Durante toda la pandemia quedó claro a qué juega cada actor económico en la realidad nacional: mientras los sectores concentrados de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, desde la producción a la comercialización, apostaron a engordar sus márgenes de ganancia a costa de un pueblo empobrecido, especulando con la cotización del dólar o los precios internacionales; las organizaciones sociales y populares, de la agricultura familiar campesina e indígena y la economía social, salieron a apagar el incendio y a poner el cuerpo para que el alimento llegue a cada familia que lo necesitaba.

Hace pocos días, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una ley que prohíbe la cría de salmónidos en las aguas de esta provincia. La medida generó reacciones encontradas. La restricción fue calurosamente celebrada en Tierra del Fuego y en las filas de nuestro ambientalismo, y recibió una favorable cobertura periodística. 

El proceso de concentración y transnacionalización del capital del complejo frutícola en Río Negro cuajó en los ‘90 con las reformas neoliberales en el país, aunque la reconfiguración de los capitales empezó en la década anterior.

Desde la Revolución Industrial, la humanidad ha logrado importantes avances en materia de salud, educación y calidad de vida. Sin embargo, descuidó la cuestión ambiental, que hoy emerge como un problema urgente. En esta nota, Daniel Schteingart se mete en el debate entre desarrollismo y ambientalismo para proponer una visión –y una serie de orientaciones –que contribuyan a conciliar ambos desafíos, reconociendo las complejidades económicas y las relaciones de poder global.

Los productores ganaderos se enojan con el Estado mientras olvidan que fue gracias a una sostenida política estatal (contra la aftosa) la que permitió aumentar exportaciones. Debates sobre exportaciones a China, precios internas y ganancias elevadas. 

Como respuesta al plan de Gelbard que pretendía regular al sector, la oligarquía agropecuaria suspendió por primera vez el envío de ganado a los mercados en nombre de los “intereses nacionales”. Analizada por la investigadora Cecilia Vitto, una historia de tergiversaciones y extorsión que comenzó en 1975.

Grandes multinacionales fabricantes de agroquímicos como Bayer, Syngenta, Dow y Dupont, entre otras, deberán pagar $783 millones a la Provincia de Buenos Aires por no cumplir leyes medioambientales al no recolectar millones de envases fitosanitarios que generan contaminación.

La transición hacia tecnologías limpias es también transformación productiva.