejercicio planteado al inicio de esta columna, usted, lector, eligió un número de políticos mucho más alto que uno.

Revista Veintitres - 13 de mayo de 2015