Al final de cada día, cuando Melissa Dos Santos sale de su trabajo, vuelve a su casa, un lugar insólito: un diminuto tráiler en un predio para acampar situado al norte de París, donde decenas de personas están viviendo en un lote originariamente pensado como bucólico refugio para veraneantes.

"Crecí en una casa; vivir en un camping no es lo mismo", dijo con pesar Dos Santos, de 21 años. Su sueño de una vida normal en un departamento con su novio se evaporó cuando ambos aceptaron empleos con salario mínimo después de meses de buscar infructuosamente un empleo mejor pago.

Es posible que la prolongada euro-crisis se esté enfriando. Pero la penuria que ha dejado está empujando a una marea creciente de trabajadores a situaciones de apremio, tanto en Francia como en toda la Unión Europea (UE). Hoy, cientos de miles de personas viven en campings, en vehículos y en habitaciones de hotel baratas. Millones comparten el espacio habitacional con familiares, incapaces de afrontar por sí mismos los costos básicos de la vida.

Estas personas constituyen el límite extremo de los trabajadores pobres de Europa: una creciente franja de la población que se escurre de la tan pregonada red de seguridad social.

Muchos, particularmente los jóvenes, están atrapados en los trabajos temporarios o de baja remuneración que están reemplazando a los empleos permanentes destruidos por la recesión. Y tanto los economistas como los funcionarios advierten que la situación empeorará. A medida que los gobiernos responden a la crisis con grandes recortes de los gastos y una mayor flexibilidad laboral, "la población de los pobres que trabajan estallará", dijo Jean Paul Fitoussi, profesor del L'Institut d'Etudes Politiques, de París.

Para la mayoría de los europeos, y especialmente para los franceses, esto no debería estar ocurriendo. Con generosas leyes de salario mínimo y uno de los sistemas de bienestar social más fuertes del mundo, los europeos están acostumbrados a pensar que están más protegidos de un fenómeno que asocian más bien con Estados Unidos y otras economías.

Pero el sistema de bienestar social europeo está demostrando no estar bien preparado para lidiar con el constante aumento de personas que trabajan pero que no ganan lo suficiente para arreglárselas.

"Francia es un país rico -dijo Fitoussi-; pero los trabajadores pobres están viviendo en las mismas condiciones que en el siglo XIX. No pueden pagar la calefacción, no pueden pagar la ropa de sus hijos, a veces viven cinco personas en un departamento de nueve metros cuadrados? ¡Aquí en Francia!", exclamó.

En 2010, el 8,2% de los trabajadores de los 17 países de la eurozona estaban viviendo por debajo de la línea de pobreza promedio de la región, unos 10.240 euros o alrededor de 13.500 dólares anuales para un trabajador adulto soltero. El porcentaje en 2006 era del 7,3% de los trabajadores.

A Francia le va un poco mejor que a la mayoría, con un porcentaje de trabajadores por debajo de la línea de pobreza del 6,6%, pero tal vez en ninguna otra parte el fenómeno sea tan alarmante. Aunque el país parece exudar prosperidad, el número de trabajadores pobres ha crecido desde el 6,1% en 2006, y los expertos dicen que seguirá aumentando.

En Francia, la mitad de los trabajadores ganan menos de 25.000 dólares anuales. El salario mensual promedio es de 2199 dólares, el 26% por encima del promedio en toda la UE. Pero el alto costo de la vida y la dificultad que mucha gente tiene para conseguir viviendas dejan cada vez más gente en la calle.

Jimmy Collin, el novio de Dos Santos, un graduado de la escuela secundaria con entrenamiento técnico, buscó trabajo durante más de seis meses antes de firmar un contrato de salario mínimo, de 1800 dólares, limpiando las calles. Dos Santos, que también tiene estudios secundarios, aceptó un empleo en Carrefour después de que le resultó imposible conseguir empleo en otro lado.

En los campings franceses hoy viven alrededor de 120.000 personas. Muchos tienen contratos temporarios, un recurso que los empleadores usan cada vez más para reemplazar los empleos permanentes, que implican beneficios y medidas de protección laboral que los empleadores no quieren asumir. El trabajo contratado ha aumentado en los últimos años, y está destinado a seguir aumentando ya que los políticos, en Francia y en otras partes, alientan su uso como medio de reducir el desempleo. Pero numerosos estudios recientes advierten que esos contratos pueden aumentar también la pobreza de los trabajadores.

El texto que sigue fue escrito hace una década -terminado el 2 de abril de 2002- cuando la crisis del derrumbe del régimen de convertibilidad tocaba su “piso” económico y comenzaba una recuperación (durante marzo/abril) que las estadísticas mostrarían con alguna demora. Publicado entonces sólo en Alemania por la Revista “Entwicklung und Zusammenarbeit” (“R+Z”, “Desarrollo y Cooperación”, abril de 2002) su difusión hoy en Argentina tiene el interés de reflexionar a la distancia acerca de las críticas circunstancias de aquélla época, muy reciente en términos históricos, sus raíces y los desarrollos desde entonces verificados por y para nuestra sociedad.

A continuación reeditamos dos artículos de Anwar Shaikh divulgados en Realidad Económica en 1996. "Tasa decreciente de ganancia y crisis económica de los Estados Unidos" y "La crisis de las economías capitalistas" -fruto de su visita a la Argentina en mayo del mencionado año, invitado por el IADE-. Dichos artículos fueron publicados en los números 138 y 140 respectivamente.

RE138:">http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-2e35-264a.pdf]RE138: Investigaciones. Tasa dereciente de ganancia y crisis económica de EEUU - Primera Parte.

RE138:">http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-2e60-e56f.pdf]RE138: Investigaciones. Tasa dereciente de ganancia y crisis económica de EEUU - Segunda Parte.

RE140:">http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-297c-79e2.pdf]RE140: Investigación. La crisis de las economías capitalistas

El británico David Cameron y la alemana Angela Merkel fueron al devaluado Foro Económico de Davos a tranquilizar a los ejecutivos de las grandes corporaciones. Europa será inflexible en la austeridad. Es decir, sus gobiernos no crearán empleos públicos pero congelarán los salarios de quienes trabajan en lo que, otrora, fueron Estados de bienestar. Además, aunque no lo explicitaron, los empresarios quedaron tranquilos con que no elevarán los impuestos a sus extraordinarias rentas. Sin embargo, cuando le tocó el turno al presidente de la gran multinacional Unilever, Paul Polman, advirtió que “se acabó la era de los alimentos baratos”. Esto es, al ajuste se le agregará la inflación en bienes básicos. A la cita suiza concurrieron algunos mandatarios latinoamericanos de derecha, el mexicano Felipe Calderón y el chileno Sebastián Piñera. Ninguno de los dos pudo exhibir logros de su fidelidad al neoliberalismo y el librecambismo, sino más bien lo contrario. Pasó inadvertida la presencia del peruano Ollanta Humala cuyo discurso cambia como la rosa de los vientos.

Lo que sí cayó como un balde de agua fría para los organizadores fue la ausencia de la brasileña Dilma Rousseff. Sobre todo porque decidió asistir al Foro de Porto Alegre, el único espacio anti-Davos que durante los primeros años de este milenio tuvo peso significativo, tanto por la participación de organizaciones sociales globalifóbicas como por la capacidad de plantear los debates estratégicos que muchos gobiernos populares desdeñan.

DAVOS, Suiza.- Los líderes políticos mundiales reunidos en el Foro Económico Mundial, incluido el FMI, presionaron ayer una vez más a Europa para que tome medidas urgentes contra la crisis de la deuda y evite el contagio al resto del mundo, al tiempo que prevén un sombrío futuro para la eurozona.

"Nadie es inmune a la situación actual europea", porque el mundo "nunca estuvo tan interconectado", advirtió desde Davos la directora del FMI, Christine Lagarde. "Todo el mundo tiene interés en que esta crisis se resuelva, ya que puede producir un efecto dominó en todo el mundo", agregó.

Lagarde urgió a los mandatarios europeos, que mañana se reúnen en una nueva cumbre en Bruselas, a que erijan rápidamente un "claro y simple" cortafuegos para evitar el contagio y generar confianza, porque sino la situación no hará más que empeorar. Además, la directora del FMI pidió más esfuerzos para impulsar el crecimiento, la competitividad y la consolidación presupuestaria.

El recorrido de la crisis económica de Estados Unidos y de la Eurozona provoca cierta incredulidad desde la mirada de la experiencia argentina de haber transitado un proceso similar. La debilidad de los liderazgos políticos no se origina simplemente por deficiencias en la gestión, en ingenuidad o negación de los responsables de la gestión. Están subordinados a los intereses de las corporaciones financieras, se asemeja a como aquí los gobiernos adquirían a libro cerrado planes económicos confiando el Ministerio de Economía a Bunge&Born, a Domingo Cavallo con la Fundación Mediterránea, a Roque Fernández con el CEMA o a Ricardo López Murphy con FIEL. El saldo fue la peor crisis de la historia económica argentina. Esos economistas con sus respectivos equipos eran asesores del sector privado, y luego de pasar por la función pública volvieron a sus conchabos originales o a revistar en la plantilla de organismos internacionales. Ese trayecto se conoce como la “puerta giratoria” de representantes de los intereses del poder económico, de quienes no habría que esperar otra cosa que medidas que beneficiaran a su grupo de pertenencia. En Estados Unidos se exhibe con mayor transparencia ese estrecho vínculo de funcionarios en áreas claves de la economía con el sistema financiero. Por eso es una ironía que los mismos que provocaron la crisis sean los que se presenten como los portadores de la solución para superarla.

La desregulación del sistema financiero estadounidense fue instrumentada por funcionarios que previamente trabajaron en instituciones bancarias, y ahora son los responsables de administrar la crisis precipitada por esa medida. Larry Summer, secretario del Tesoro de la administración Clinton, ocupó la presidencia del Consejo Nacional Económico de Obama. Fue el promotor de esa desregulación que incluyó la eliminación de la separación entre bancos comerciales y bancos de inversión. Esa medida había sido establecida en 1932 por la ley Glass-Steagall Act, como consecuencia del crac del ’29, y fue suprimida mediante la ley Gramm-Leach-Billey de 1999. En el siguiente cuadro se observa que esa red “puerta giratoria” tiene una continuidad en gobiernos demócratas y republicanos.

George W. Bush tuvo como secretario del Tesoro a Henry Paulson, quien trabajó en Goldman Sachs desde 1974, y era su director cuando ingresó en ese gobierno. En un esclarecedor documento del economista Julio Sevares publicado en la revista Realidad Económica (Nº 260), se explica que dos años antes de convertirse en funcionario Paulson encabezó un grupo de bancos de inversión que presionó por la reducción de los requerimientos de capital propio a las entidades. “La influencia de las finanzas sobre las regulaciones financieras se canalizó a través de los hombres del sector que participaron o participan en los gobiernos”, señala Sevares en “El poder financiero en la desregulación y liberalización de las finanzas”.

Las instituciones financieras tuvieron un papel central en promover la desregulación del sistema con sus ejecutivos convertidos en funcionarios, para luego también ejercer una impresionante capacidad de lobby para obtener el rescate por la crisis que provocaron. Después de la caída del banco de inversión Bear Sterns, las seis entidades más grandes de Estados Unidos (Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan-Chase, Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo) ejercieron un activo lobby para influenciar en el Congreso y en el gobierno. Sevares revela que ese grupo ha contratado más de 240 ex funcionarios de gobiernos como lobbystas y gastaron centenares de millones de dólares en esa misión. Muchos de ellos “fueron arquitectos del régimen bancario que llevó a la crisis, cuando eran empleados en el Congreso o en puestos del gobierno federal”, afirma Sevares en base a la investigación de Kevin Connor Big bank takeover. How too-big-to-fail’s army of lobbyists has captured Washington, publicada por el Institute for America’s Future. El saldo que ofrece ese documento es impactante: en el conjunto de lobbystas de los seis grandes bancos y sus asociaciones, 243 trabajaron en el gobierno federal, 202 en el Congreso y el resto en la Casa Blanca, el Tesoro o en agencias gubernamentales de relevancia.

Sevares informa que, según la investigación de una organización de defensa y educación del consumidor de los Estados Unidos, en la última década las organizaciones financieras invirtieron 5100 millones de dólares en comprar influencia política. De ese monto, 1700 millones fueron “contribuciones de campaña” a congresistas y candidatos presidenciales, y el resto como pago a los lobbystas del sector financiero en el Congreso y en otras instancias del Estado. “Los congresistas que apoyaron las medidas favorables al sistema financiero recibieron mucho más dinero que los que no las apoyaron”, revela Sevares. Bajo esas normas institucionales, esa práctica no se la denomina corrupción sólo porque está legalizado ese tráfico de influencias y dinero.

No se trata ya sólo de que la aplicación de teorías económicas incorrectas conduce a políticas incorrectas, como se demostró con el neoliberalismo en la década del noventa en Latinoamérica y ahora en Estados Unidos y Europa. Más aún, esas políticas han fomentado las crisis y exacerbaron su profundidad y duración. Ese resultado no es un “accidente”, como sostiene el mundo de las finanzas y sus propagandistas, sino que se explica en que los protagonistas principales de la actual fase del capitalismo dominado por las finanzas globales tratan de preservar y ampliar su poder sin importar los costos que ello implica. Para esa tarea cuentan con la suficiente capacidad de influir en las áreas sensibles de los gobiernos que les permiten mantener sus privilegios, sin importar que al mismo tiempo se desmorone lo poco o mucho de la estructura social de esos países que aún mantienen la categoría de potencias mundiales.

Europa está intentando sortear una crisis financiera derivada de la alta exposición de sus bancos a las deudas soberanas de los países de la región. Los problemas se desencadenaron en Grecia, Irlanda y Portugal, pero también se extienden sobre España e Italia, que tienen un peso específico mucho mayor.

Y en este entorno, debe lidiar con muchos problemas para evitar el mal más temido: el contagio de un país al resto de la región. Tarea difícil por partida doble, por un lado, por la acendrada concepción neoliberal que impera en los dirigentes de la UE, y por otro, por las decisiones indiscutidas del sector privado financiero, y dentro de éste, de las calificadoras de riesgo, que acentúan los riesgos sistémicos.
El ajuste es un callejón sin salida, puesto que además de sus altísimos costos sociales, lleva a una caída del producto y de los ingresos fiscales, intensificando aún más los déficits presupuestarios.

La atención de la opinión pública internacional está centrada en el acuerdo pírrico firmado entre Barack Obama y el Congreso mediante el cual el presidente se compromete a aplicar un duro programa de ajuste fiscal, centrado en el recorte de gastos sociales (salud, educación, alimentación) e infraestructura por 2,5 billones de dólares (2.500.000 millones de dólares) pero preservando, como lo exige el Tea Party, el nivel actual del gasto militar y su eventual expansión. A cambio de esto, la Casa Blanca recibió la autorización para elevar el endeudamiento de Estados Unidos hasta 16,4 billones de dólares (es decir, 16.400.000 millones de dólares), cifra superior en unos dos billones al PIB de ese país. Con esto se espera –confiando en la “magia de los mercados”– superar la crisis de la deuda pública y reactivar la languideciente economía norteamericana. Esta receta ya fue implementada a sangre y fuego en América latina y no funcionó; y tampoco lo hizo en la convulsionada Europa de estos días. Con este acuerdo, lo único seguro será el agravamiento de la crisis y, de su mano, la acentuación de la belicosidad norteamericana en el escenario mundial.

Los planes de ajuste en los países periféricos de la eurozona son presentados como las medidas necesarias para una economía desequilibrada fruto de la irresponsabilidad de gobernantes. El supuesto despilfarro en las cuentas públicas busca ser saneado con fuertes recortes en sueldos de empleados públicos y jubilaciones y con recursos adicionales originados de aumentos de impuestos y ventas de activos estatales. La raíz de ese déficit se encuentra en el sistema de moneda única europeo, que ha arrastrado a un desequilibrio estructural en la competitividad entre naciones centrales, Alemania y Francia, y las periféricas. Con el euro, las potencias europeas han mejorado su competitividad relativa. Esto tuvo como resultado un incremento del déficit de cuenta corriente de los países atrasados, que durante el período de bonanza han podido equilibrar con financiamiento de bancos alemanes y franceses. Esos créditos estuvieron orientados hacia el sector público y también al privado, que alimentó una burbuja de consumo. Esa inmensa deuda se encuentra hoy en los balances de esos bancos. Los brutales planes de ajuste, que sólo encuentran límites cuando la población alcanza su máximo nivel de tolerancia al despojo, están al servicio de cuidar las cuentas de los bancos. Se sabe que las sucesivas medidas de recortes del gasto público son recesivas y, por lo tanto, no permiten recuperar solvencia fiscal para pagar esa deuda. Los ajustes que vienen acompañados de rescates financieros del FMI y la Unión Europea son una estrategia para salvar a los bancos, a la vez de ganar todo el tiempo posible antes de declarar el inevitable default, abierto o maquillado con la denominación de reestructuración voluntaria de deuda. En ese lapso, los bancos tuvieron la oportunidad de ir disminuyendo su exposición crediticia a esos países en crisis, cobrando al vencimiento con el dinero aportado por el FMI y la UE, que pasan a ocupar el lugar de principales acreedores.

El cofundador y gestor del fondo de inversión Pacific Investment Management (PIMCO), Bill Gross, afirmó ayer que la situación financiera de Estados Unidos es peor que la de Grecia u otros países europeos afectados por la crisis de deuda. «Cuando se suman todos los fondos que debe EE.UU. para cubrir futuros pasivos de los programas de ayuda social, está en peor situación financiera que Grecia y otros países europeos», afirmó Gross en una entrevista con la cadena de televisión CNBC.

El administrador del mayor fondo de bonos del mundo dijo que las miradas apuntan a la deuda pública estadounidense, que supera los 14,3 billones de dólares, pero no se habla de los programas federales como Medicare (subsidios para el cuidado de la salud de ancianos), Medicaid (cobertura médica para pobres) y el Seguro Social (jubilaciones), que elevan la cifra a 50 billones de dólares. Señaló, además, que el Gobierno federal también está en apuros por otras deudas relacionadas con el rescate del sistema financiero aprobado por la Casa Blanca tras la crisis de 2008 y 2009. Gross calcula que sumados todos los frentes, la deuda real de EE.UU. «se acerca a los 100 billones de dólares», y aunque acepta que esa cifra puede ser tirando a lo alto, sitúa al país en una posición fiscal «altamente inviable» que llevará tiempo resolver.