Sustraer a los gobiernos de la República, legítimamente constituidos, de su capacidad de mantener el orden público, con las consecuencias que el país entero padeció, implica un grave quiebre del orden institucional, agravado por las comprobadas circunstancias de creación de zonas liberadas a los saqueos, con sectores policiales en el aliento y hasta la participación en la generación de los desmanes y los hechos de violencia. Derivas de la corrupción y la complicidad con grupos delincuenciales y principalmente el narcotráfico, evidenciados en los sucesos antes precedentes en Córdoba y Santa Fe, que culminaron con el descabezamiento de sus policías provinciales.

Esta secuencia de alzamientos policiales provinciales y su coordinación creciente en escasos días dejó al descubierto su gran capacidad de desestabilización institucional y, por tanto, su margen para condicionar el funcionamiento democrático bajo la amenaza de abrir las puertas a un caos instigado que pone en jaque el propio entrelazamiento social, cuestión esta última que deberá ser materia de diversas reflexiones. Las policías provinciales, o gran parte de ellas, han transitado la recuperación democrática y estas tres décadas de Democracia sin mayores cambios estructurales, y su funcionamiento roza frecuentemente graves denuncias vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, y otros delitos complejos, complicidad con poderes locales, y la comprobación de innumerables casos de gatillo fácil.

La profundización democrática que transita desde 2003 nuestro país requiere de los gobiernos provinciales en coordinación con el gobierno nacional, una estrategia que avance sistemáticamente en este sentido, ante la configuración de un diciembre atravesado por la emergencia del conflicto social.

Tan sólo faltaba la Capital Federal. En medio de la ola de calor crece el descontento de los porteños por los cortes de luz que desaprensivamente provocan las empresas distribuidoras de energía que no realizaron las inversiones en infraestructura necesarias ante un escenario de incremento de consumo energético previsible. Contradicción propia de la fuerte demanda del mercado interno por el crecimiento de la economía y la persistencia de la infraestructura extranjerizada, heredada y deteriorada. Caldo de cultivo para que los medios de comunicación, aún concentrados, estimulen la irritación y difundan multiplicados una oleada de rumores. Bastó que apareciera un puñado minúsculo de provocadores, asumiendo el rol de saqueadores, para que en la zona del Once porteño, se produjese un extendido cierre de comercios en medio de un temor que se desparramó como espesa mancha de aceite en la tarde del miércoles.

Dijimos en nuestra Carta 3 (junio de 2008), en medio de la amenaza desatada durante la 125: “Parece haber triunfado la ‘operación’ sobre la obra, el parloteo sobre el lenguaje. ‘Clima destituyente’ hemos dicho para nombrar los embates generalizados contra formas legítimas de la política gubernamental y contra las investiduras de todo tipo. Una mezcla de irresponsabilidad y de milenarismo de ocasión…”

Carta Abierta, como parte del movimiento nacional, cree necesario pronunciarse y actuar con energía en defensa de la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática, el libre juego de la política y la subordinación plena de las fuerzas de seguridad. Es la perspectiva, ya no sólo de este modelo, lo que está en juego, sino la convivencia democrática que se deteriora frente al chantaje que otras formas del uso y no uso de las armas le imponen. Policías bravas y su asociación con la violencia en el control de los territorios, dibujan una sombra ominosa propicia para las aventuras desestabilizadoras.

Expresamos nuestro rechazo a la tentación del uso de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) para intervenir en la política de seguridad interior. Ello está interdicto y debe seguir estándolo, en la legislación nacional construida por amplias mayorías democráticas. Esta política se enfrenta a la sostenida en el hemisferio por los Estados Unidos, que buscan fusionar las FFAA latinoamericanas con las policiales y convertirlas en una fuerza de represión ocupante de su propio territorio, asesorada por las agencias del propio gobierno de Washington.

Resulta imprescindible ir a fondo en la investigación de lo sucedido y la actuación de la Justicia. Se impone una pronta reestructuración y depuración de las policías provinciales, emprendida y abandonada en distintas oportunidades en la Pcia. de Buenos Aires. El estado actual de estas instituciones constituye una rémora del pasado dictatorial, incompatible con el proceso de democratización transcurrido en estos 30 años que legítimamente quisimos festejar. El Acuerdo para una Seguridad Democrática es una vía a reabrir por su carácter convocante del conjunto de la sociedad argentina.

Desafío pendiente que se presenta ante el gobierno nacional y los provinciales, oficialismo y oposición, para enfrentar a quienes por acción, omisión o conspiración, se niegan a ir a fondo en la democratización profunda y real de nuestra sociedad. Ésta debe constituir una “política de Estado”, como cierta rutina política nombra a cualquier tipo de acuerdo inter-partidario. Derechos humanos, valores democráticos, participación popular, se entrelazan como parte de los elementos constitutivos de esta tarea inaplazable a la que convocamos y de la cual nos sentimos parte en su debate y desarrollo.