El gobierno macrista eludió responder en Washington, ante una Comisión de la OEA, por las medidas que tomó por decreto para aumentar la concentración de medios y administrar a discreción el segmento audiovisual, lo que viola la Convención Americana de Derechos Humanos.

La aprobación del decreto 267/15, con el cual el gobierno modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para favorecer a las empresas privadas, en especial el grupo Clarín, motivó el viernes 8 una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, y que puede hacer recomendaciones a los Estados o presentar casos ante la Corte Interamericana.