Las universidades públicas están en emergencia: los salarios docentes y no docentes son los que más se licuaron, la investigación está desfinanciada y estigmatizada, caen las becas y ni siquiera se ejecutan los fondos ya aprobados. Hay una estrategia para ahogar a las universidades. En la reunión del viernes pasado con los 61 rectores de las universidades nacionales, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moriñigo, sintetizó con claridad el proceso que están atravesando: “Cuando asumió Milei teníamos temor de que afrontaríamos cierres, arancelamientos, vouchers. Pero tuvimos una equivocación en el diagnóstico. Lo que finalmente pasó es que comenzó un desmantelamiento de nuestras universidades en cuotas. O, dicho de otra manera, no talaron el árbol sino que dejaron de regarlo. Y me parece que nos están secando de a poco”.

Hay un liliputiense que está disfrutando ver ese árbol secarse: el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez. Si hubiera una Champions League de personajes grises, Álvarez sería el Real Madrid. Su función debería ser la de articular entre el gobierno y las universidades para conseguir un mejor funcionamiento de las casas de estudio, pero en nueve meses de gestión el subsecretario de Despolíticas sólo se dedicó a maltratar rectores y pasearse por medios oficialistas para denunciar un inexistente adoctrinamiento universitario.

Comenzó un desmantelamiento de nuestras universidades en cuotas. O, dicho de otra manera, no talaron el árbol sino que dejaron de regarlo. Y me parece que nos están secando de a poco.

^{Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional}

Álvarez es un ejemplo paradigmático de #LaCasta: es hijo del fallecido Alejandro “El Gallego” Álvarez, dirigente peronista que en los sesenta, durante el exilió de Perón, fundó “Guardia de Hierro”, una organización de base barrial y sindical que en 1972 llegó a tener 15 mil militantes, que guardaba lealtad absoluta al General y formó cuadros políticos como José Luis Manzano, Juan Carlos Mazzón, Julio Bárbaro, Guillermo Moreno o José Octavio Bordón. De ahí el apodo del subsecretario, “el Galleguito”. Así. En diminutivo, como describiendo su tránsito por esta vida. 

Por los contactos de su papá, el Galleguito entró a trabajar en el Congreso de la Nación en 1994 en planta transitoria cuando tenía 23 años. Desde 2006 forma parte de la planta permanente. Cuando lo nombraron subsecretario de Despolíticas pidió licencia, para garantizarse que cuando deje el cargo pueda volver al kioskito asegurado que tiene hace 30 años. Castero viejo nomás, nuestro nepobaby pesificado. 

Al Galleguito el gobierno lo metió en el freezer durante unos meses, luego de que su impericia detonara el vínculo con los rectores, que terminaron apoyando la histórica y masiva marcha nacional universitaria del 23 de abril. Tres semanas antes, todos los rectores de universidades nacionales se reunieron en la Universidad Nacional de San Martín en el plenario ordinario que se hace dos veces por año. Allí expusieron la dramática crisis presupuestaria frente al secretario de Educación, Carlos Torrendell. “El Galleguito”, que en toda su existencia sólo había hecho bolos en política, vio su oportunidad de figurar por primera vez y empezó a atacar con virulencia a los rectores: que antes vivían en Disney, que los estudiantes están denunciando persecución a través de un mail que él abrió y donde recepciona denuncias, que una (sí, una) estudiante de filosofía (no mencionó de qué facultad) le contó que le ponen presente solo si va a las marchas, que el adoctrinamiento existe y lo va a combatir, que estaba de acuerdo con llenar de policías el CONICET y otros lugares para evitar el reingreso de los despedidos y que las universidades tienen que empezar a gastar mejor y terminar con los curros. 

Durante julio y agosto Alejandro Álvarez desfiló por los streamings ultralibertarios. Allí habló muy poco de políticas universitarias y dijo que su obsesión era combatir la agenda 2030.

Si había alguna posibilidad de desarticular la movilización, o al menos bajar la tensión, ese día se terminó. Los rectores adhirieron unánimemente a la marcha. Fue tan grande que comunicadores oficialistas como Luis Majul, Esteban Trebucq y Pablo Rossi criticaron enfáticamente a Álvarez y lo pusieron en la cuerda floja. 

Pero el Galleguito, que tiene la banca de Santiago Caputo, sobrevivió. Pasada la tormenta, volvió a levantar el perfil. 

Durante julio y agosto desfiló en los streamings ultralibertarios Neura y Carajo. En este último asistió a “La Misa”, el programa de Daniel Parisini, más conocido como @GordoDan_, el troll más destacado de un gobierno de trolls. La pareja de Parisini, Belén Casas, es la jefa de Gabinete del Galleguito. Todo queda en familia dentro de #LaCasta.

En esas recientes apariciones, Álvarez habló muy poco de políticas universitarias y dijo que su obsesión era combatir la agenda 2030. Esta agenda, votada por la mayoría de los países en la Asamblea General de la ONU, establece lineamientos para el desarrollo sustentable haciendo foco, entre otras cuestiones, en políticas ambientales y de género. Intentando un paso de comedia (no es su fuerte, se nota que es de esos personajes que nunca hicieron reir) dijo que hay que crear la “Agenda 3020”, que la agenda 2030 tiene detrás más de mil papers académicos para justificarla y que ellos (los libertarios) necesitan escribir y darle sustento académico a la “Agenda 3020”. Siempre ávido para buscar kioskitos en la política, Álvarez busca llamar la atención como Bart Simpson en aquel capítulo donde golpea una sartén con una cuchara al grito de “soy fabuloso, ya lo sé” para que le den bola: Álvarez quiere que lo tengan en cuenta para las listas de diputados de las elecciones del año que viene.

En ocho meses, el poder adquisitivo de los docentes se redujo un 24%. En el mismo período el promedio de los trabajadores formales perdió un 2% y los empleados de la administración pública nacional, un 10%.

Mientras el liliputiense Álvarez hace campaña, los salarios de los docentes y no docentes universitarios se pulverizan como nunca. En ocho meses, su poder adquisitivo se redujo un 24%, según un relevamiento de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la UNSAM. Para dar una dimensión de la magnitud de esta sideral licuación, en el mismo período el promedio de los trabajadores formales perdió un 2% y los empleados de la administración pública nacional, un 10%. 

Otro dato: mientras que entre noviembre de 2023 y julio de 2024 la inflación fue del 136%, los salarios de docentes y no docentes universitarios crecieron 80%. Esto implica que los salarios quedaron 56 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Pero las cifras más perturbadoras son estas: el 92% de los docentes sin antigüedad y el 87% de los docentes universitarios con 10 años de antigüedad cobran un salario por debajo de la línea de pobreza, según un estudio de las universidades nacionales de Río Negro y San Martín, validado por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional.

Mientras que entre noviembre de 2023 y julio de 2024 la inflación fue del 136%, los salarios de docentes y no docentes universitarios crecieron 80%.

La gestión libertaria se puede colgar una cucarda más en su #BatallaCultural: Argentina pasó a encabezar el ranking de los docentes peor pagos de América Latina. Un profesor de cátedra con dedicación exclusiva (sólo el 10% de la planta docente de las universidades públicas nacionales) cobra en promedio 1.124 dólares. El segundo puesto es para Colombia, con 1.703 dólares, y el tercero para Paraguay, con 1.870 dólares. En Uruguay, ganan 3.443 dólares y en Brasil, 4.231. No aflojes, Galleguito, vamos por más que el Javo te tiene que ver golpear la sartén.

A pesar de que la situación es cada vez peor, el sistema universitario argentino sigue siendo el mejor rankeado de la región por su calidad académica, su investigación e innovación, su acceso y equidad, y su contribución social. Pero claro, nada es casual, es evidente que los salarios son el grifo del ajuste universitario, ese árbol que dejaron de regar. ¿Las consecuencias? Varias, pero principalmente los docentes más calificados empiezan a irse a universidades privadas y al exterior. Y también desestimula a los jóvenes a ser docentes. 

Además de la licuación de los salarios, las universidades enfrentan otros problemas: hay 128 obras de infraestructura frenadas y las inversiones en los programas de Ciencia y Tecnología cayeron un 92,1% en términos reales. Las universidades, actores fundamentales del sistema científico argentino, albergan al 60% del total de las personas que realizan actividades de I+D (investigación y desarrollo) de nuestro país y alrededor del 80% de los investigadores del CONICET. 

El 92% de los docentes sin antigüedad y el 87% de los docentes universitarios con 10 años de antigüedad cobran un salario por debajo de la línea de pobreza.

Es cierto que las universidades públicas tienen aspectos para mejorar: tienen que trabajar en la baja tasa de graduación y en la permanencia de los alumnos en los primeros años. También, por qué no, trabajar en una autonomía responsable que dialogue con el gobierno de turno para planificar qué carreras hay que promocionar, de acuerdo a los profesionales que necesita el país. Pero está claro que para poder llevar adelante estas mejoras, se necesita un presupuesto acorde. Gracias a la autonomía y la autarquía financiera, los 61 rectores de las universidades nacionales están haciendo malabares para que sigan funcionando. 

En medio de ese movimiento, la UBA publicó un informe donde demuestra que el Gobierno elige a quién perjudicar: los recortes que aplica en el sistema universitario alcanzan una caída del 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI) y son equivalentes a los beneficios impositivos que obtuvieron los sectores más pudientes del país con el nuevo impuesto a los Bienes Personales sancionado en el Paquete Fiscal. 

Es decir: lo que no pagan los más ricos, lo pagan las universidades públicas con el ajuste feroz al que las someten.

El próximo episodio de esta historia será en el Congreso. Allí los diputados dieron media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario, que espera ahora su tratamiento en el Senado. En principio, debería tratarse el próximo jueves 12 de septiembre. La ley tiene como objetivo el aumento del presupuesto universitario para poder garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas. Prevé una recomposición retroactiva por IPC de los salarios docentes y no docentes y una actualización hacia adelante por inflación del presupuesto universitario, tanto en salarios como en gastos de funcionamiento. 

Pero en su visita a la Cámara de Diputados de esta semana, Guillermo Francos ya adelantó que si la ley se sanciona, Milei la vetará: “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal”, dijo. 

Argentina pasó a encabezar el ranking de los docentes peor pagos de América Latina. Un profesor de cátedra con dedicación exclusiva (sólo el 10% de la planta docente) cobra en promedio 1.124 dólares. En Uruguay ganan 3.443 dólares y en Brasil, 4.231.

En la misma línea y con menos decoro que su Jefe de Gabinete, el presidente Milei salió a atacar a las universidades en el Foro de Madrid, el cónclave de la derecha global que se realizó en Buenos Aires y donde fue anfitrión. En su discurso dijo: “La casta también son los supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación”. No parece que la estrategia del desmoronamiento en cuotas vaya a detenerse. Después de varias semanas de paros consecutivos, los gremios debaten una posible gran marcha federal que aún no tiene fecha, pero podría ocurrir cuando se trate la Ley de Financiamiento en el Congreso. Septiembre, el mes del estudiante, podría ser clave para el futuro de las universidades.

^{Fuente: Anfibia - Septiembre 2024}