Durante las últimas décadas, la agricultura familiar (integrada por chacareros, pequeños productores, campesinos, pueblos originarios y otros sectores semejantes) ha venido debilitándose con distinto grado de intensidad, de acuerdo con las características de cada etapa económica y dados los diversos contextos de las políticas gubernamentales del momento. Algunas de estas últimas mitigaron, aunque de modo limitado, la permanente caída de su participación en la producción.

Tales hechos se encuadran, como es sabido, en los rasgos específicos del más amplio proceso de expansión capitalista agropecuaria en curso.

Asimismo, se expresan también en la reducción absoluta, en el incremento relativo y en la heterogeneización de los trabajadores asalariados agropecuarios de nuestro país (sean permanentes continuos/discontinuos o transitorios; se encuadren en relaciones formales o informales; o, cualesquiera sean los grados de su calificación). Por otro lado, todavía más del 75% de los trabajadores rurales no están registrados, viven en la informalidad total: sin obra social, sin aportes, sin derechos. El desmantelamiento del Ministerio de Trabajo, transformado en Secretaría, implica el debilitamiento de las herramientas para garantizar derechos laborales. “La falta de inspecciones regulares, la demora en las audiencias y la ausencia de cuerpos de inspectivos en varias provincias responden al desarme de estructuras que antes cumplían un rol clave en el control y fiscalización".

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^{Marzo 2026}