La primera ministra británica Theresa May está llevando al Reino Unido hacia una salida o «Brexit» muy «dura» en el año 2019, y potencialmente a caer del borde de un acantilado, si el Reino Unido abandona la Unión Europea sin arribar a un acuerdo de salida o a un acuerdo comercial. En su discurso del 17 de enero, May esbozó sus objetivos para negociar con la UE y dejó en claro que ella priorizará las demandas de línea dura de quienes están a favor del Brexit, los denominados Brexiteers, por encima de los intereses económicos del país.

No es de extrañar que May escoja una variante Brexit en la que Gran Bretaña abandona tanto el mercado único de la UE como su unión aduanera: ella sabe poco de –y se preocupa mucho menos por– la economía. Su objetivo final es sobrevivir como primera ministra y ella cree que al controlar la inmigración –una obsesión personal de tiempo atrás– hará que quienes votaron por «Salir» sientan cariño y cercanía por ella, y que al poner fin a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo en Gran Bretaña pacificará a los nacionalistas dentro de su Partido Conservador.

Esta postura excluye la continuación de la membresía en el mercado único. Hasta ahora, los Brexiteers habían negado la existencia de cualquier toma y daca político entre rechazar la libre circulación y mantener el libre comercio con la UE. Tal como el secretario de Relaciones Exteriores Boris Johnson afirmó neciamente: los británicos podrían tener su pastel y, a la vez, comerlo. Ahora May, tardíamente, ha admitido que esto es imposible.

Económicamente, se trata de una propuesta a pura pérdida para el Reino Unido, que ahora renunciará a los beneficios del libre intercambio con el resto de la UE, así como también a las contribuciones de los migrantes de la UE que trabajan muy duro y pagan impuestos. Los proveedores de servicios con sede en el Reino Unido, en particular las empresas financieras, perderán los privilegios de «pasaporte» que les permiten operar libremente dentro de la UE.

May fue menos honesta sobre las consecuencias de abandonar la unión aduanera. Ella quiere que Gran Bretaña establezca sus propios aranceles, asuma otros compromisos comerciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que posteriormente negocie, de manera independiente, convenios preferenciales –llamados engañosamente «acuerdos de libre comercio»– con algunos países.

Pero esto supondrá controles aduaneros para el comercio entre Gran Bretaña y la UE, lo que incluye controles para los bienes y servicios que atraviesan la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Una nueva burocracia fronteriza tendrá que revisar el cumplimiento de las normas aduaneras, calcular aranceles de importación en función de la procedencia de los bienes, garantizar los pagos, verificar que los productos cumplen las normas de la UE, etc. Esto será particularmente costoso y perjudicial para fabricantes con cadenas de suministro complejas y «justo-a-tiempo»: los automóviles que se fabrican en Gran Bretaña incluyen muchos componentes que cruzan las fronteras repetidamente durante el proceso de fabricación.

En lugar de aclarar esto, May está buscando un comercio «sin fricción» a través de una «afiliación asociada» en la unión aduanera, a pesar de que esto contradice directamente su afirmación de que Gran Bretaña no quiere estar «medio-adentro-medio-afuera» de la UE. De cualquier manera, tal arreglo es políticamente improbable, logísticamente imposible e ilegal según las reglas de la OMC.

La promesa de May de ir, simultáneamente, tras la obtención de un acuerdo de salida y un acuerdo comercial –y ambos dentro de un plazo de dos años a partir del inicio formal del proceso de salida, que ella pretende iniciar a finales del próximo mes de marzo– es igualmente poco realista. Para empezar, la UE insiste en llegar a acuerdos sobre los términos del divorcio antes de discutir cualquier relación futura. Esta es una mera formalidad: si bien ambas partes podrían estar de acuerdo sobre que los ciudadanos de la UE que ya están en el Reino Unido y los británicos que ya están en la UE puedan permanecer donde están, un intento de cualquiera de las dos partes de utilizar el estatus de estas personas como fichas de negociación podría ser contraproducente. Es más, la UE está solicitando que el Reino Unido le pague 60.000 millones de euros (64.000 millones de dólares) para conciliar pasivos pendientes.

La amenaza de May de alejarse de un mal acuerdo puede ser creíble, debido a que podría culpar a la UE por el caos resultante. Pero no se puede decir lo mismo de su amenaza de devolver los golpes a la UE mediante recortes de los reglamentos y regulaciones del Reino Unido. Hay poco apoyo político para esta medida, y la eliminación de los reglamentos financieros violaría los compromisos internacionales de Gran Bretaña. Además, May se ha comprometido a ayudar a la clase trabajadora, fortalecer los derechos laborales y asegurar que las empresas globales paguen su parte justa de los impuestos del Reino Unido.

Incluso si May puede lograr un acuerdo de salida, es imposible negociar y ratificar un acuerdo comercial sector por sector en menos de dos años. Por ejemplo, las discusiones sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá tomaron siete años y el acuerdo fue casi pulverizado por el Parlamento de la región de Valonia en Bélgica. No puede haber una «implementación gradual» de un acuerdo comercial que no ha sido finalizado; por lo tanto, las empresas automotrices, las instituciones financieras y otras empresas que exportan a la UE deberían comenzar a prepararse para estar en el «borde del acantilado» que May quiere evitar.

May no tiene mandato electoral para ir tras un Brexit duro. Muchos de los que conforman el 52% de los británicos que votaron por «Salir» quieren permanecer en el mercado único, al igual que todos los que votaron por «Permanecer». Además, a los parlamentarios electos no se les ha permitido participar en el establecimiento de la agenda de negociación del gobierno. Si bien May les ha prometido que habrá una votación sobre el acuerdo final, Gran Bretaña de todas maneras continuará con su salida de la UE si los parlamentarios rechazan ese acuerdo final.

Esto constituye una burla a la democracia. Y, si se tiene en cuenta que el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con iniciar guerras comerciales y abandonar a Europa ante las acciones depredadoras revanchistas del presidente ruso Vladímir Putin, este es un momento especialmente peligroso para que el Reino Unido actúe de manera solitaria.

May afirma que el Brexit permitirá a Gran Bretaña lograr mejores acuerdos comerciales con países no pertenecientes a la UE y está depositando sus esperanzas en un acuerdo rápido con Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. Pero, dado que Gran Bretaña se encuentra en una posición de negociación tan desesperada, incluso una administración encabezada por Hillary Clinton habría llevado a cabo una dura negociación en nombre del sector industrial estadounidense. Las compañías farmacéuticas norteamericanas, por ejemplo, quieren que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, institución que se encuentra corta de dinero en efectivo, pague más por los medicamentos.

La administración Trump conducirá una negociación aún más dura. De manera similar a lo que ocurre con China y Alemania, Gran Bretaña exporta mucho más a Estados Unidos de lo que importa desde allí. Trump odia esos déficits comerciales «injustos» y se ha comprometido a eliminarlos. Señora primera ministra: tenga cuidado con lo que desea.

Nueva Sociedad - enero 2017