"Este es nuestro jardín y debemos defenderlo" (Luis Alberto Spinetta)

"No se puede pretender que la deuda se pague con sacrificios insoportables" (Papa Francisco)

Sabemos los pueblos de Nuestra América que el endeudamiento externo fue y es uno de los mecanismos más poderosos para generar y perpetuar la dependencia política y económica respecto de las potencias y del capital concentrado.

Por ello, en esta hora crucial en que los y las argentinas hemos decidido dejar atrás el tercer intento en los últimos 50 años de encadenarnos más y empobrecer nuestras vidas y proyectos, para así comenzar una nueva etapa política de recuperación de la soberanía política y económica y de la justicia social, desde la REDH Capítulo Argentina queremos contribuir a la construcción de este camino emprendido con una amplia unidad, reforzando los argumentos que nos ayuden.

El macrismo reabrió una página de nuestra historia que creíamos ya superada, y volvió a instaurar repentinamente una deuda externa, de nuevo ilegitima y fraudulenta, dado que en su mayoría (80%) fue fugada por los amigos del poder, estimulados por las políticas entreguistas y tendientes a enriquecer aún más a la ceocracia que nos gobernó durante cuatro años, expresión del capital concentrado local y global. Son muchos y muchas lxs compañerxs y referentes que en Argentina y el mundo han reiterado la necesidad de ponerle fin a este mecanismo concentrador de la riqueza, vía el latrocinio de los bienes comunes y la especulación y mecanismo extorsionador de gobiernos.

Recientemente, tanto las palabras del Papa Francisco como las de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner –con su pedido de un “Nunca Más” para el endeudamiento externo y fuga de capitales– y las de Alberto Fernández, Presidente de todxs lxs argentinxs, al comprometerse con las necesidades más urgentes del pueblo como prioritarias, constituyen los rumbos a seguir para ser protagonistas de la construcción de una patria libre, justa y soberana.

Por eso, ante la grave situación económico-social que enfrenta nuestro país como consecuencia de las políticas del gobierno de Macri y, en especial, el sideral endeudamiento con el FMI, consideramos que en el proceso de renegociación en curso es indispensable tener en cuenta:

1. El FMI, formal y jurídicamente –en contradicción con su accionar–, es una institución plenamente integrada al llamado “sistema de las Naciones Unidas”, como organismo especializado, conforme al Protocolo del Acuerdo de relaciones del 15 de abril de 1948 (art. 57 de la Carta de las Naciones Unidas). En consecuencia, debe actuar cumpliendo los postulados del Preámbulo de la Carta de la ONU, los Propósitos de su creación, los principios que rigen su actuación y la de sus Estados Miembros (arts. 1 y 2, de la Carta) y las disposiciones específicas destinadas a su instrumentación.
2. Esas obligaciones han sido y son violadas sistemáticamente por el FMI, en especial:

2.1 Los postulados de “promover el progreso económico y social de todos los pueblos” y elevar su “nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”, y “crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional” (Preámbulo de la Carta).

2.2 El propósito de “realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario“. (Art. 1).

2.3 Las disposiciones del art. 55 de la Carta en el que se propone: “crear condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones [para lo cual] se promoverá: a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; d) las estipulaciones de los arts. 22 a 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que otorgan a toda persona como miembro de la sociedad “derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad y al desarrollo de su personalidad; derecho al trabajo, a la protección contra el desempleo, a una remuneración equitativa y satisfactoria, a vacaciones periódicas pagadas, a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, viudez, vejez, y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad, a la educación gratuita, y al acceso a los estudios superiores, igual para todos, en función de los méritos. Y al derecho a cuidados y asistencia especiales de la maternidad y la infancia”.

2.4 Lo convenido en los artículos 1, 10,11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que otorga a todos los pueblos la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales, y la garantía de que “en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”,  y establece “el derecho de toda persona (…) a una mejora continua de las condiciones de existencia”, “a estar protegida contra el hambre”, “al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

2.5 Tal como lo dispone el art. 103 de la Carta de la ONU “en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones  contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”.

2.6 Por último, en relación a la ONU, también se han violado los “principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas”, impulsados por la Argentina y aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10/9/2015.

1. También se ha violado permanentemente el artículo I del propio Acuerdo Constitutivo del FMI, especialmente, en cuanto le impone: “…facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, y contribuir, con ello, al fomento y sostenimiento de altos índices de empleo y de ingreso real, así como al desarrollo de los recursos productivos de todos los Estados Miembros como objetivos primarios de política económica; (…) Brindar seguridad a los países miembros, poniendo a disposición de estos, con garantías adecuadas, los recursos del Fondo, ofreciéndoles así la oportunidad de corregir desajustes en sus balances de pago, sin que aquellos tengan que recurrir a medidas atentatorias a la prosperidad nacional o internacional”.
2. Según el artículo VIII del Acuerdo, la condición de miembro del FMI impone un enorme cercenamiento de la plena soberanía nacional en materia económica (monetaria, crediticia y financiera), cuyos detalles no se transcriben por su extensión, el que se irradia a los demás planos de la política de los Estados. La abundante información que los miembros deben proporcionar en forma obligatoria, sólo sirve a las grandes potencias dominadoras en el Fondo para regular el mercado de importación y exportación del mundo. El papel hegemónico absoluto en el FMI pertenece a los EEUU, que dispone virtualmente de derecho a veto, puesto que la mayor parte de las decisiones importantes requieren una mayoría del 85% en el órgano directivo (Consejo de Gobernadores) y ese país tiene el 19,3% de los votos. El resto de las decisiones significativas requieren una mayoría del 70%, y esa capacidad de veto se logra con el acompañamiento, por ejemplo, de Gran Bretaña, Alemania, Francia y Japón, con lo que disponen del 41,8%. Es más, hasta para cuestiones menores, que pueden adoptarse por simple mayoría, sólo les faltaría un 8,3%, fáciles de conseguir entre los países industrializados que disponen del 19,9%, mientras el conjunto de 128 países en vías de desarrollo tienen el 38,3% de los votos. De modo que, en el hipotético e improbable caso de que todos se pusieran de acuerdo, les resultaría imposible adoptar una resolución.
3. Cuando en julio de 1944 se realizó la Conferencia de Breton Woods, se impuso el dólar de Estados Unidos como moneda internacional, pues tenía respaldo oro, y las ¾ partes de las reservas de ese metal. Sin embargo, sin consulta alguna al FMI, el 15 de agosto de 1971 el Presidente Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar, de modo que a partir de ese momento los EEUU pasaron a tener el privilegio, único en el mundo, de disponer a su antojo, sin respaldo ni control de ninguna clase, el flujo monetario mundial, mediante la simple impresión de su papel moneda. El FMI no intervino, como tampoco lo hizo cuando Gran Bretaña declaró la inconvertibilidad de la libra esterlina, ni en su devaluación, ni la del franco francés, o cuando se creó el mercado del Eurodólar. En cambio, facilitó la dolarización de la economía de los países más pobres y no ha jugado papel alguno para la cooperación internacional ni para la estabilidad de los tipos de cambio. Al contrario, promovió las depreciaciones de las monedas de los PVD, como parte de sus programas de ajuste, y sus servicios financieros han agravado la situación por las condicionalidades que impone.
4. Los costos humanos, especialmente en alimentación, salud y educación de las programas de ajuste del FMI en nuestro país fueron dramáticos en los años 80/90, y es inadmisible su repetición.
5. La responsabilidad del FMI, a instancias del gobierno de Donald Trump, en el otorgamiento del mayor préstamo de su historia al gobierno de Mauricio Macri, en retribución a su servilismo en política exterior, sin un programa de inversión productiva o humanitaria que lo justificara, y que sólo sirvió para la fuga de capitales de los amigos del ex Presidente, estimada en un 80% de lo ingresado.

Por todo ello, y en virtud de hacer realidad las prioridades expresadas por el actual gobierno argentino, es que manifestamos que durante la actual renegociación de la deuda externa para resolver qué, cómo y cuándo se puede pagar, antes que nada y mientras se suspenden los pagos, se debe investigar y auditar el destino de esos fondos recibidos para discernir cuáles fueron utilizados para provecho del país (como infraestructuras o inversiones para el desarrollo) y cuáles fueron fugados al exterior luego de utilizar instrumentos especulativos, y para establecer asimismo la responsabilidad penal por esos actos. Ello implica investigar la responsabilidad de Mauricio Macri, de las y los funcionarios de su gobierno, sus familiares y empresarixs amigxs, así como la posibilidad de que hayan incrementado su patrimonio como consecuencia de las políticas en perjuicio del interés nacional que implementaron. En consecuencia, implica también el consiguiente reintegro del capital y sus intereses al erario público.

Además, por propia experiencia histórica, adoptamos la propuesta que recientemente hiciera nuestra Vicepresidenta, acerca de que dicha auditoría se lleve a cabo con vigorosa participación popular, asociada a la participación de personalidades referentes de distintos sectores de nuestro pueblo, todas ellas comprometidas con los derechos humanos, sociales y políticos.

Expresamos asimismo nuestro apoyo a los compromisos ratificados por el Presidente de la República, Alberto Fernández, en cuanto a rechazar cualquier tentativa de condicionar la reprogramación de los pagos a los acreedores externos (responsables de haber prestado a los fines especulativos y violando todas sus propias normas) a “apoyos” o “concesiones” en política exterior y, mucho menos, a implementar reformas estructurales que el FMI y el gobierno anterior quisieron imponernos –sin grandes éxitos, debido a la memoria de lucha y la defensa de nuestros derechos históricos adquiridos–, así como respaldamos su compromiso de privilegiar el logro del fin del hambre y el desamparo de una gran parte de nuestra población, la atención a la salud, el acceso a la educación y el avance en el  respeto de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

El Presidente de la Argentina ha ponderado la expresión de nuestro pueblo en las calles. En este caso, las manifestaciones populares contra el FMI reforzarán la intención del gobierno popular de construir soberanía, para comenzar a despojarnos de la pesada condena de la dependencia y volver a tener patria.

REDH Capítulo Argentina - febrero 2020